"El problema en el caso de Juana Rivas es que la violencia de género no se está investigando y algunas de las consecuencias de esa situación se están interpretando como manipulaciones por su parte", ha afirmado este martes el profesor de Medicina Legal y director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, Miguel Lorente. Lorente ha hecho estas declaraciones en el curso de unas jornadas tituladas "La protección de los hijos e hijas víctimas de violencia de género: el caso Juana Rivas", organizadas por la Universidad de Granada.

Este experto ha denunciado el hecho de que "pese a la existencia de elementos objetivos" de violencia de género, "esta no haya sido suficientemente investigada en el caso de Juana Rivas" y añadió que la existencia de esos "elementos objetivos" de ese maltrato tienen que ser investigados.

Lorente, que fue delegado del Gobierno contra la violencia de género y ha intervennido como perito experto en el caso sobre custodia de los hijos de Juana Rivas que se sigue en Italia, ha lamentado que el tribunal italiano se apunte a la existencia de un síndrome de alienación parental que ha conllevado la adopción de medidas "contrarias" al bienestar y seguridad de los menores.

"Juana no quiere que se le dé la razón, está pidiendo que se investigue la violencia que ha denunciado y que hasta ahora no se ha hecho en forma ni en el tiempo que requiere", ha insistido.

También ha sostenido que Rivas, además de la violencia, haya podido sufrir una "victimización secundaria" por no haber recibido una respuesta ajustada a los elementos que caracterizaban su caso.

En las jornadas participaron, además, Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Carlos Aránguez, profesor del departamento de Derecho Penal de la UGR; Lara Esteve, magistrada experta en violencia de género y Ana Alcázar, profesora de trabajo social y servicios sociales de la misma universidad.

Por su parte, Granados, que además ha ejercido de asesora jurídica de Rivas, ha explicado que las respuestas judiciales en este caso tendrían que haber sido "distintas". "El problema no lo podemos achacar a la falta de legislación o normativa, aunque nuestro sistema sea totalmente mejorable. Con este marco jurídico las respuestas tenían que haber sido distintas", ha indicado Granados, que se ha referido a la "violencia institucional" sufrida por la vecina de Maracena.

"Juana Rivas es un ejemplo especialmente significativo de violencia institucional", ha insistido la asesora, que cree que el Estado debe corregirla y adaptar medidas para que "determinados funcionarios hagan lo que tienen que hacer".

Arucuri pide a la Audiencia que mantenga la condena

La defensa de Arcuri ha elevado una queja formal sobre la realización de estar jornadas, rogando a la Univeresidad de Granada que haga "comunicación pública al efecto de no compartir lo que en dicho foro se haya podido manifestar y a la par reprobar a lo ponentes que usaran su habilitación docente en la UGR". También ha pedido que se deje de utilizar el caso de Rivas y la protección de los hijos como "paradigmas, en uno y otro lado, de la violencia de género en España".

El letrado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, ha presentado también este martes un escrito para impugnar el recurso de apelación presentado por su expareja, Juana Rivas, contra la sentencia que la ha condenado a cinco años de prisión por la presunta sustracción de sus dos hijos menores y ha solicitado a la Audiencia de Granada que confirme la pena.

En el escrito, el letrado Enrique Zambrano expone que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada contra Rivas, que incluye seis años de privación de la patria potestad, está "suficientemente motivada como para ser confirmada en la segunda instancia" a tenor de "las contundentes e incontestables pruebas de este procedimiento".

Respecto al argumento desarrollado por la defensa de Rivas de que fue víctima de violencia de género, el letrado subraya que "no existe ni en España ni en Italia" ni una resolución que la considere así y que ella "solo se ampara en la famosa sentencia de 2009" dictada en conformidad" de Arcuri para "justificar sus ilícitas acciones", que el abogado considera juzgada, condenada y cancelada.

El escrito del abogado de Arcuri afirma que la custodia provisional de los dos hijos menores de la expareja la tiene el italiano y reitera que no es válida la excusa absolutoria de que ella era víctima de violencia de género. "No existe, ni en España ni en Italia, ni una sola resolución que así la considere", subraya Zambrano en su escrito, que también recuerda que Rivas se ampara "o lo intenta" en la sentencia dictada en 2009 con la conformidad de Arcuri por lesiones.

Las afirmaciones del letrado hacen referencia, sin mencionarlas a las diversas denuncias por violencia de género y malos tratos hacia sus hijos que Rivas interpuso en Italia a lo largo de esta año. En ellas relata los supuestos abusos a los que Arcuri los somete de forma habitual. En todas ellas Rivas ha solicitado que se activen medidas de protección urgentes hacia sus hijos ante el temor de que peligre su integridad física y mental. Ninguna de esas denuncias han sido tenidas en cuenta hasta el momento, ni por la Fiscalía ni por los servicios sociales de Cagliari, en cuyo juzgado se decide la custodia de los menores.

Recientemente Rivas se negó a devolver a los menores a su expareja, tras ver hematomas en la espalda de su hijo menor y tras escuchar el relato de los niños que afirmaban que se los había provocado Arcuri en un ataque de ira.

A consecuencia de estas actuaciones, el juez que sigue el caso de la custodia de los menores ha decidido finalmente escuchar al hijo mayor de Rivas en sede judicial. Es la primera vez que el menor, que hoy tiene 12 años será escuchado por un juez, a pasar de haberlo solicitado en numerosas ocasiones, tanto en Italia, como en España. La vista está fijada para el próximo día 13 de noviembre.