Los incendios están evolucionando. Es algo sobre lo que se viene advirtiendo desde el ámbito científico, técnico y ecologista desde hace un tiempo, y que también se confirma en España a tenor de los datos disponibles sobre incendios de las últimas dos décadas. Hace 20 años había más incendios y se quemaba mayor superficie que ahora, pero el cambio climático, el paulatino abandono de los bosques y el caos territorial y urbanístico han hecho que cada vez sean más frecuentes los grandes incendios (de más de 500 hectáreas), que además son cada vez más grandes, ingobernables y afectan a mayor población.
Son los denominados superincendios, como el que ha quemado hace escasos días más de 8.000 hectáreas del parque de Doñana; o el que arrasó unas semanas antes el centro de Portugal, dejando más de 60 muertos. Según se recoge en el informe anual sobre incendios forestales presentado este miércoles por la organización WWF, en España este tipo de siniestros suponían el 27% del total de la superficie quemada hace dos décadas, mientras que hoy ya suponen, de media, el 37%. En 2016, un año con muy pocos daños por incendios, la mitad de las hectáreas arrasadas se quemaron en este tipo de grandes siniestros.
“Que los grandes incendios tengan cada vez mayor presencia indica que el fuego cada vez encuentra un entorno más favorable para su propagación”, ha señalado Lourdes Hernández, autora del informe.
La organización ecologista explica cómo, por un lado, el cambio climático está cambiando el comportamiento de los bosques, haciendo que se den en invierno incendios que eran típicos del verano y alargando la temporada de riesgo de incendios a la práctica totalidad del año. Por otro, la despoblación de los espacios rurales ha convertido a los bosques en lugares semiabandonados, donde no existen actividades como el pastoreo, el aprovechamiento maderero o de resina, que ayudaban a mantener el monte limpio.
Por último, el informe pone el acento en las nuevas urbanizaciones y desarrollos periurbanos construidos al albor de la burbuja inmobiliaria en plenas áreas forestales. En un estudio realizado en el año 2000, se estimó que existen en España aproximadamente 1,1 millones de hectáreas en estas zonas, que son de elevado riesgo de incendio y que, además, han obligado a cambiar la estrategia de los servicios de extinción, centrándose en salvar vidas humanas y no en atacar el fuego forestal. De hecho, en 2015, el número de evacuaciones por incendios fue un 40% superior a diez años antes. Sucede además que el 90% de estas urbanizaciones no cuenta con un plan de autoprotección, a pesar de que la normativa lo exige.
Todo ello contribuye a un "cóctel letal" que ha transformado al fuego haciéndolo más difícil de combatir y a veces, imposible de extinguir sólo con medios humanos.
No estamos preparados
“Hace unas décadas, los incendios tenían un comportamiento relativamente fácil de abordar, pero en los últimos años hemos metido demasiados factores en la ecuación. Ahora son incendios explosivos, con múltiples focos e imprevisibles. Ante este panorama, la apuesta por los medios de extinción no es suficiente”, ha advertido Hernández.
“Hay que cambiar la forma en que afrontamos los incendios. El modelo de los años 90 ya no sirve”, ha añadido el director de conservación de WWF, Enrique Segovia.
Ese es uno de los puntos clave sobre el que advierten también otras asociaciones. España cuenta con un muy buen dispositivo de extinción de incendios, dotado de grandes medios técnicos y humanos; pero suspende en prevención. Un estudio del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes estimó que España se gastaba al año unos mil millones de euros al año en extinción, frente a los 300 millones para prevención, una partida afectada además por los recortes de la crisis. Antes, el monto ascendía a los 600 millones de euros.
“Los grandes incendios no se apagan con agua, sino con gestión forestal y planificación territorial. Solo reduciendo la vulnerabilidad del paisaje a la propagación de las llamas evitaremos que los GIF (grandes incendios forestales) devoren comarcas enteras”, señala el informe.
Frente a esta situación, WWF ha solicitado a las administraciones cuatro medidas: conocer el riesgo de incendios a través de la elaboración de mapas; planificar el territorio para eliminar las construcciones ilegales e impedir que se levanten otras nuevas en zonas de riesgo; gestionar los bosques para minimizar el riesgo e informar a las poblaciones sobre la nueva situación.
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