La Generalitat de Catalunya se ha comprometido este miércoles –como ya anunció el sábado pasado– con los representantes sindicales a asumir la organización de las oposiciones para interinos que se deban repetir tras las caóticas pruebas del sábado, si bien todavía no se han concretado cuántas serán ni en qué fechas se llevarán a cabo.

Así lo ha explicado a los periodistas la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, tras mantener una reunión, junto con la consellera Laura Vilagrà, con representantes de CCOO, UGT e IAC-STAC para compartir información sobre las incidencias ocurridas, que están siendo recogidas en un espacio web que la Generalitat ha habilitado con este objetivo. 

Corral ha cifrado en 2.691 las incidencias registradas hasta las 17.00 horas de este miércoles en este espacio web, abierto el martes y que cerrará el viernes.

Con todo, el Govern ha citado nuevamente para este jueves a las 16.00 horas a los sindicatos, puesto que por el momento no se han determinado cuantas pruebas se deben repetir ni cuando.

Asimismo, Vilagrà comparecerá el viernes en el Parlament para dar explicaciones sobre este asunto.

Proceso de oposiciones externalizado

A estas oposiciones para interinos fueron convocadas 13.581 personas, que aspiraban a cubrir 1.825 plazas, de las que algo más de 9.000 se examinaron en Barcelona, todo ello en un proceso enmarcado en el objetivo de reducir el número de interinos hasta el 8%, frente el 35% actual.

Durante el proceso, por primera vez externalizado y que ha gestionado la empresa Cegos, se detectaron "graves incidencias" y ahora el Govern está analizando cómo solventar lo ocurrido.

Corral ha explicado también que las incidencias más graves que se han podido dar tienen que ver con una falta de vigilancia durante las pruebas, las salidas del aula sin los adecuados controles y el posible uso de dispositivos móviles.

El Govern catalán tiene un contrato con Cegos hasta el año 2024 por importe de 1,4 millones, y la voluntad es rescindirlo y ahora analiza si puede rescindir el contrato o penalizar a esta empresa, en la que ha "perdido totalmente la confianza", lo que está en manos del gabinete jurídico.

La Generalitat catalana aduce que la externalización tenía sentido porque se realizaban 72 pruebas distintas a la vez, pero ahora, dado lo ocurrido, afirma que el proceso lo asumirá la propia Administración.

Este episodio ha conllevado el cese de la directora general de la Función Pública, Marta Martorell.