Los colectivos de personas migrantes que apoyan el movimiento Regularización Ya se encuentran en la recta final de recogida de firmas para que el Congreso debata la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Varios Ayuntamientos han aprobado la moción de apoyo a la ILP, lo que supone un gran respaldo a la iniciativa en defensa de sus derechos y se espera reunir las 500.00 firmas antes de este mes de diciembre.

Silvia Sánchez huyó de Cali hacia España en 2019 por amenazas de muerte, dejando en Colombia a la fuerza a sus hijos. Para poder sobrevivir y enviarles dinero, realizaba trabajos como cuidadora de otras personas, de forma precaria y "sin papeles". La crisis del coronavirus, en la que se encontró con una demanda de asilo congelada, le obligó a parar, como a tantas mujeres migrantes que realizaban este trabajo, dejándolas en situación de alta vulnerabilidad.

En 2020 crearon el Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles con personas de diferentes nacionalidades, para organizarse frente a la precariedad y la explotación laboral que sufren. La situación irregular administrativa les condena a la exclusión del uso de servicios públicos sociales esenciales y a sufrir de desprotección legal. No se atreven a denunciar por estar mal pagadas y otros abusos, pues temen que la Policía les deporte a sus países de origen.

Assane Cisse migró forzosamente desde Senegal y llegó a España hace ya más de 16 años. Su travesía, que le podía haber costado la vida, fue a bordo del barco de pesca en el que trabajaba. "El mar costero está seco de capturas, los buques extranjeros con técnicas de extracción rápidas, nos dejan sin pescado y sin trabajo", declara. Después de siete años en España, consiguió en 2013 regularizar su situación. Sin embargo, al caducar su permiso de residencia de cinco años, le han denegado la renovación, perdiendo su trabajo.

Ha entrado pues en la situación de "irregularidad sobrevenida", el proceso por el que extranjeros que en algún momento han tenido un permiso de residencia y/o de trabajo en España no lo puede renovar por diferentes motivos (el empleador no cotiza a la seguridad social por esa persona, la solicitud de protección internacional es denegada, falta de medios económicos, ex tutelados, etc.).

Las situaciones de Silvia y Assane no son aisladas. En España hay medio millón de personas viviendo en situación administrativa irregular, que les aboca al trabajo en la economía sumergida y a la privación de los derechos más básicos. Con la crisis de la covid-19, aumentó el sufrimiento y la precariedad de estas personas, quedando sin trabajo, sin ingreso mínimo vital, sin prestaciones por desempleo ni subsidios.

Como respuesta a esta situación surgió el Movimiento Estatal #RegularizacionYa, compuesto por colectivos antirracistas y comunidades migrantes organizadas en defensa de sus derechos. Se inició con asambleas virtuales desde todos los lugares de España. "En 2020, durante la etapa inicial del confinamiento ante la pandemia exigimos al Gobierno español una regularización urgente, permanente y sin condiciones: primero a través de una carta y, posteriormente con una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Congreso de los Diputados", explican en su comunicado.

Se pedía la regularización urgente, permanente y sin condiciones, no por caridad, sino por justicia social. Sin embargo, la #PNLRegularización, que contó con el apoyo de ocho fuerzas políticas, se presentó en el Congreso de los Diputados y fue rechazada por los partidos de derechas y el PSOE.

A mediados del 2021, dichos colectivos se volcaron en la propuesta de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la intención de conseguir que este país reconozca a las personas migrantes en situación administrativa irregular como personas de pleno derecho. Se inició un proceso participativo ciudadano impulsado por el Movimiento estatal #RegularizaciónYa compuesto por múltiples organizaciones sociales y promovido por Fundación por Causa, Fundación de por la Ciudadanía Global, Alianza Por La Solidaridad, REDES y el Partido Por Un Mundo Más Justo, a través de la plataforma Esenciales.

La iniciativa necesita de 500.000 firmas para llegar al Congreso de los Diputados el 23 de diciembre y su debate y posterior aprobación podría conseguir hacer efectiva la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas que ya se encuentran viviendo en España, sin acceso a derechos básicos. Desde febrero, voluntarios incansables recogen firmas a pie de calle. Muchos de los voluntarios pertenecen a colectivos migrantes, y sufren, una vez más, el racismo de algunos ciudadanos cuando les invitan a firmar con mayoría de edad y DNI español, en los pliegos de la Junta electoral que emite el Congreso de los Diputados.

Barcelona da un gran paso

El pasado 27 de octubre, en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó la moción de apoyo a la #ILPRegularización, con la mayoría de votos a favor, adoptando un posicionamiento claro: no debe haber ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda, sino que toda la gente debe tener reconocida su regularidad administrativa.

La activista Victoria Columba, una de las pioneras del Movimiento estatal #RegularizaciónYa, apunta que con este impulso desde la ciudad de Barcelona y en la recta final de la campaña, la plataforma pretende que se sumen muchas más administraciones del Estado con mociones similares, y de este modo mostrar la voluntad ciudadana de regularizar a sus vecinas y vecinos sin papeles. Es un primer paso para generar un cambio no sólo en las políticas migratorias, sino en todas las políticas públicas que afectan la vida de las personas migrantes en todo el territorio.

