Cartas nuevas. Hace cuarenta años, durante la crisis petrolífera mundial, el episodio de mayor parangón y más similitudes con los efectos de la espiral inflacionista surgida por la escalada del gas y el petróleo rusos el pasado otoño y espoleada por la guerra de Ucrania, las autoridades se embarcaron un una cruzada de recortes impositivos y de desmantelamiento de la influencia de los Estados en la economía. Ahora, el péndulo de la doctrina clásica de la economía, el que hace oscilar la balanza entre el liberalismo y el intervencionismo gubernamental, parece inclinarse a favor del principio que tanto gusta demonizar a los movimientos neoconservadores que se han afanado en asumir las tesis del laissez faire, laissez passer. La que proclamó su autor y propulsor, Vincent de Gournay, pensador francés del siglo XVIII, de combatir todo signo de intervencionismo del Gobierno en la economía.

Sin embargo, el abordaje de la inestabilidad económica mundial se perfila en las salas de máquinas de los Estados, con despliegues de recursos públicos y oficiales a hogares y empresas para abordar escudos sociales y productivos que ayuden a superar el sinuoso e incierto trance al que se van a enfrentar y que les depara un otoño borrascoso y un crudo invierno de carestías energéticas y probables interrupciones de suministro eléctrico.

Desde Washington a Tokio, pasando por Alemania en Europa y, por supuesto, la China de Xi Jinping, los escudos sociales vuelven a ser necesarios dos años después de que irrumpiera con fuerza el ciclo de negocios post-covid. Entre otras razones, porque ya no se beneficiarán de unos estímulos monetarios que llevaron a los bancos centrales a situar el precio del dinero en escenarios próximos a cero, con programas de compra de deuda y activos, tanto soberanos como corporativos.

Todo lo contrario. El endurecimiento de las políticas monetarias se ha convertido en un obstáculo de una dimensión tal que está empujando a la economía global a la recesión. Con casi un centenar de bancos centrales decretando subidas de tipos este año (una cuarentena de ellos proclamando alzas excepcionales de tres cuartos de punto y algunos repitiendo el movimiento como la Fed y sus tres toques consecutivos del 0,75%), y con señales industriales, empresariales y de consumo de los hogares cada vez más tenues en términos de actividad.

Se está produciendo una tormenta perfecta de restricciones financieras que añaden dificultades, por un lado a las familias para llegar a fin de mes con un coste de la cesta de la compra que no parece tocar techo, y, por otro, a las firmas de servicios para abordar planes de inversión y proyectos estratégicos, y a la industria en general para sufragar sus facturas eléctricas y los gastos recurrentes de sus cadenas de valor.

El 'thatcherismo' fiscal muestra sus falacias

El recetario liberal no parece aportar soluciones inmediatas. Ni siquiera la Pérfida Albiol, adalid en los tiempos que corren del thatcherismo recalcitrante con la premier Liz Truss y su Chandellor of the Exchequer, Kwasi Kwarteng, ha logrado impedir una humillación en toda regla del mercado. Y todo pese al intento de colocar una reducción impositiva de calado, con un alivio fiscal de 50.000 millones de euros -unos 45.000 millones de libras- enfocada a las clases más pudientes, y con promesas de reforzamiento de los servicios y los gastos sociales, una humillación en toda regla del mercado.

Las circunstancias no demandan sacar el tarro de las esencias liberales, ese perfume que destila dogmas de dudosa credibilidad. Como el que asegura que las rebajas impositivas garantizan dinamismo económico, generan más recaudación por ese excedente de actividad y, por supuesto, suman recursos que emplear en el Estado del Bienestar.

Los mercados fueron irreductibles con Truss, a quien su fe liberal la impulsó a mantener su incompresible plan presupuestario -de menos impuestos y más gasto social- durante más de una semana, con las encuestas anticipando el hundimiento de los conservadores, a pesar de las advertencias y señales emitidas desde los organismos internacionales, los bancos centrales (el propio Banco de Inglaterra obligado a intervenir frente a la caída libre de la libra y en los mercados de bonos), o la misma Casa Blanca.

