Algo como lo ocurrido en Francia, donde una investigación independiente encargada por la Conferencia Episcopal ha identificado a alrededor de 3.000 religiosos pedófilos  que abusaron de 216.000 menores en los últimos cincuenta años, o en Alemania, donde un trabajo de corte similar afloró cerca de 10.000 víctimas, resulta impensable en España. 

No, o al menos no a priori, en lo que se refiere a la magnitud del resultado que pudieran arrojar esas pesquisas sino más bien por el escaso interés que hasta ahora ha mostrado el episcopado local por afrontar una lacra que, según los datos recopilados por El País, incluye un mínimo de 358 episodios que suman 908 víctimas en el último siglo. 

De hecho, esa posibilidad queda a fecha de hoy completamente descartada, según indicaron a Público fuentes oficiales del episcopado, que aseguraron que "la conferencia episcopal no tiene previsto iniciar una investigación global de los abusos". 

La posición del episcopado ratifica la avanzada hace unos meses por su portavoz, Luis Argüello, que restó importancia a esas agresiones sexuales al sostener que su volumen es "muy pequeño" por suponer el 0,2%  del total de casos que se denuncian en España. 

"Estamos dispuestos al reconocimiento de las indemnizaciones que los jueces establezcan", dijo entonces, como si la ejecución de las responsabilidades económicas asociadas a una sentencia penal o civil fuera algo optativo para los condenados.

"Lo que ha ocurrido en Francia debería ser un revulsivo"

Hasta el momento, la Conferencia Episcopal ha admitido la existencia de 220 denuncias contra sacerdotes y religiosos como presuntos autores de delitos de carácter sexual en los últimos 20 años. Lo hizo la pasada primavera y a instancias de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo sucesor de la Inquisición, que le reclamó esos datos. 

"Lo que ha ocurrido en Francia debería ser un revulsivo", señala Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, para quien la Iglesia española "no tiene ninguna gana" de realizar un ejercicio de transparencia como los efectuados en otros países europeos. 

En los últimos meses, tras el relevo en marzo del año pasado de Ricardo Blázquez por Juan José Omella, cercano a las tesis del Papa Francisco, en la presidencia de la Conferencia Episcopal, sí ha habido algunos movimientos, aunque no intensos ni veloces, como la elaboración de un protocolo de atención a las víctimas de abusos sexuales que reemplaza al de 2010 y la puesta en marcha de una red de oficinas para atender a los damnificados en los obispados o en sus cabeceras metropolitanas. 

No obstante, el hecho de que la primera jornada de trabajo de esta red de oficinas se celebrara hace menos de un mes da idea del grado de desarrollo del dispositivo.

El Papa expresa su "vergüenza" y su "tristeza"

"Las oficinas creadas en las diócesis permiten una mayor cercanía con las víctimas y facilitan las denuncias en cada lugar y la investigación de los casos más cercanos", señalan fuentes de la Conferencia, mientras desde Europa Laica se remiten a "los resultados: no parece que estén trabajando temas de reparación y justicia. Lo que se queda en el mundo canónico no sale de allí". 

Mientras tanto, y al margen de que las informaciones sobre episodios de contenido sexual puedan ser utilizadas por cauces internos en luchas por el poder y en guerras de sotanas, como ocurrió con el supuesto lobby gay y el episodio del diácono de Épila que llevaron a Roma a ordenar el cese del arzobispo Manuel Ureña en Zaragoza, los pocos casos de abusos en el seno de la Iglesia española que trascienden a la opinión pública lo siguen haciendo desde los tribunales. 

Argüello admitió hace unas semanas que las oficinas habían recibido una decena de denuncias de personas que aseguraban haber sido agredidas sexualmente por curas y religiosos, aunque sin ofrecer más datos, en la enésima confirmación de la política de opacidad del episcopado español sobre esta materia. 

El propio Papa Francisco mostró este miércoles su "tristeza" y su "vergüenza" por "la demasiada larga incapacidad de la Iglesia para ponerlos [a las víctimas de abusos a manos de religiosos] en el centro de sus preocupaciones".