El PSOE andaluz tachó este lunes de "ilegal" la proposición de ley que han presentado en el Parlamento de Andalucía PP y Vox para ampliar las zonas regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, una iniciativa que ha levantado una amplia polvareda política y que cuenta con el rechazo y las cautelas de la Comisión Europea –que ha amenazado con sanciones–, del Gobierno de España –que ya ha anunciado un recurso ante el Constitucional si se aprueba– y de los letrados de la Cámara –estos se limitan a cuestiones formales, no de fondo–.

Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces, afirmó que esta vez su partido votará que no a una norma –que modifica el llamado plan de la fresa de 2014– que Moreno lleva, esta vez a las puertas de las municipales, por segunda vez a la Cámara. La pasada legislatura no se llegó a aprobar porque se convocaron las elecciones autonómicas y se disolvió el Parlamento, aunque sí se votó si se tramitaba o no. Entonces, por sorpresa y contra el criterio de buena parte de sus diputados, el PSOE se abstuvo en una decisión que causó un conflicto entre Espadas y el ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. 

Ahora, Espadas ha rectificado esa abstención y anunció que votará que no en el pleno de la próxima semana a su tramitación. El voto del PSOE es irrelevante porque el PP se basta y se sobra con su mayoría absoluta para aprobar la norma, pero Espadas, en esta ocasión, ha elegido Doñana como tema de oposición al Gobierno andaluz.

"Nos plantea una ilegalidad, nos lleva a una votación contra el Gobierno de España, la Comisión Europea, los servicios jurídicos del Parlamento, los propios técnicos de la Junta, que no han dicho nada. ¿Cómo no vamos a votar un no rotundo? Nos mete en un callejón sin salida. Esto va a generar un recurso de inconstitucionalidad, un expediente europeo de sanción, más una campaña contra la imagen a los productos... Todo para no arreglar nada. Todo el mundo lo ve menos él", dijo Espadas en una rueda de prensa en la sede del PSOE.

El PSOE exigió a Moreno algún informe firmado por un funcionario de su gobierno, por algún técnico, que avale su propuesta. Una de las cuestiones que llaman la atención en este asunto es que el PP ha decidido tramitar una ley especial para modificar unos reglamentos, cuando podría hacerlo por un decreto del Gobierno y con las normas del propio plan de la fresa en la mano. Además de los letrados del Parlamento, WWF también ha criticado esta mecánica legislativa, que evita por el momento en efecto posicionarse a los técnicos ambientales de la Junta de Andalucía.

Espadas defendió que su abstención de la pasada legislatura se debió a que "entonces aún nadie sabía qué quería hacer Moreno: le dimos ese pequeño crédito", pero que hasta hoy no había habido "ningún paso por parte de Moreno para buscar una solución mínimamente acordada". Espadas se olvidó en su análisis de que ya la Comisión había rechazado la proposición del PP cuando se votó la primera vez.

El próximo lunes se reúne el Consejo del Participación de Doñana, al que Moreno no convocó antes de presentar la proposición de ley, en el que están representados el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, patronales, sindicatos, organizaciones agrarias, ecologistas, científicos… todo aquel que tiene un interés en el Parque Nacional.

Espadas, al que aprietan sus alcaldes en la zona –a quienes miran sus vecinos: una hectárea de secano forestal en la zona puede venderse por unos 20.000 euros, mientras que una regable puede valer, de media, tres veces más, hasta 60.000, según WWF–, coincidió con Moreno en que en la zona "hay un problema": "Pero es difícil de resolver. Lo serio es plantear una alternativa. Hay que sentarse a hablar. Y hay que sentarse con el Gobierno de España. Sí o sí. Hay competencias de las dos administraciones. Hay competencias en ambos sentidos y ambas administraciones: eso se llama comisión bilateral".

"Le he pedido al Gobierno de España que se siente a defender esta cuestión. Me he sentado con mis alcaldes y claro que me voy a sentar con las organizaciones agrarias que quieran sentarse conmigo a hablar de esto. Hoy voy a comenzar con algunas de ellas. Con los que quieran hablar de soluciones".

En el mismo pleno de la semana próxima en que se votará si se tramita o no la ley de PP y Vox, los diputados verán una Proposición no de Ley del PSOE, en la que los socialistas plantean que haya un diálogo entre el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía y que el Ejecutivo andaluz se plantee la modificación del plan de la fresa mediante los mecanismos del propio plan y previo informe del Consejo de Participación de Doñana, del que se daría cuenta a la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la coherencia con los objetivos allí marcados.

Sentencia de la UE

Sobre España pesa una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se produjo porque España no tuvo "en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano" y tampoco previó medidas "para evitar los tipos de hábitats protegidos" amenazados por el traslado de agua para Matalascañas, una localidad turística cercana.

El ministerio de Ribera ha planteado una serie de medidas que van en la dirección contraria a la que plantean Moreno y Vox: ampliación de regadíos cero y obras para que el agua de Matalascañas se extraiga de otro lugar. La legislación del presidente de la Junta, de aprobarse, va directa a los tribunales.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, planteó el asunto en estos términos: Espadas debe decidir "de una vez por todas si defiende a sus alcaldes, a los vecinos de Andalucía que están afectados con este problema que generó el PSOE, o a Pedro Sánchez para mantenerlo en el sillón”, según recoge Europa Press.

En una rueda de prensa en Córdoba, Repullo manifestó que "Espadas tiene que decidir a qué se dedica y tiene que recordar que esto es un problema que generó el propio PSOE y que no han sido capaces de corregir en los últimos 15 años”.