La moción, que será elevada al Congreso de los Diputados desde el Ayuntamiento de Barcelona, es un apoyo muy importante de cara al debate que se producirá cuando entre la ILP en el congreso. Otras fuerzas políticas institucionales también se sumaron anteriormente a la iniciativa en diversas ciudades, con diez mociones aprobadas en Ayuntamientos de Catalunya, dos de Andalucía, uno de Murcia, y las que se sumarán en los próximos días.

No es caridad, sino justicia social

"Estamos luchando por regularizar a todas las personas que no están regularizadas, para que todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, la misma dignidad en esta sociedad", declara Aziz Faye, portavoz del Sindicato Mantero, cuyos miembros están participando activamente en el proceso de la ILP.

Apunta que no se respeta lo que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuanto a que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacimiento, etc. Recalca que hay que recordar a toda la ciudadanía que tenemos la obligación de estar alerta con la minoría que no quiere la libertad de las personas migrantes, sino imponer el racismo, el odio y la xenofobia dentro de nuestra sociedad.

En este sentido, Daouda Dieye, portavoz también del Sindicato Mantero, se pregunta porqué la masacre del 24 de junio en la valla de Melilla donde perecieron en la frontera 37 personas, sigue sin investigarse a fondo. "Si fueran los blancos los que hubieran muerto, la tierra temblaría. A los blancos no les importa las muertes de los africanos y árabes", explica. También se pregunta por qué existe tanta desigualdad: los europeos entran sin visados en su país, y ellos pagan por su visado pero se lo deniegan, empujándolos a la migración clandestina.

La reciente reforma de la RLOEX, impulsada por el ministro José Luis Escrivá, supone avances positivos, pero olvida aspectos básicos como la regularización de las personas que ya viven y trabajan en España, incluidos menores de edad. No alcanza, dicen desde el movimiento #RegularizaciónYa, a todas las personas en situación administrativa irregular que quedaron atrás después de la pandemia. Algunos reprochan que dicha reforma se utilice de manera mercantilista, para paliar la falta de mano de obra en sectores clave para la economía, desde el transporte y la construcción, pasando por la hostelería o la digitalización.

No piden caridad, exigen justicia social y una regularización extraordinaria que ya han llevado a cabo partidos como el PSOE y el PP en otros períodos. Se trata de mostrar voluntad y valentía política, siendo la moción que se acaba de aprobar en Barcelona, muy importante para convencer a otras fuerzas que defiendan los derechos humanos. "O nos defendemos, o avanza el fascismo", declara Victoria Columba.

500 mil firmas para 500 mil personas esenciales

En España residen de manera administrativa irregular entre 475.000 y 514.000 personas. Entre ellas hay 125.000 niños y niñas en situación irregular, con los obstáculos que eso supone para garantizar los derechos básicos de la infancia migrante.

Constituidos en Comités territoriales, los colectivos migrantes, incluyendo también los más desfavorecidos como las trabajadoras del hogar y las cuidadoras, los manteros y las trabajadoras sexuales, han estado trabajando durante todo este año para recolectar 500.000 firmas en todo el Estado español. Desde enero hasta principios de noviembre han conseguido más de 480.000 firmas. La campaña se realiza a pie de calle, sin presupuesto alguno, y está absolutamente invisibilizada por los medios de comunicación e información.

El 13 de junio, para apoyar la ILP por la regularización de las personas migrantes, se estrenó en YouTube el vídeo "Regulariza!", que cuenta ya con más de 16.000 visualizaciones en cuatro meses. Una obra colectiva, multilingüe y con mucho ritmo "que engancha", protagonizada por personas de colectivos antirracistas como Top Manta o Tras la Manta, además de artistas y bailarines que se han sumado a la causa.

No es una simple canción, sino un himno reivindicativo con mensajes tales como: "Esto va, de privilegio y de color de piel, esto va de que el sistema debe cambiar", "¿Y quien eres tú para decidir quién merece residir?". O en lengua wolof "dale los papeles para que pueda trabajar, diez años en España sin poder hacer nada".

Las firmas de la #ILPRegularización tienen un plazo de entrega hasta el 23 de diciembre y en este período pueden firmar las personas mayores de 18 años con DNI español, de manera física en puntos fijos que se pueden encontrar en la web de Esenciales, o con certificado digital desde el ordenador en el enlace que se encuentra en dicha página.

Se necesita más que nunca contar con el apoyo de las organizaciones, colectivos, partidos políticos y aliados para garantizar los derechos de las personas migrantes, no sólo en este último mes de recogida de firmas, sino en los tiempos inmediatos y en el futuro. Tal como se constata, los migrantes han demostrado cuán esenciales son y que forman parte activa del tejido social de este país. Tienen derecho a vivir dignamente en una convivencia de igualdad.