El Centro Social 13 Rosas de Alcalá de Henares se ha llenado la tarde de este sábado para escuchar tres casos de "represión" contados por sus víctimas.  Simón Cortés de la Plataforma de Apoyo con Altsatsu de Madrid, Iván Leszno del grupo de rap La Insurgencia y Germán, detenido en el desalojo del Centro Político Okupado La Trinchera, han contado su caso y debatido con el público sobre libertad de expresión, persecución por sus ideas políticas y la represión policial y judicial.

El acto ha tenido lugar con la presencia cercana de varias dotaciones de las Unidades de Intervención Policial y de un cordón de seguridad de unas treintas personas de Alcalá Libre y Plataforma Absolución CS 13 Rosas, los colectivos organizadores. Las amenazas de la extrema derecha local al evento son la razón de estas medidas. No han ocurrido incidentes pero antes de que comenzase el evento, en las cercanías del centro social, un grupo de nazis ha perseguido a tres personas que se dirigían al acto, según varios asistentes al evento antirrepresivo.

Los ponentes contaron de primera mano la represión y maltratos policiales sufridos, según relataron en el Centro Social 13 Rosas, y la actualidad judicial de los actos. Leszno de La Insurgencia considera que son "perseguidos" por estar organizados. Los 12 miembros de la banda fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio contra las instituciones del Estado y asociación ilícita pero finalmente la Audiencia Nacional solo les condenó por el primer delito. La pena de dos años y un día asegurará la entrada en prisión de los músicos si se confirma la sentencia, que ha sido recurrida al Tribunal Supremo. "No esperamos nada de las instituciones", ha aclarado Leszno a Público una vez acabado el coloquio.

El coloquio que siguió a la intervención de los tres hombres trató la política de dispersión que sufren los presos preventivos de Altsasu acusados de cuatro delitos de lesiones terroristas por presuntamente agredir a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar. La dispersión busca "romper la solidaridad de los familiares" de los presos, según Cortés, que deben recorrer miles de kilómetros para ver a sus seres queridos en cárceles españolas o francesas.

Otro asunto discutido es la "falsa sensación" de privacidad que aportan las redes sociales. En el sumario judicial del caso de La Insurgencia consta un chat de Facebook en el que los miembros del grupo debatían sobre cuestiones musicales, según Laszno. "Facebook y Twitter son cuarteles abiertos a todo el mundo", ha denunciado.

La solidaridad es clave para "seguir adelante" ante el largo camino judicial seguido tras su detención, según Guzmán de La Trinchera aunque Cortés se inclinó por no idealizarla ya que "allí dentro estás solo". "Quien más sufren son los padres", ha señalado el miembro de la Plataforma de Solidaridad con Altsasu de Madrid.

Presiones de PSOE, PP y Cs y amenazas de los ultras

El coloquio estaba previsto en un local municipal cedido a la PAH pero el rechazo del "Ayuntamiento del cambio del PSOE, Somos Alcalá e Izquierda Abierta" a una charla en la que iba a participar un condenado por enaltecimiento del terrorismo ha forzado a los organizadores a trasladar el evento “ante la posibilidad de que pudiera servir de pretexto para que retire la cesión de uso del local”, explicaron los organizadores en un comunicado conjunto.

El PP local mostró su rechazo al evento con duras palabras: "Alcalá no quiere tener a los presuntos terroristas de Alsasua ni a los que cantan odas a ETA y a los GRAPO", en referencia a La Insurgencia. El PSOE, que gobierna la ciudad de Cervantes junto con Izquierda Unida y la coalición de Podemos y EQUO, Ciudadanos y España 2000 también dieron la espalda al acto.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado siete concejales del PSOE, seis de Somos Alcalá y una de Izquierda Unida, lanzó un comunicado este martes indicando que el local fue cedido en 2015 por la anterior corporación del PP y que la “cesión de espacios municipales está sujeta a la celebración de actos de interés general dentro del respeto a los valores democráticos”. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares mostró en el texto “su absoluto respaldo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares” pero no se posiciona a favor ni en contra del acto.

Por su parte, los socialistas emitieron otro comunicado para pedir “a los organizadores que no sigan adelante” y “no realicen este evento” así como para condenar “cualquier acto que pueda dar apoyo al terrorismo que tanto daño nos hizo”. El PSOE recordó que en Alcalá “también sufrimos la lacra del terrorismo”, en referencia al 11-M, y “la solidaridad con las víctimas siempre ha sido la guía del PSOE local". Ni Somos Alcalá ni Izquierda Unida en Alcalá de Henares se han pronunciado públicamente sobre este acto antirrepresivo ni sobre las presiones para cancerlarlo.

Ciudadanos, con cuatro concejales,  pidió que “no se permita la realización de ningún evento que promueva cualquier tipo de actitud que tenga que ver con el terrorismo”. El partido de extrema derecha España 2000 mostrósu rechazo al “uso de locales municipales para apoyar a acusados de delitos de terrorismo”. Su presidente y único concejal en Alcalá de Henares, Rafa Ripoll, anunció que acudiría al evento porque les “encantan las fiestas” pero no ha hecho acto de presencia.