El pasado viernes, un grupo que no pasaba de los 20 jóvenes se concentraron ante la Clínica Dator de Madrid con el objetivo de molestar y hostigar a las mujeres que se acercaban a pedir información sobre la interrupción voluntaria del embarazo o para practicarse un aborto. La cita que se había publicitado desde un grupo llamado "Cañas por España" y bajo el título "viernes por la vida" fue la primera de una serie quedadas que el grupo pretende repetir cada último viernes de mes en una clínica diferente de la Comunidad de Madrid. 

No es la primera de estas iniciativas. De hecho es la enésima. Responsables de la Clínica Dator denuncian tener concentraciones diarias ante sus puertas de grupos de personas que hostigan, increpan y bombardean con información falsa y con todo tipo de iconografía a las mujeres que se acercan para ejercer su derechos de interrumpir su embarazo o pedir información al respecto. 

Desde la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) resaltan que esto no ocurre sólo en Madrid, sino que viene sucediendo desde hace años con distinta periodicidad en clínicas de Córdoba, Málaga, Albacete, Murcia o Algeciras, por citar sólo algunas y están convocadas por grupos ultracatólicos y de extrema derecha.

Hace unos meses, la plataforma Pro Derechos, formada por 62 organizaciones  denunciaba que desde la aprobación de la Ley de Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo en 2010, más de 8.000 mujeres habrían sido insultadas, increpadas, coaccionadas o amenazadas a las puertas de las clínicas. Y estos datos serían muy conservadores. Denunciaban también la impunidad y la falta de consecuencias que tienen estas acciones de grupos que se amparan en la libertad de manifestación, reunión y expresión.

¿Pero, están estas acciones dentro de los supuestos que defienden la libertad de expresión y de manifestación? ¿Deberían las mujeres que deciden legalmente interrumpir su embarazo estar protegidas de estos grupos ultras que las increpan a las puertas de las clínicas?

Diversos expertos en derecho consultado por Público resaltan que la línea divisoria entre la libertad de manifestación y expresión y el derecho de las mujeres a ejercer su derecho al aborto y a su intimidad es muy fina y difusa y esta falta de claridad es utilizada por los grupos ultras para realizar actos ilícitos que, sin embargo, quedan impunes.

Las reuniones de menos de 20 personas no precisan de ninguna autorización ni comunicación previa, por lo que no se consideran manifestaciones o concentraciones. Esta ventana legal es la que utilizan los grupos antiderechos para concentrarse a las puertas de las clínicas sin que sean dispersados, explican desde ACAI. Este límite difuso, sin embargo, es traspasado con las acciones, afirma Juan Antonio Bosch, abogado de esta asociación, puesto que "además de manifestarse se dedican a gritar, insultar, mentir y acosar a las mujeres que buscan un aborto o a amenazarlas directamente".

Sin embargo, estos delitos a la intimidad, afirma este letrado, son muy difíciles de perseguir, puestos que no son delitos públicos que se persigan de oficio, sino que tienen que ser denunciados por la propia víctima "y las mujeres que acuden a las clínicas lo que menos quieren es iniciar un largo proceso penal y tener ese grado de exposición", afirma Bosch. 

Esta dicotomía entre el derecho de manifestación y el derecho a la intimidad de las mujeres es también un fino equilibrio para la abogada Laia Serra, especialista en libertad de expresión. "Está claro que el derecho de manifestación también tiene sus limitaciones. Deberían poder expresar su parecer sobre la legislación, sobre el hecho de que existan clínicas e incluso sobre el hecho de que las mujeres decidan abortar. Pero por otro lado, en función de la características concreta, de cómo se exprese este parecer, podría incidir en la autonomía de la mujeres para tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y de preservar su privacidad", afirma esta jurista. 

Para esta experta, este derecho de las mujeres se podría ver vulnerado por la presencia de un grupo de personas a la entrada de las clínicas o a 20 metros de estas. "Otra cosa es que se dijera a estos manifestantes que podrán hacerlo pero a una cierta distancia que permitiera la libre entrada de profesionales y de usuarias de los servicios y sobre todo que eviten que las personas que entren en esas clínicas puedan se reconocidas o que se puedan tomar fotografías de su rostro que luego puedan ser divulgadas", añade Serra.

