El Real Decreto sobre Propiedad Intelectual que ha aprobado el Gobierno [del que sólo hay nota de prensa pero no el texto oficial de la norma], según anunciaba el ministro de Cultura Miquel Iceta la semana pasada, "responde al consenso que se alcanzó en Europa", es decir: las plataformas serán responsables de los contenidos que alojen (Facebook, Twitter o Google, por ejemplo, con el riesgo que supone de posible 'censura previa' o algorítmica de esos contenidos), y se deberá pagar a la prensa por compartir sus contenidos, derechos estos últimos cuya gestión deja de ser exclusiva de CEDRO.

Ni el Gobierno ni el Ministerio de Iceta han adelantado nada acerca del contenido de este decreto antes de su aprobación, que sin duda afectará de una forma u otra a los usuarios de internet. O sea, a todos. Desde Público hemos intentado sin éxito acceder al texto de la normativa mediante una petición al Ministerio de Cultura, que ha rechazado. Habrá que estar pendientes, por tanto, de su próxima publicación en el BOE.

Con más de medio año de retraso respecto del límite establecido por la UE, el Ministerio de Cultura ha logrado la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto que traspone la Directiva 2019/790/ sobre derechos de autor en el mundo digital.

Iceta se negó la semana pasada (casualmente mientras participaba en la presentación de un informe sobre 'piratería' digital en España) a adelantar nada de su contenido, pero sí dijo que "va a responder bien a las demandas que desde hace tanto tiempo se hacen y sobre todo va a responder al consenso que se alcanzó en Europa sobre un tema tan importante como este", informa EFE.

El actual titular de Cultura tomó su cartera el 12 de julio y, haciendo gala de su conocida hiperactividad, terminó rápido durante el verano la tarea que había sido encomendada. De esta manera, el decreto podría pasar de llamarse "Ley Uribes" a "Ley Iceta", sin que haya cambiado nada en cuanto a la transparencia en el proceso.

Para los activistas de la plataforma Xnet, una de la más activas contra esta regulación, "que se legisle el 'copyright' por decretazo, sin un trámite democrático que de lugar a enmiendas, como si se tratase de una emergencia nacional, sin interpelar a la sociedad civil organizada que se ocupa desde hace décadas de estas cuestiones con el objetivo de proteger el derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, muestra hasta qué punto esta ley es probable que represente principalmente intereses gremiales y de clientelas partidistas, más que al interés común".

Desde la Plataforma por la Libertad de Expresión (PLI), su director legal, el letrado Carlos Sánchez Almeida afirma en un comunicado que "se establece la censura algorítmica para los contenidos en Internet y la posibilidad de que un robot tome decisiones sobre derechos fundamentales que deberían tomar los humanos: se podrán retirar contenidos bajo la única actuación de un robot".

"Entre los aspectos que la PLI considera irrenunciables", añade, "se encuentra que cualquier retirada de contenidos de internet cuente con las mismas garantías en el ámbito digital que en el físico". "Esta Directiva, además, se  traspone sin la adecuada transparencia y sin diálogo con la sociedad civil", denuncia el abogado.

Los puntos polémicos de la Directiva

Cuando se desvele el texto de este Real Decreto tan 'misterioso', y si nos atenemos a las palabras de Iceta, veremos trasladados a nuestra normativa algunos puntos de la Directiva que ya en su día generaron polémica entre activistas y partidarios de una red libre y abierta:

a) Pagar por mostrar información

Por un lado, el artículo 15 de la Directiva pretende obligar a todo sitio web o aplicación comercial —tanto grandes buscadores y agregadores de contenidos como cualquier sitio que contenga publicidad— a pagar una licencia a los editores de prensa por recoger citas a noticias que sean algo más que palabras sueltas o fragmentos muy cortos.

De este modo, se podrá obligar a Google, Facebook o Microsoft, y agregadores como Menéame, a pagar a los editores por mostrar fragmentos largos (mayores que un snippet) de obras protegidas, una especie de ‘Canon AEDE’ paneuropeo. 

Cultura ha optado por no pronunciarse sobre la gestión de este derecho, de modo que los editores podrán negociar directamente con las plataformas o de manera colectiva, según elijan de manera voluntaria. Se tata de todo un mazazo para la entidad de gestión de derechos de autor CEDRO, que ha presionado para que sea obligatoria la gestión de los derechos ya que es la entidad que se dedica a eso.

Para la mayoría de los editores de medios en España, esto supone una ventaja. Arsenio Escolar, el presidente del Club Abierto de Editores (CLABE), que agrupa a un millar de medios de comunicación como Público, El Español o Eldiario.es, se ha mostrado satisfecho: "Los editores de medios de comunicación recuperamos las riendas de la gestión de nuestros derechos [hasta la fecha en manos de CEDRO], secuestradas hace unos años por una ley que en CLABE siempre consideramos injusta y lesiva".

b) Peligro de 'censura algorítmica'

Por otro lado, el artículo 17 busca evitar que los usuarios cualquier plataformas sociales de publicación de contenidos (redes sociales), como Twitter, Facebook, Instagram y aplicaciones comerciales, publiquen material infractor, con una serie de excepciones como la educación, la cita y la parodia. En decir, con carácter general, necesitarán del permiso de los autores ya que les considera ya no sólo prestadores sino responsables de lo que se publica ahí. Y eso se ha trasladado al Real Decreto, según la nota del Ministerio.

Así, existe el temor de que plataformas de publicación online como Facebook, Twitter o eBay se vean obligadas a la instalación de filtros para evitar que los usuarios suban materiales con derechos de autor, algo que ya hace YouTube con ID Content, por ejemplo, o Instagram, mediante sus propios algoritmos.

