La Audiencia de València ha condenado a dos años de prisión a un hombre que subió a la red más de 40.000 libros, aunque no cumplirá la condena si abona una indemnización de 40.000 euros y no vuelve a delinquir.

El acusado puso a disposición de terceros de manera ilegal en la red más de 40.000 obras literarias protegidas por derechos de propiedad intelectual, motivo por el cual ha sido condenado, además, a una multa de tres euros diarios durante 18 meses y al pago de las costas del juicio.

La condena por un delito contra la propiedad intelectual se produce después de que el acusado haya llegado a un acuerdo con el fiscal y la acusación particular en virtud del cual reconoce los hechos y evita la celebración de juicio a cambio de una minoración de la pena y de la cuantía a la que deberá hacer frente.

Así, asume como probados los hechos relatados por la Fiscalía en su escrito de acusación, es decir, asume que es cierto que ha estado ofreciendo a través de varias páginas web títulos de obras literarias que cualquier usuario podía descargar de forma gratuita. Además, acepta que era titular de un dominio a través del cual se llevaba comisión por las ventas que generaba.

Casi 300.000 euros de perjuicio

El Fiscal calcula que generó un perjuicio económico de más de 290.000 euros al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), entidad que gestiona los derechos de la propiedad intelectual.

Por ello solicitaba para el encausado una pena de prisión de cuatro años y tres meses por un delito contra la propiedad intelectual, así como el pago de los perjuicios causados.

Finalmente, queda condenado a dos años y 40.000 euros de indemnización, una pena que asume también la acusación particular ejercida por CEDRO.

La acusación pública consideraba además a la pareja sentimental del acusado cómplice de los hechos, por lo que le pedía un año y seis meses de prisión, pero en virtud del acuerdo alcanzado este jueves ella queda absuelta.

Así, el tribunal ha leído este fallo, señalando que el pago de los 40.000 euros se realizará a través de cuotas, o a través de un abono mayor si el condenado, que está en paro pero inmerso en un proceso de ERE en su empresa, cobra una indemnización por despido y abona la responsabilidad civil con ella.

Durante los cinco años señalados como límite máximo para el abono, el ingreso en prisión queda en suspenso, siempre que el reo no vuelva a delinquir y haga frente a sus pagos, ha señalado también el tribunal.