El FMI y la OCDE han incidido en la necesidad de que los Gobiernos no calienten unas economías que los bancos centrales tratan de enfriar para frenar la inflación. Por su parte, el BCE ha señalado el peligro inminente de dotar de más capacidad adquisitiva a las grandes fortunas. Mientras, desde Washington se rompe con el axioma y se asegura que las rebajas fiscales ni combaten la inflación por generar segundas oleadas de alza de precios ni engendran ciclos de negocios más intensos y prolongados.

En el primer mes de andadura de Truss y, en especial, durante los diez días que su planteamiento fiscal estuvo en la mesa de operaciones del Ejecutivo británico, las fugas de capitales superaron los 300.000 millones de libras (unos 350.000 millones de euros), según el banco de inversión Liberum Capital.

Esto se habría debido a "la acción combinada de retirada de activos bursátiles y del mercado de bonos" de la City y tras asumir la "incomprensible meta de la iniciativa tributaria y presupuestaria y la indefinible apuesta inversora que planteaba una política económica propia de un gobierno del caos", admitía la mencionada entidad. 

El discurso "ideológico" irrumpe en España

En España, esta dinámica de claro perfil ideológico, como admite Financial Times en el caso del 10 de Downing Street, ha tenido una traslación simultánea al rapapolvo inversor a Reino Unido en las últimas dos semanas. Unos días convulsos por la invitación inicial a "la revolución fiscal" que el PP decía haber instaurado desde las regiones que gobierna -y propicia para las clases pudientes- a partir de la autonomía impositiva que les confiere el Estado. Sin embargo, tras el desplome de la libra, el PP lo reconvirtió en un mensaje alambicado de rechazo a cualquier subida tributaria para adecuarse a los vientos inversores que castigaron a la quinta economía global.

Pero también por la revelación del diseño de un proyecto presupuestario, el de 2023, al que la coalición progresista ha conseguido imbuir de un expansionismo fiscal. Con aumentos del 10% en gasto social, un notable impulso inversor, que fía a los fondos europeos, y que aborda el compromiso presidencial de un incremento del 25% en defensa -unos 4.800 millones- con una predicción de una recaudación fiscal adicional de 3.100 millones de euros. Un dinero procedente, en su mayor parte, de la subida de la presión tributaria a bancos y empresas energéticas.

Estos recursos adicionales servirán en gran medida para reforzar la coraza social. Porque uno de cada dos euros del programa económico diseñado para el próximo año se destinará a pensiones, que se revalorizan un 8,5%, unos 20.000 millones adicionales -en consonancia a la inflación-, al pago a funcionarios y a los intereses de la deuda.

Todo ello a pesar de que las estimaciones oficiales han corregido su trayectoria al alza, con una décima más de PIB -hasta el 4,4%- este año, pero con un retroceso de seis décimas, hasta el 2,1% en su predicción para 2023. En este año, varias potencias industrializadas, con Alemania y EEUU a la cabeza, marcarán recesiones, a juzgar por la valoración de los analistas privados y las instituciones multilaterales.

Tampoco contribuyen a la conciliación palabras como las del jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, de que el Gobierno "no escucha" y va por el camino equivocado. Quizás convenga al presidente de la patronal escuchar las palabras que llegan de Europa. Entre ellas, se encuentra la soflama del canciller alemán Olaf Scholz -en cuyo gabinete también existe la voz liberal- sobre la necesidad de "recortar los beneficios excesivos y usar ese dinero para abaratar la energía" y beneficiar a familias y empresas o su invitación a que España se sume al escudo antimisiles ante la amenaza rusa.