Y por ello, el principal riesgo es que se termine produciendo es la llamada 'censura algorítmica': esas empresas echarán mano de robots —el volumen de lo que se publica allí es tan grande que es imposible hacerlo a mano— para identificar (y evitar) posibles violaciones de derechos de autor de lo que usted o yo subamos a las redes antes de que se publique, por si acaso. Unos filtros que, como se ha demostrado, fallan.

En Europa

La trasposición de la normativa ha sido conflictiva en varios países, no sólo desde los activistas sino desde la propia industria cultural. Francia fue el primer país de la Unión Europea que traspuso a su legislación nacional la directiva europea de derechos de autor, y justo es este caso el que los creadores españoles no quieren que se replique aquí, informa EFE.

La plataforma 'Seguir creando', que agrupa a más de 45 asociaciones de creadores españoles (la misma 'industria cultural' de siempre), teme que de aplicarse el modelo francés se instauraría una práctica basada en "acuerdos opacos, sin transparencia alguna", entre plataformas y empresas.

De ser así, y según los creadores, se instalaría en España la "ley de la selva" en internet "imposibilitando" que —según citan literalmente de la Directiva— “los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa reciban una parte adecuada de los ingresos que las editoriales de prensa perciban por el uso de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información".

Prensa y contenidos informativos

También en Francia, la ley establece que los creadores de contenidos informativos tienen derecho a recibir una compensación económica por parte de quienes reproduzcan total o parcialmente sus productos, aunque la forma en que se definieron esos contenidos no fue del todo precisa y dio lugar a interpretaciones.

La medida obliga a las empresas de internet (como Google o las redes sociales) a negociar la concesión de licencias de reproducción de esos contenidos con los editores de publicaciones y con las agencias de prensa. Google recurrió esa obligación ante el Tribunal Supremo, que sentenció en su contra en 2020, tras lo cual negoció y alcanzó un acuerdo con la asociación que agrupa a los diarios franceses (APIG).

Posteriormente, Google fue multada en julio pasado con 500 millones de euros por la Autoridad de la Competencia francesa por no negociar de buena fe, decisión que fue recurrida por la empresa ante los tribunales.

Facebook y APIG anunciaron este mes un acuerdo para la obtención de licencias y el uso de contenidos por la red social, aunque no se divulgaron las cantidades pactadas.

En Alemania, Google ganó el pulso

El Bundestag (cámara baja alemana) aprobó el pasado 20 de mayo la ley para la trasposición a la legislación nacional de la reforma europea de derechos de autor. La norma fue impulsada por los principales grupos editoriales alemanes y fue considerada un éxito en la defensa de los derechos de autor; así, y tras su entrada en vigor, se obligaba a los buscadores de Internet a adquirir licencias de los editores de prensa germanos por difundir sus contenidos.

Pero por ahora ésta no tendrá impacto, ya que Google consiguió darle la vuelta a la situación y logró que la mayoría de los grupos editoriales del país le autoricen a seguir haciéndolo sin desembolsar un euro; el sector de los medios se dio cuenta de que no era una buena idea para sus negocios "desaparecer"  del índice del buscador más grande del mundo.

En Italia, la norma al Parlamento

En agosto, el Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto que reconocía la directiva europea sobre derechos de autor en su totalidad y que actualmente está en estudio en el Parlamento, antes de ser publicado en el Boletín Oficial y adoptado definitivamente.

El documento establece que las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, tendrán que disponer de la autorización de los titulares de los derechos cuando otorguen acceso público a obras protegidas por derechos de autor subidas por sus usuarios, con la excepción de enciclopedias online y otros textos de repertorio didáctico y científico.

Una de las normas principales es la compensación económica por parte de estas plataformas a los gestores de contenidos periodísticos y otras publicaciones por la utilización de sus artículos. Los usuarios que utilicen estas noticias para uso privado o no comercial no tendrán que pagar, ni tampoco aquellos que empleen hipervínculos, palabras sueltas o extractos muy breves.

Encima, tarde

España fue uno de la veintena de países expedientados por la Comisión Europea en julio por los retrasos en la incorporación de esta directiva de derechos de autor. Hasta la fecha, sólo Alemania, Hungría, Malta y Países Bajos han comunicado a la Comisión Europea la completa trasposición de la directiva.

Francia, Dinamarca, República Checa y Lituania lo han hecho parcialmente, mientras que el resto, entre ellos España, que al no haberla incorporado a su marco jurídico Bruselas les abrió un procedimiento de infracción el pasado 26 de julio.

El pasado mes de junio, antes de que terminara el plazo para trasponer la norma, la Comisión Europea publicó unas directrices para aclarar el equilibrio en internet entre el derecho a la propiedad intelectual y el de la libertad de expresión y el papel de las grandes plataformas para garantizarlo.

Directrices o puertas traseras para los gigantes

Plataformas como Facebook, Youtube o TikTok deberán llegar a acuerdos con los propietarios de derechos de autor para que sus contenidos se puedan seguir mostrando en sus páginas webs aunque, si no alcanzan ese pacto, estarán exentas de bloquear la publicación si demuestran que han hecho todos los esfuerzos para firmar el contrato.

Además, Bruselas explicó cómo deben actuar los algoritmos encargados de detectar el contenido sujeto a derechos de autor, uno de los aspectos más polémicos del texto: deberán ser capaces de detectar, por ejemplo, si un usuario ha colgado en Youtube una película completa grabada en el cine de forma ilegal. En ese caso, deberán retirarla. Pero no será así si una persona utiliza un pequeño fragmento de ese filme para comentarlo en un vídeo personal.

Los filtros tampoco podrán eliminar las fotografías o memes que se publiquen a modo de parodia, ni los enlaces en enciclopedias como Wikipedia que no tienen ánimo de lucro.