Izquierda Unida ha denunciado ante la Comisión Europea la ampliación de regadíos en el Parque Nacional de Doñana y ha pedido a la institución que adopte medidas cautelares y paralice la actuación de la Junta de Andalucía. La eurodiputada y portavoz federal del partido, Sira Rego, ha sido la encargada de presentar la documentación a Bruselas.

Rego considera que las instituciones europeas deben intervenir de inmediato para evitar el "perjuicio drástico e irreversible" que supondría la ampliación de los regadíos en el Parque Nacional que debatirá esta tarde el Parlamento andaluz a propuesta de PP y Vox.

Para Izquierda Unida, Bruselas debe paralizar esta actuación "que pretende amnistiar la extracción ilegal de agua" si finalmente logra el visto bueno de la Cámara andaluza.

Sira Rego ha declarado que "las evidencias científicas, la sequía y las amenazas de sanción por parte de Bruselas no parecen bastar para que el Gobierno de Moreno Bonilla paralice una proposición de ley que pretende regularizar los pozos de regadío ilegales en el entorno de Doñana. Por eso recurrimos a este mecanismo y esperamos que el Ejecutivo comunitario intervenga de inmediato".

La Comisión Europea ya avisó por carta a España el pasado marzo de que esta medida "agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana", recoge el comunicado de Izquierda Unida. La misiva iba dirigida al Gobierno central y no a la Junta, "por eso Moreno Bonilla cree que esto le sale gratis", advierte Sira Rego.

La formación ha subrayado que de seguir adelante, esta propuesta "está provocando serios perjuicios al Parque Nacional, azuzando una fractura social en la zona y causando estragos a la reputación del fruto rojo de Huelva y la actividad agrícola que se desarrolla legalmente".

El Gobierno advierte a la Junta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno central no va a permitir "decisiones en contra de la preservación del parque de Doñana". 

Montero ha acusado a Moreno Bonilla de ser un "negacionista del cambio climático y de no querer escuchar a la ciencia", a pesar de que la propuesta "no tiene recorrido porque Europa ha avisado de que, si se aprueba, lo llevará a los tribunales".

Por otro lado, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha llamado este martes a "frenar el ecocidio" en Doñana. 

"El Gobierno de Andalucía de Moreno Bonilla (PP) quiere acabar con los recursos hídricos de Doñana hasta desecar el paraje", ha escrito la ministra en Twitter, añadiendo que se trata de "un despropósito del que ya alertan científicos, ecologistas y hasta la Unión Europea".

Las asociaciones rechazan la propuesta

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha acusado a la Junta de "mentir" sobre el plan de regadíos, al considerar que "no ha presentado ni un informe técnico" que avale la decisión.

Páez Moreno ha criticado que Moreno Bonilla pretende que "todos miren para otro lado", ya sea "la ciencia, las instituciones, Europa y los tribunales europeos" y "lo que es más preocupante", un sector agrícola "que tiene puestas sus esperanzas y su mira en los mercados europeos". 

Y todo, a su juicio, por el "tacticismo electoral de Moreno" a quien "se le ha olvidado su supuesta revolución verde de la que alardeaba y la supuesta legislatura del agua".

Greenpeace también ha mostrado este martes su rechazo "categórico" a la propuesta de PP y Vox. "En un contexto de sequía galopante, esta norma es especialmente grave porque amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, y castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley", ha indicado la organización ecologista.

Para la organización "se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos".

Bruselas ya advirtió sobre este plan, una idea que han reiterado desde el Gobierno y las organizaciones, dado que la amenaza de una sanción de Europa pone en riesgo de "repercusiones económicas e incluso con la suspensión de fondos europeos de los que depende el sector y el medio ambiente en Andalucía y España", según denunció el presidente de la CHG.