También se ha pronunciado al respecto el economista jefe del BCE, Philip Lane, que ha afirmado que "no es el momento" de rebajas impositivas agresivas y favorables a grandes fortunas. Algunos grandes empresarios se han sumado a esta posición del endurecimiento fiscal, como Ben van Beurden, consejero delegado de Shell, la mayor de las petroleras de Europa, que acaba de realizar una ardua defensa de mayores impuestos sobre las energéticas. El directivo de la petrolera anglo-holandesa cree, además, que "de una u otra forma" debe producirse una "intervención gubernamental" para proteger a los sectores más desfavorecidos.

Ejercicios de autocrítica casi imposibles

Quizás Garamendi y los responsables económicos del PP, con Juan Bravo como mentor y Alberto Núñez-Feijoo a la cabeza, también deberían releer, con talante autocrítico, alguno de los razonamientos que dejó en su libro Memoria viva de la Transición el empresario y presidente del Gobierno más efímero de la historia democrática española, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Reconocido liberal de corte conservador, hablaba de la "ambigüedad típica del empresario que pide libertad cuando es fuerte e intervención cuando es débil". Este es un doble juego. "Yo mismo lo practiqué mientras fui consejero delegado de Explosivos [firma industrial hispana], aunque no llegué a ser plenamente consciente de la doblez hasta que pasé del sector privado al público", admitió.

Calvo-Sotelo, varios de cuyos hijos han estado o están bajo la órbita del PP, hacía dos alusiones a próceres neoliberales. Una, a Milton Friedman, padre de los Chicago Boys, germen doctrinario de los sesenta de la adaptación del recetario ultraliberal, a quien mencionaba para recalcar lo que entiende como una "asimetría" a su doctrina, en términos más que elocuentes: "El empresario que por la tarde pide al Gobierno en una mesa redonda pública más libertad económica, a la mañana siguiente, a solas con el ministro en su despacho, le pide con la misma vehemencia la intervención sobre los mercados". 

Incluso se refería así a los responsables de la patronal: "El empresario que ha pedido en un acto de la CEOE, rasgándose las vestiduras, una reducción del gasto público es el mismo que acaba de pedir al ministro una participación mayor del Estado".

En otra ocasión, el difunto político gallego entonaba el mea culpa al mencionar al ideólogo liberal por antonomasia: "Me acuso de preferir la mano visible del Estado a la mano invisible de Adam Smith, porque eso era lo que me pedía el cuerpo cuando empresario, y eso lo que me pedían los empresarios cuando fui ministro", tal y como recoge una información de El Confidencial.

Calvo-Sotelo fue titular del departamento de Fomento antes de sustituir a Adolfo Suárez al frente del Ejecutivo días después del intento fallido de golpe de Estado del 23F, durante el que se estaba desarrollando el pleno para su nombramiento.

Iniciativas globales a favor del intervencionismo

Los gobiernos que acuden al intervencionismo para evitar el caos se suceden. Joe Biden activa un plan económico que espolea el consumo con incentivos para salvar su agenda de neutralidad energética, tras desplegar 1,9 billones de dólares de ayudas en 2021 e impulsar el tipo tributario mínimo del 15% sobre los beneficios de las empresas en el seno del G20.

Con asunción global, Scholz nacionaliza gigantes gasísticos germanos como Uniper en su intento de evitar el colapso energético. Por su parte, la Unión Europea desea topar el precio del gas a semejanza de España y Portugal, mientras la India de Narendra Modi lanza un programa de gratuidad de alimentos ante la carestía de la cesta de la compra básica.

Japón, al mismo tiempo, reedita su compendio de subvenciones a hogares y empresas para cubrir sus gastos energéticos, tras su enésimo plan de estímulo -el último en abril- y la intención declarada de su primer ministro Fumio Kishida de considerar otro programa de ayuda este mes de octubre.

Además, Australia y Nueva Zelanda ofrecen a sus ciudadanos coberturas de parte del coste de vida adicional que les reporta sus elevadas inflaciones.

