La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha recordado este lunes que la educación en materia de igualdad de género "no es ideología, sino una obligación que deriva de convenios internacionales y de la Constitución" y que, por lo tanto, "es indisponible por los poderes públicos o particulares".

Lo han señalado en un comunicado emitido tras la "controversia" generada por el pin parental, la media impulsada por Vox en Murcia que impone a los centros educativos la obligación de informar a los padres de todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo y les permite impedir que sus hijos participen en ella, "entre las que se pueden incluir aquellas con contenido de educación en igualdad".

En el texto, las juezas precisan que la igualdad de sexo "no es una ideología" sino un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que la educación en materia de igualdad de sexos "no es adoctrinamiento" porque educar en feminismo promueve la igualdad entre hombres y mujeres, "esencial para lograr una sociedad democrática".

Aseveran, además, que la educación en igualdad de sexos "es un mandato jurídico vinculante a nivel internacional y nacional" que viene impuesta por diversos convenios suscritos por España.

Citan entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Sostienen también que la educación en materia de igualdad de sexos "es indisponible, tanto para los poderes públicos como para los sujetos particulares" ya que la titularidad del derecho a la educación es de las niñas y los niños, "y bajo ningún concepto el cumplimiento de este derecho puede quedar al arbitrio, voluntad o decisión de sujetos públicos o privados".

Y que la educación en igualdad es uno de los pilares de la lucha contra la violencia de género, "un tipo de violencia íntimamente ligado a las relaciones desiguales entre hombres y mujeres que en los casos más extremos, y desgraciadamente, no poco habituales, termina en agresión física o asesinato".

Concluyen que conseguir el respeto a los derechos humanos pasa por enseñar a los niños y adolescentes de manera completa y eficaz, algo que, matizan, "no será posible si los poderes públicos incumplen obligaciones asumidas internacionalmente y si el contenido de esa enseñanza es cercenado en función de posturas ideológicas que nada tienen que ver con los valores esenciales de todo