La Iglesia española comienza a dar un giro con respecto a la postura negacionista y opaca que había mantenido hasta ahora hacia los abusos sexuales cometidos a miles de personas dentro de su seno durante años. Este viernes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado que está trabajando en la elaboración de un Plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas.

El secretario general de la Conferencia, César García Magán, ha añadido que la Iglesia reparará siempre a las víctimas de abusos, tanto si hay sentencia judicial como cuando no la haya, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.

En estas situaciones, la Iglesia estudiará caso a caso y "si hay una convicción moral de que ha habido abuso sexual", determinará la indemnización a la víctima. Preguntado por la cuantía, García Magán ha dicho que la CEE aún no ha calculado un fondo y ha explicado que si existe una sentencia judicial, esta establecerá la cantidad a pagar.

La Conferencia Episcopal no se hará cargo de los pagos

Lo que sí ha dejado claro es que no será la propia Conferencia Episcopal la que asumirá ningún pago: serán los victimarios o, en su caso, las instituciones implicadas (diócesis o institutos de vida consagrada). De esta manera, la Iglesia se desvincula del fondo de reparación propuesto por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la pederastia en la Iglesia, tal y como ya advirtieron en su día.

"Lo que decimos es que si se crea un fondo para todas las víctimas, participaremos, pero si es solo para las víctimas de la Iglesia, lo gestionaremos nosotros", ha subrayado el portavoz de los obispos. Una postura en la misma línea que la expresada tras conocer el informe de Ángel Gabilondo.

La CEE siempre ha sido reticente a informar de las indemnizaciones que ha tenido que pagar a las víctimas de abusos tras sentencias judiciales. Un montante que El País ha calculado que asciende a al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas.

Tres líneas de trabajo

Durante esta semana de reunión de la Asamblea Plenaria, los obispos han aprobado por unanimidad "el íter" de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación de las Oficinas de Protección a los Menores, que cuenta con tres líneas de actuación: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluye todas las perspectivas, desde la psicológica a la espiritual y también la económica.

García Magán no se ha aventura a poner fecha a la puesta en marcha de este plan, que se hará "lo antes posible". Los obispos han aprobado también un mensaje centrado en las víctimas, a las que piden perdón de manera "explícita, clara y directa".

El anuncio se produce tan solo unos días antes de la reunión a la que ha convocado el papa Francisco a todos los obispos de la Conferencia Episcopal de España tras conocer los resultados del informe del Defensor del Pueblo. Sin embargo, los prelados insisten en que la cumbre tiene por objeto conocer el resultado de la visita a los seminarios.

"Es un hecho singular y no ocurre todos los días que el papa convoque a un episcopado, pero el cardenal Omella ha estado recientemente en Roma y le han ratificado que (la reunión) es para el tema del seminario", ha subrayado.

Sobre el retraso en la presentación del informe del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, García Magán ha dicho que los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria estudian aún este viernes qué decisión tomar.

Ha señalado que Cremades se ha comprometido a entregar el informe el próximo 15 de diciembre y que ahora lo que tienen en la CEE es "un avance provisional". En este sentido, ha explicado que el pasado día 17 recibieron cuatro documentos (ninguno de ellos el informe), uno de ellos un borrador sujeto a cambios y tres anexos.

Descrédito al informe del Defensor del Pueblo

Desde que salió a la luz el demoledor informe del Defensor del Pueblo, los obispos españoles se han empeñado en desacreditarlo por todos los medios. El informe, que ponía de relieve el "devastador" daño que ha supuesto para las víctimas todos los abusos cometidos dentro de la Iglesia, se basaba en dos líneas de investigación. Por un lado, el trabajo con las víctimas –analiza las experiencias de 487–, y por otro, una encuesta con más de 8.000 entrevistas realizada por GAD3.

La encuesta realizada por GAD3 concluye que el 0,6% habría sufrido abusos por parte de un religioso o un sacerdote. La cifra sube al 1,13% si se tienen en cuenta las agresiones de laicos que ejercen en ambientes religiosos. El trabajo no recogía cuántos agresores han producido el daño. Extrapolando los datos a la población española, algunos medios han llegado a cifrar en hasta 440.000 personas las que habían sufrido algún tipo de abuso en el interior de la Iglesia católica española.

El presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, aseguró que les resultaba "imposible confiar en la veracidad y fiabilidad" de los resultados de la encuesta y acusó a los periodistas de tergiversar los mismos. "El informe del Defensor del Pueblo no hace ninguna extrapolación, la hacen intencionadamente algunos medios de comunicación. Se refiere a 487 casos documentados por el Defensor. Y constan en el referido informe los datos aportados por la Iglesia de aproximadamente 1.125 casos. Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos. Pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad", escribió Omella en su cuenta de Twitter.