Alan Crawford explica en Bloomberg que el fervor intervencionista ha vuelto como nunca desde los años ochenta fruto de una correlación de sucesos que surgió con los rescates a la banca tras el credit crunch de 2008, que aceleró una desigualdad entre ricos y pobres de un nivel inaudito en décadas. Siguió con el inicio de la covid-19, cuando EEUU tuvo que emplear el 25% de su PIB en sacar a su economía de la gran pandemia y se ha consolidado por una espiral inflacionista de especial virulencia que ha dado lugar a que la India ofrezca gratis arroz y trigo a 800 millones de sus ciudadanos por una factura presupuestaria anual del 9% de su dotación total.

En esta dirección, desde la UE empiezan a emitirse criterios favorables a una mutualización de la deuda asociada a la crisis de los carburantes fósiles, a otra oleada de recursos destinados a la diversificación del mix energético o a generalizar los repuntes salariales de la clase media y de los trabajadores. Scholz y Pedro Sánchez han hecho causa común en su reciente cita bilateral en Galicia. Ambos plantean cuidar los salarios de la clase media para frenar a la ultraderecha.

Berlín se ha convertido en estandarte, además, de las nuevas inyecciones de ayudas a familias y empresas con una dotación de 200.000 millones de euros. Si en la crisis de la deuda la canciller Angela Merkel se erigió en la defensora de la austeridad, en esta ocasión lo ha hecho su sucesor, que también ha emprendido el camino de la nacionalización de gasísticas en quiebra o en riesgo de suspensión de pagos. Sánchez y Scholz plantean cuidar los salarios de la clase media para frenar a la ultraderecha.

Las palabras del entonces presidente del BCE, Mario Draghi, en julio de 2012, de que "haría todo lo posible para salvar al euro" (con políticas monetarias expansivas y tipos cercanos a cero que contrarrestaron los ajustes impuestos por la ortodoxia liberal de socios del centro y del norte de la UE), y que ahora ha hecho suyas el Banco de Inglaterra para evitar la caída de la libra a los infiernos, parecen congeniar igualmente con los intereses de Alemania, la locomotora europea. Su titular de Economía, Robert Habeck, acaba de prometer que "el Estado podrá en liza todo su arsenal" para minimizar las disrupciones en el suministro del gas natural y en los recibos eléctricos.

A diferencia de los ochenta, advierte Jacob Kirkegaard, analista de Peterson Institute, cuando el déficit fiscal engordó por los efectos de la inflación, las arcas estatales y la capacidad financiera de los países han cambiado lo suficiente como para abordar "el sentimiento del mercado de que las economías requieren de intervenciones oficiales" que se ha apreciado con el affaire británico y que "se ha instalado como no se recuerda desde el comienzo de la Guerra Fría".

No en vano, la factura que la crisis energética traslada a los contribuyentes europeos (más Reino Unido) será superior al medio billón de euros, según calcula el think-tank Bruegel: el 2,5% del PIB de la UE y más de la mitad de los fondos del Plan de Recuperación de la covid-19.

Un debate permanente. Como el que crea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, capaz de ensalzar el alivio fiscal a los ricos de Reino Unido en Twitter el día que se ofreció su recorte impositivo y de borrar toda alusión ideológica y cualquier comparación con la política económica de su Ejecutivo en la red social en menos de 48 horas.

Todo ello pese a que en The Economist aclaran que "el mundo entra en una nueva era", que reclama "rescates para todos" ante la gran afrenta energética y geopolítica rusa que ha elevado en un 45% el precio de la energía en toda la UE desde que, el pasado otoño, se iniciara la escalada de precios del gas y de la luz, preludio de la galopante espiral inflacionista en marcha.

Goldman Sachs ha cifrado en cerca de dos billones de euros el coste adicional del recibo energético europeo respecto a 2021, cantidad similar a la del tamaño de la economía de Italia, la octava mundial, y que afecta a pensiones, salarios y a los costes productivos y del consumo, en el lado de las familias, y a las inversiones y al cash-flow de los tejidos empresariales nacionales.