La batalla por la distancia

La realidad es que desde hace años diversas organizaciones feministas y de derecho al aborto están exigiendo que se tomen medidas legales para impedir que estos grupos se puedan concentrar a las puertas de las clínicas para increpar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Tal como explica Bosch a Público en conversación telefónica, difícilmente a cualquier grupo de personas se le permitiría protestar contra cualquier otra prestación sanitaria a las puertas de un hospital o de otras instituciones sin que alguien tomara cartas en el asunto.

"Sería impensable, por ejemplo, que un grupo de 20 personas se concentrara a las puertas de la Catedral de la Almudena cada domingo gritándole a los feligreses que no entraran porque hay pederastas y que los van a condenar. ¿Cuanto tiempo durarían?". El problema, afirma este abogado, es que aquí entra en juego un tema de sensibilidad y "como estas son cosas de mujeres no tienen importancia. En situaciones iguales, los poderes públicos se compartan de forma bien distinta", añade.

No es un exigencia extraña. En países de nuestro entorno ya se han tomado medidas que limitan o previenen a estos grupos ultras la posibilidad de situarse en las puertas o en las inmediaciones de las clínicas. Alemania, Austria y más recientemente el Reino Unido han optado por regularlo a traves de decretos que obligan a estos grupos a mantenerse a una distancia prudencial de estos centros. En el país anglosajón esta distancia es de 150 metros. Esta medida, resaltan diversas organizaciones y expertos, no vulnera el legítimo derecho de manifestación ni la libertad de expresión y al mismo tiempo protege la integridad y la intimidad de las mujeres que deciden abortar, así como de los profesionales que practican los abortos.

Otro país que ha decidido tomar medidas ante los acosos a mujeres y profesionales en las inmediaciones de las clínicas en las que se realizan interrupciones de embarazos es Francia. El modelo seguido por nuestro vecino del norte es algo distinto, puesto que decidió modificar su Código Civil para incluir nuevos delitos que tipifican, incluso, la información falsa. Es decir, que está penado publicar o emitir informaciones que no sean ciertas en relación al aborto y sus consecuencias.

La ley francesa aprobada en 2017 contempla dos años de prisión y hasta 30.000 euros de multas a quienes impidan o traten de impedir "la practica u obtención de información sobre una interrupción voluntaria del embarazo", que se practique por cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos, "la difusión o transmisión de alegaciones o indicaciones que puedan inducir a error intencionadamente, como elemento disuasorio, sobre las características o las consecuencias médicas de la interrupción voluntaria del embarazo".

En nuestro país diversas organizaciones agrupadas bajo la plataforma Pro Derechos se han reunido a lo largo de los últimos años con diversos partidos políticos e instituciones locales y nacionales para exigir que se tomen medidas contra estas concentraciones y coacciones. Sin embargo, hasta la fecha ninguna administración ha movido ficha, a pesar de que muchas se han mostrado favorables o han admitido que se trata de un problema a resolver. Algunos partidos políticos, como Unidas Podemos presentaron una PNL en la Asamblea de Madrid, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida. 

Las organizaciones de la sociedad civil y las clínicas acreditadas manifiestan que es importante que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con una legislación que les facilite intervenir para impedir que se obstaculice la libertad de las mujeres y el trabajo de los y las trabajadoras sanitarias. Afirman que es realmente importante contar con los medios legales para poner fin a los cientos de conductas punibles". Piden, en definitiva, que se considere como un delito público y que las autoridades puedan actuar de oficio.

En ausencia de una norma específica, este colectivo afirma que conseguir este alejamiento de forma rápida y sencilla pasaría, tal como han hecho ya otros vecinos europeos, por modificación del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. Un procedimiento mucho más accesible que la vía Francesa, que supondría la modificación de una ley Orgánica que requiere de debate y un largo trámite parlamentario.

Bosch afirma que recientemente el Ministerio de Sanidad sacó a consulta el Real Decreto 831/2010, pero en él sólo abordaba la cuestión de primar el aborto farmacológico sobre el quirúrgico en la sanidad pública, "un método más barato y con menos garantías", y denuncia que "en ningún momento se incluyó en la consulta nada sobre la protección de las mujeres que quieren abortar", una promesa, recuerda, que estaba en los programas electorales tanto del PSOE como de Unidas Podemos, los dos partidos de Gobierno.