El viernes 29 de enero volvió a ocurrir, aunque esta vez era distinto. Un grupo de unos veinte jóvenes, según los testigos y las imágenes aparecidas en redes sociales, se situaron en las inmediaciones del centro sanitario Clínica Dator, en el distrito de Tetuán de Madrid, con el objetivo de hostigar a las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir el embarazo.

La concentración fue amenizada con música y baile como prometía la convocatoria titulada Cañas por España. Según los testigos consultados, la policía, que estuvo presente, no disolvió al grupo a pesar de la pandemia y del acoso ejercido.

Los organizadores pretenden repetir la escena festiva el último viernes de cada mes en todas las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo de Madrid, según sus propias redes sociales.

Por este motivo, los y las profesionales de los centro acreditados preguntan en un comunicado, al que ha tenido acceso Público, "a las administraciones, partidos políticos y parlamentarios/as: ¿Qué más tiene que ocurrir para que las mujeres puedan ejercer una práctica sanitaria reconocida por el sistema nacional de salud sin el linchamiento público de estos grupos acosadores?".

Sonia Lamas Millán, responsable de comunicación de esta clínica, en conversación telefónica con Público, confiesa su hartazgo ante el acoso constante que sufren los trabajadores y las usuarias de estos centros sanitarios.

"En la clínica Dator lo hemos sufrido siempre, con más o menos intensidad, según las épocas. Fuimos la primera clínica acreditada, cuando se aprobó la ley de 1985. Y desde hace cuatro o cinco años se ha recrudecido. Ahora van también a clínicas en Córdoba, Albacete, Málaga... Aquí siguen viniendo casi todos los días, a pesar de la covid. De verdad, es diario. Vienen grupos de cinco a ocho personas y les dan a las mujeres panfletos que dicen que abortar provoca cáncer, suicidio, que van a perder a sus parejas, que están matando a sus hijos... Ponemos unas veinte denuncias al año. Hace tres semanas volvieron a tirar huevos a la fachada y dejaron todo tipo de cartelería, pintadas", relata cansada. "Hay días que las mujeres tienen que entrar a hacer algo muy difícil por un pasillo de mujeres que rezan el rosario", añade como imagen gráfica.

Sonia nos cuenta que son grupos católicos y ultracatólicos y que le da pena llamarlos así porque hay muchos católicos que admiten y entienden el derecho. "Es que los derechos no obligan, permiten", subraya recordando la importancia del respeto al ordenamiento jurídico.

Junto con la Plataforma #abortosinacoso, que agrupa a 66 entidades sociales feministas, del ámbito de la Justicia, de la planificación familiar y del derecho a morir dignamente, lleva años peleando por ese respeto.

En los últimos cinco, esta plataforma se ha reunido con todos los partidos políticos. Solo el PP de Rajoy se negó a recibirlos. El Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno también están advertidos y el primero prepara su informe sobre el asunto. Pero Sonia no esconde su impaciencia: "Lo que pedimos a gritos silenciosos a las administraciones públicas es que no nos hagan esperar más". Y recuerda las promesas de este Gobierno al respecto: "Pedro Sánchez se comprometió cuando se reunió con las entidades sociales antes de ser presidente. Está en su programa electoral y en el de Unidas Podemos y en el acuerdo del Gobierno de coalición", remarca.

Su aspiración máxima sería asimilar a España a la legislación francesa que recoge en su código penal una ley (LOI no 2017-347 du 20 mars 2017) que establece, además de las zonas de seguridad donde no pueden localizarse estas presuntas mesas informativas, que acosar el derecho al aborto es delito, ya sea a través de internet o de documentación desinformativa, y marca penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 Euros. "Yo es que creo, sin dudarlo, que lo que hacen es delictivo", afirma rotunda para apostillar esta pretensión. Pero está dispuesta a conformarse con menos: "El Gobierno podría modificar en un consejo de ministros el real decreto de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo y marcar una distancia de seguridad desde la que no pudieran acceder tan fácilmente a las mujeres". Se refiere al Real Decreto 831/2010, de 25 de junio. E insiste en esta idea: "La ley marca que las mujeres deben ser informadas de todas sus posibilidades y cómo debe hacerse y nosotros, por supuesto, que lo hacemos, y algunas deciden seguir adelante con su embarazo, y nos parece perfecto. La cuestión es que estos grupos desinforman".

Termina su reflexión con una reivindicación muy clara: "Exigimos a las administraciones públicas que velen por la seguridad de las mujeres; no solo de la física, sino también de la emocional" y añade: "Aquí tenemos todos los sábados a la Ambulancia Vida, en la que ha venido Gádor Joya, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, para ponerles a las mujeres sus ecografías con imagen y sonido. Nosotros se las ponemos así a quién lo quiere. Pero no las obligamos a ver ni a escuchar al feto, porque eso no les ayuda y puede ser una tortura".

Sin el cambio legislativo que piden, Sonia se ve impotente para parar estas agresiones y explica el motivo de su impotencia con este hecho: "En los años que llevo aquí, de las cientos de denuncias que hemos puesto, solo llegó al juzgado una del día en que unas menores entraron y se negaron a marcharse. Querían subir a las salas para decirles a las mujeres que abortar era asesinar y no conseguimos que parasen. Tuvimos que llamar a la policía para echarlas. El juzgado archivó el caso". Y concluye, "si pretender imponer esa tortura, invadiendo un espacio, la intimidad de las mujeres, etcétera, etcétera, no da para juicio, es que nosotros no podemos parar este abuso continuo".