El Gobierno ha iniciado sus primeros planes para el desarrollo de una Ley de Medicamentos que aspira a adaptar la normativa ante problemáticas que la actual regla no termina de recoger y que ha encontrado cierto recelo entre empresas de la industria de los medicamentos. 

El propio Ministerio de Sanidad reconoce que la nueva ley, que tendría su primer borrador en diciembre de 2023, tiene que adaptarse a los "nuevos avances disruptivos y la introducción de nuevas tecnologías". Además, la creación de Reglamentos Europeos hace imprescindible una regulación nacional acorde a los parámetros continentales. 

Dentro del propio Ministerio son escépticos a que la ley pueda salir antes del final de la legislatura, pero las plataformas en defensa de la sanidad pública y a favor de una regulación diferente del precio de los medicamentos aprietan para que haya algún tipo de avances. 

El coste de los medicamentos es, cada año, una de las mayores inversiones que tiene que hacer la sanidad pública, cifra que aumenta año tras año por el precio que imponen las empresas privadas a la hora de comprar las dosis. La organización Salud Por Derecho, entre sus demandas para la ley, considera como punto imprescindible una "financiación pública de medicamentos y fijación de precios". 

"El precio debe fijarse en relación con el coste real de fabricación y de I+D, debidamente auditado. Así, la fijación de los precios debe recurrir a otros mecanismos, como es el cost-plus, que asegure un margen de beneficio justo y razonable teniendo en cuenta también otros elementos, como la inversión pública en cada producto, los beneficios fiscales y los incentivos", asegura la organización en un informe. 

Pero la futura ley ha generado movimientos entre las empresas de la industria sanitaria. La transparencia es una de las cuestiones más demandadas por el activismo, pero que más conflicto genera de puertas para dentro. Faus Moliner, despacho que representa a la empresa Novartis, ha propuesto al Ministerio de Sanidad durante el periodo de consulta que se cambie el artículo 97 de la actual ley vigente, tal y como desveló Civio. Ese artículo, recogido en la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, gira en torno a la "información económica" de los medicamentos, y la propuesta de este despacho va encaminada a que el coste que pagan las administraciones sea secreto.

Desde 2006, esta Ley ha experimentado diversas modificaciones. Algunas han venido determinadas por la aprobación de regulaciones a nivel europeo. En otros casos, se ha tratado de modificaciones de tipo técnico, como las relativas a las garantías de eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos y productos sanitarios.

Finalmente, se han producido cambios significativos sobre los aspectos económicos, en particular en relación con las medidas de control del gasto farmacéutico, aprobadas principalmente en 2010 y 2012. Esta última,realizada mediante Real Decreto-Ley, optó por la exclusión de la financiación pública de aquellos medicamentos destinados al tratamiento de síntomas menores, modificó el sistema de aportación farmacéutica, trasladando una carga relevante a los bolsillos de la ciudadanía, e introdujo una modificación estructural del sistema de fijación de precios de los medicamentos, con un esquema innovador de precios seleccionados, marcando un cambio hacia la financiación selectiva con criterios como el coste-efectividad y la valoración del
impacto presupuestario