El 3 de noviembre de 1793, Olympe de Gouges, feminista francesa del sector girondino, subía al patíbulo a que le cortaran la cabeza. Su asesinato se perpetraba dos años después de elaborar una revisión crítica de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, texto adalid de la progresía gala y de las futuras democracias occidentales europeas, fruto del triunfo de la Revolución de 1789. En ella de Gouges a grandes rasgos denuncia una cosa: que al referirse al "hombre" y al "ciudadano", se referían literalmente a eso. Las mujeres, todas –obreras, burguesas, aristócratas– quedaban en los márgenes periféricos de la ciudadanía.

Así, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se constituyó como un texto legislativo revolucionario, que ponía el jaque el modo en que se manifiestan los matices ideológicos, determinantes en la construcción o destrucción de derechos de las mujeres, a través de las palabras que emplea la ley.

A punto de cumplirse el 225 aniversario del guillotinamiento de la pensadora francesa, Carmen Calvo, ministra de Igualdad del actual Gobierno, ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio que sirva para adecuar la Constitución Española de 1978 a un lenguaje no sexista, que incluya de verdad a las mujeres. "Tenemos una Constitución en masculino", denunciaba Calvo, exigiendo un lenguaje "correcto y verdadero con la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".

El director de la institución, Darío Villanueva, mantenía que contestarían "conforme lo que a la Academia le parezca que tenga que ser: un trabajo riguroso, serio y despolitizado, desde el punto de vista lingüístico y gramatical". Sin apartarse "de lo que ha sido la tradición gramatical ortográfica y lexicográfica desde hace más de 300 años", apuntalaba Villanueva.

El escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Academia desde hace 15 años, daba una respuesta algo más clarificadora, y prometía que abandonaría la 'T' sobre la que ahora reposa si es que la iniciativa de adaptar la Carta Magna al lenguaje inclusivo salía adelante. Barbijaputa, periodista y activista, proponía en Twitter acuñar el nuevo término "enreverter: amenazar con irse de un sitio creyéndose imprescindible".

La RAE ha asegurado a Público que no hará más declaraciones sobre el asunto, al menos hasta que se reúna en octubre y remite el documento Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, del catedrático de la Universidad Complutense Ignacio Bosque. Asegurando a este diario que esa es, básicamente, "la posición de la academia al respecto del tema".

El texto, en el que figura haber sido "suscrito por todos los académicos numerarios y correspondientes" que asistieron al pleno celebrado el 1 de marzo 2012, se refiere a la violencia contra las mujeres como "violencia doméstica". A pesar de que hacía ya ocho años desde que se aprobó la primera Ley Integral Contra la Violencia de Género, que ponía sobre la mesa esta denominación como oficial.

Ahora, el término "violencia machista" se impone también de forma mayoritaria en las calles, además de en el plano institucional y administrativo. A pesar de eso y de que una de sus funciones es mantenerse actualizada en cuanto a los usos de la lengua, la RAE ignora el término en este documento.

Por lo demás, el escrito se va desarrollando como una crítica destructiva en la que se expone por qué, a ojos de Bosque, las guías para un lenguaje no sexista o inclusivo propuestas por diversas instituciones –desde la Junta de Andalucía o Comisiones Obreras (CCOO), hasta varias universidades– lo que hacen es "forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad", al tiempo que buscan "impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real" y coartar la posibilidad de expresar los pensamientos "en libertad". Sin embargo, más allá de indicar a las mujeres cuándo han de darse por aludidas y visibilizadas al entonar el llamado "masculino genérico" y cuándo no, el documento presentado por la Academia no realiza propuestas reales frente a un reto al que, guste o no, está quedando patentado que es necesario hacer frente. Y en los ámbitos jurídico y legislativo, es cada vez más imperativo.

Las mujeres como parte activa del derecho

La necesidad de implementar el lenguaje inclusivo no se trata únicamente de una demanda social. Ya existe, de hecho, la obligatoriedad legal de hacerlo desde el año 2007 para los textos administrativos. Además, la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, establece como obligatoria la elaboración de informes de impacto de género abarcando "desde las normas legales a los planes de especial relevancia económica y social".

En el ámbito internacional, el posicionamiento también es claro desde hace varias décadas. Por ejemplo, la UNESCO, ya en 1989, instaba a "seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su utilización en los estados miembros".

Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y experta en feminismo jurídico, explica a Público que el problema es que este derecho aludido está "basado en principios y no en normas con consecuencias jurídicas claras". "Aún así la obligación jurídica existe", incide la especialista.

