"Las autoridades cometieron violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes en las fronteras". Amnistía Internacional (AI) ha sido contundente con España su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2022.

El análisis coincide en gran parte con el balance que hizo en diciembre Human Rights Watch, otra organización internacional de peso en la observación sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

Amnistía Internacional denuncia que "se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos", y resalta la falta de una investigación exhaustiva por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la pandemia como una de las principales sombras.

Según recuerda el informe, alrededor del 90% de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía han sido archivadas, pese a que el Fiscal General del Estado reconoció que se habían cometido violaciones de derechos humanos en estos centros. En el plano de la responsabilidad política, la mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas se cerraron "sin una explicación clara", mientras que "las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes".

Fuerza ilegítima en la frontera de Melilla

La segunda gran mancha en el expediente español ha sido la tragedia en la frontera entre Melilla y Marruecos del pasado 24 de junio. La organización la considera una "masacre".

Una investigación independiente realizada por AI en terreno ya concluyó que "las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos" contra las personas que intentaron cruzar el puesto fronterizo.

La versión marroquí cifró en 23 los fallecidos, pero AI asegura que murieron al menos 37 y que más de 70 personas siguen desaparecidas. Además insiste, al igual que el Defensor del Pueblo, en que 470 potenciales refugiados fueron "expulsados ilegalmente" a Marruecos.

En el plano migratorio, AI también condenó la deportación a Argelia de Mohamed Benhalima, exmilitar y denunciante de corrupción que había pedido asilo en España. Su petición fue denegada de forma exprés por una presunta implicación en actividades "contrarias a la seguridad nacional o que podían perjudicar las relaciones de España con otros países". Fue encarcelado nada más aterrizar y condenado a muerte en ausencia. Por el momento sigue en prisión, ya que Argelia no ejecuta a sus condenados a pena capital desde 1993, pero de facto, Benhalima cumple cadena perpetua y ha denunciado torturas en la cárcel.

Espionaje con Pegasus

A estas graves vulneraciones de los derechos humanos se suma el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy, conocida como ley mordaza. Según AI, la falta de entendimiento entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales "han dejado a la ciudadanía desprotegida frente al uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad".

En su repaso a la situación de España destaca su "preocupación" por el espionaje con el software espía Pegasus. La privacidad de los teléfonos móviles ha sido vulnerada entre altos cargos del Gobierno, incluyendo al presidente y varios ministros, pero también a destacadas figuras políticas catalanas, periodistas como Ignacio Cembrero, y abogados. También a sus familiares. En mayo, la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre el espionaje, pero siguen "estancadas" las pesquisas de los tribunales catalanes.

Desprotección en salud y vivienda

AI también pone el foco en el deterioro de la sanidad pública, una de las más acuciantes preocupaciones sociales, según encuestas recientes. "Ni el Gobierno nacional ni los autonómicos destinaron fondos suficientes para proteger el derecho a la salud", lamenta el informe.

Recuerda que la atención primaria, la primera pata del sistema nacional de salud, es la gran perjudicada, con solo el 14% del presupuesto total que se destina a sanidad pública. La Organización Internacional de la Salud recomienda que la partida mínima recomendada es del 25% del presupuesto total.

Sigue en la lista desde hace ya años la "insuficiente protección de los derechos económicos, sociales y culturales", que se agrava ahora en un "contexto de incertidumbre económica". Y subraya que en la Cañada Real de Madrid hay 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, que siguen sin electricidad 900 días después del corte de suministro.

El acceso a la vivienda sigue siendo un problema sin resolver mientras la ley sobre este asunto sigue sin salir adelante por el desencuentro entre los dos socios de Gobierno. La organización recuerda que solo entre enero y septiembre hubo 29.285 desahucios en España, de manera que ve  "insuficiente" la suspensión de los desalojos de personas económicamente vulnerables que se puso en marcha durante la pandemia y que se ha prorrogado hasta ahora.

El precio de la energía es otro de los asuntos oscuros, ya que en 2022, el 14,3% de la población no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En 2020 era el 10,9%. Pone en valor algunas de las ayudas económicas y la reducción del IVA en alimentos y energía, pero no palian el golpe económico de las familias.

Avances en derechos

Entre los avances más destacados en derechos humanos, AI destaca los cambios legislativos en materia de igualdad de género, aunque demanda más "voluntad política compromiso de los partidos" de cara a 2023. Celebra la aprobación de la ley del solo sí es sí como un "gran paso para la prevención, atención y protección de todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual". 

En derechos para la comunidad LGTBIQ+, considera que la ley trans "plantea mejoras en aspectos críticos" como "la igualación de trato y no discriminación". Y apunta a la modificación de la ley del aborto como una "mejora el acceso al aborto en España" además del "reconocimiento más amplio del derecho a la reproducción y la maternidad libremente decidida".

La organización deposita esperanzas en la ley de vivienda en ciernes mientras que considera un posible "punto de inflexión" el proyecto de ley sobre secretos oficiales, que iría "más en línea con los estándares del derecho internacional en materia de transparencia y derechos humanos".