Casi dos años después de su implantación, al Ingreso Mínimo Vital (IMV) le  cuesta despegar. El último balance de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que sólo un 12,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia actualmente de esta medida. Son en total 1.064.609 personas –entre ellas 456.000 menores–, una cifra que aún está lejos del objetivo fijado por el Gobierno al poner en marcha la ayuda en 2020: entonces el Ejecutivo afirmó que la iniciativa iba a beneficiar a entre 2,3 y 2,5 millones de personas aglutinados en 850.000 hogares y que, además, iba a acabar con el 80% de la pobreza severa en España.

La comparación entre la realidad y la previsión arroja que sólo se llega al 46% de dicha previsión. De hecho, el IMV alcanza ahora a 428.000 hogares de las más 1,7 millones solicitudes presentadas. Según las cuentas de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, todavía quedan más de 1.200.000 personas por incorporar al IMV para llegar al objetivo inicial.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la "impericia" del Gobierno en la gestión de esta ayuda, especialmente en un contexto muy adverso en el que la pandemia y ahora la crisis energética han dado un fuerte empujón a la pobreza. Durante la pandemia, un millón de personas cayó en la pobreza extrema, según la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas): a finales de 2019, el 4,7% de la población, unas 2.190.000 personas, vivían en esta situación; un año después, concluido 2020, la pobreza extrema alcanzó al 7% de la población, en concreto a 3.260.000 personas. Además, En España, el 26,4% de la población está en riesgo de verse en esa situación.

Es cierto que en los últimos tres meses el IMV ha cogido velocidad hasta el punto que entre diciembre de 2021 y finales de marzo de 2022 se han incorporado a la percepción del IMV 330.000 personas. Este es un número mayor de personas que el registrado en los nueve meses anteriores, entre marzo y diciembre de 2021. Aún así, el ritmo sigue siendo lento fundamentalmente por un proceso burocrático que es "complejo" y "errático", según han denunciado reiteradamente diversas organizaciones sociales.

Ya el año pasado, el Gobierno, a través del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció estos problemas derivados de las trabas burocráticas y la proverbial lentitud de la Administración. Solicitar el IMV era un auténtico "laberinto burocrático". Por eso en diciembre de 2021, el Gobierno impulsó una reforma legal y el Congreso aprobó definitivamente la Ley del Ingreso Mínimo Vital. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye este acelerón del IMV precisamente a "las modificaciones incorporadas en la ley del Ingreso Mínimo Vital" que entraron en vigor en enero de 2022. 

Ahora se ha simplificado y clarificado el proceso burocrático y eso se nota en una mayor aceptación de las solicitudes, aunque la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sigue reclamando "nuevos cambios que ayuden a llegar al objetivo previsto" porque, según su estimación, todavía se rechazan tres de cada cuatro solicitudes. Aún queda mucho por mejorar.

Otro aspecto que destaca el balance de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es la desigual cobertura territorial del IMV. Según esta organización, hay comunidades autónomas donde el IMV apenas alcanza a poco más del 7% de la población en pobreza severa, como es el caso de Catalunya, con una cobertura del 7,1% o, con un 7,5% en Canarias, mientras que Navarra supera el 27% de cobertura y Ceuta y Melilla se sitúan en torno al 25%.