Aránguez alude además a una investigación promovida por la comisión de igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), coordinada por las juristas Ana Rubio y Encarna Bodelón, del que reseña que "en el pasado, palabras como 'derechos del hombre', 'ciudadanos', 'propietario', 'usuario' o 'sujeto' resultaban apropiados porque representaban una realidad en la que las mujeres no podían realizar contratos". "Sin embargo, el derecho ha cambiado", explica Aránguez, "hoy las mujeres podemos ser propietarias y somos parte activa del derecho; las mujeres desempeñamos cargos y profesiones que antes eran inalcanzables para nosotras".

De hecho, este tipo de diatribas pueden llegar a jugar malas pasadas. Así, el uso que se hace del lenguaje puede llegar a ser, no solo síntoma de la consecución de derechos, sino también instrumento de creación o destrucción de los mismos. Recientemente, una empresa cordobesa se atenía a que el convenio colectivo de industrias del aceite aludía únicamente a "los trabajadores" y no a "las trabajadoras" para justificar el impago de salarios a las mujeres que trabajaban allí.

Sin embargo, la propia ley de violencia de género u otras como las que regulan los permisos por maternidad o paternidad establecen diferencias esenciales en la especificación de las mujeres nombradas por sí mismas. ¿Podría la capacidad de interpretación de los textos por parte de quienes detentan el poder judicial acabar justificando este tipo de situaciones? 

El propio Darío Villanueva reconocía las implicaciones de ese masculino genérico en el texto constitucional, pues esta semana argumentaba que su modificación lingüística, por nimia que sea, "significa la modificación de la misma". Si eso fuese necesario, requeriría el apoyo de "dos tercios de apoyo en el Parlamento, la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones".

"Los textos jurídicos ganarán en claridad gracias a esta renovada preocupación por el lenguaje que el feminismo está introduciendo", asegura Aránguez. "Es necesario hablar de hijas e hijos, de padres y madres, del y la contribuyente, y esto no significa que estemos violando el principio de economía del lenguaje", defiende la investigadora. "El lenguaje jurídico tiene muchos elementos que hacen dificultosa la lectura, y no es precisamente la mención de las mujeres, sino el uso constante de oraciones subordinadas, párrafos largos, locuciones latinas y términos en desuso. El lenguaje inclusivo no está reñido ni con la claridad ni con la corrección gramatical", concluye. 

La RAE y su parte de responsabilidad

Uno de los argumentos que se esgrimen desde la Academia para justificar su reticencia ante la promoción elaborada del lenguaje inclusivo es que métodos como el desdoblamiento de los términos –padres/madres, amigos/amigas, etcétera– atentaría contra la economía del lenguaje e imposibilitaría la capacidad de hablar en la cotidianidad.

A este respecto, Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, explica a Público que hay que distinguir entre el lenguaje jurídico, el legislativo o el administrativo, que son un tipo de lenguaje especial y específico, del lenguaje natural. "El lenguaje natural, de todos los días, no lo puede prescribir ninguna institución, no puede hacer normas sobre cómo hablamos", indica Moreno Cabrera. Sin embargo, "el lenguaje artificial y artificioso del otro tipo de textos al que nos referimos, está hecho para un fin determinado, con unas normas específicas dictadas que pueden cambiarse en un sentido o en otro". En estos casos el catedrático insta a "intervenir, porque es un lenguaje que manifiesta posiciones políticas e ideológicas". 

El catedrático resalta que aquí es precisamente donde la Academia debería desempeñar su labor, "independientemente de que esté de acuerdo con el lenguaje sexista o no", ya que se trata de la institución oficial con poder, legitimidad, prestigio y la responsabilidad de dar respuesta a esta demanda social. "Es una de sus funciones, y no la están cumpliendo", denuncia Moreno Cabrera.

En el caso concreto de la Constitución, Moreno Cabrera apoya que hace falta ver "cómo cambiar la redacción para que se visibilice a las mujeres". "El masculino genérico es correcto gramaticalmente, pero si se trata de visibilizar a las mujeres, desde luego, no lo hace", denuncia. "La lengua española tiene muchos más recursos –no solo el desdoblamiento o ese genérico–, es una lengua extremadamente rica", remarca el catedrático. "La Academia tiene que hacer propuestas al respecto, no criticar todas las que se han hecho", añade. 

Para más inri, el experto señala que "decir Congreso de Diputadas y Diputados o 'padre y madre' en lugar de 'padres' no contraviene ninguna regla gramatical del español". "Ahora, además, una persona puede tener dos padres, o dos madres. La denotación de los términos cambia porque la sociedad cambia", considera. No haciéndolo, los significados de lo dicho podrían quedar, incluso, cada vez más incompletos. Y la propia RAE estaría contraviniendo su principio de recogida de usos.