Las organizaciones Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios han denunciado este viernes la devolución a Marruecos de un joven migrante de Costa de Marfil a pesar de que el Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas de Gran Canaria había ordenado suspender la deportación, que se produjo menos de dos horas antes de que el juzgado emitiera su auto de suspensión.

Según la información facilitada por ambas organizaciones, L. S, de 23 años, fue entregado a las autoridades marroquíes en Casablanca alrededor de las 23.30 horas del jueves, aunque su defensa letrada había solicitado medidas cautelarísimas que fueron admitidas por el juez, pero la Policía no esperó a que se pronunciara.

Las organizaciones alertan del riesgo que la expulsión supone para su integridad física y mental, y también de que abre "un precedente muy grave en las relaciones bilaterales hispano-marroquíes" por el que se vulneran derechos en aras de retomar las buenas relaciones en materia de control migratorio. En concreto, las organizaciones temen este tipo de deportaciones de migrantes de terceros países a Marruecos empiecen a ser habituales.

La deportación se realizó en avión después de que el joven marfileño estuviera internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde la Policía Nacional no permitió el acceso a sus abogados e intérpretes, tal y como había requerido el afectado durante los pasados martes y miércoles, cuando supo que su deportación era inminente.

"La Policía me informó de que no podían enviarme a mi país y que la Embajada de Costa de Marfil aceptaba mi expulsión a Marruecos. Pude ver el billete que había encima de la mesa y ponía Casablanca. Tengo miedo, Marruecos no es un país seguro para nosotros los subsaharianos", asegura el joven, según recoge el comunicado difundido.

El Ministerio del Interior asegura a Público que cualquier proceso de expulsión o devolución de migrantes se hace con el cumplimiento escrupuloso de la ley, mientras que fuentes policiales añaden que el deportado se encuentra en Marruecos haciendo escala para ser conducido a Costa Marfil, algo de lo que el joven nunca ha sido informado.

Detenido mes y medio después de llegar en patera

El joven llegó a Lanzarote en una patera el pasado 5 de julio y se le abrió un expediente de devolución. Sin embargo, no se decretó su ingreso en CIE para hacerlo efectivo, fue puesto en libertad y trasladado a Tenerife, donde pasó un tiempo en el centro de atención humanitaria Las Raíces. Poco después, el 17 de agosto, fue detenido nuevamente e internado por orden judicial en el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas, cuando había perdido contacto con su abogado de oficio, que estaba en Tenerife, por lo que no podía recurrir su situación.

Según las organizaciones denunciantes, se trataría de una deportación basada en un acuerdo bilateral con Marruecos que permite la entrega de nacionales de terceros países que hayan transitado por Marruecos en su travesía hasta España.

Sus representantes legales alertan del riesgo que esta devolución supone para la integridad física y mental de L. S., expulsado a un país que no es el suyo, donde carece de vínculos personales de ningún tipo y donde se han documentado tratos inhumanos y degradantes contra las personas subsaharianas tanto por organismos internacionales como por este mismo periódico. Aunque la Policía asegura a Público que su destino final es Costa de Marfil.

Deportación sin cumplir los trámites

Además de la suspensión decretada por el auto de Juzgado de Las Palmas, su abogada, Patricia Fernández Vicens, asegura que "no consta que el Gobierno español haya cumplimentado ninguno de los trámites previstos en el Acuerdo Bilateral con Marruecos [aplicado para la devolución a un tercer país] y el Sr. L.S no fue informado hasta 24 horas antes de que iba a ser devuelto". Sería un escenario similar al visto durante las devoluciones ilegales de menores marroquíes desde Ceuta, en el que no se cumplieron los trámites necesarios y han derivado en la imputación por prevaricación de la delegada del Gobierno en Ceuta y de la Vicepresidenta de la ciudad autónoma.

A nivel legal, es posible que un ciudadano de un tercer país sea devuelto a Marruecos en virtud del "acuerdo bilateral entre el reino de España y el reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente", vigente desde 1992. Sin embargo, las veces que ha sido utilizado para devolver a Marruecos a ciudadanos subsaharianos ha generado polémica por la opacidad con la que se llevan a cabo, por el desamparo en el que se deja a los deportados, por el trato que estos reciben en Marruecos y por controversias sobre los trámites necesarios.

En este caso, según el escrito de medidas cautelarísimas presentado por su abogada, al que ha tenido acceso Público, el Gobierno español no habría cumplido con varios trámites necesarios. En primer lugar, España tenía que haber realizado una petición formal de readmisión a Marruecos, tendría que haberla cursado en el plazo de diez días contados desde que el joven llegó a España. Marruecos tendría que haberla aceptado y emitir un certificado de sus autoridades fronterizas con los datos del retornado.

"Ninguna de estas prevenciones han sido objeto de cumplimentación por parte de las autoridades, no han sido notificadas al ciudadano y no obran en el expediente administrativo", asegura su abogada en el documento que pedía la suspensión de la devolución.

Tratos inhumanos en Marruecos

Al mismo tiempo, la letrada alega que el joven marfileño "forma parte de un grupo sistemáticamente expuesto a una práctica de tratos inhumanos y degradantes en Marruecos por parte de las autoridades de dicho país", lo que supondría violar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La abogada cita informes de organismos internacionales, del Comité de la Naciones Unidas y de ONG que dan cuenta de redadas violentas contra personas subsaharianas en Marruecos, su persecución y deportación arbitraria a otras zonas desérticas del país, y de graves abusos y malos tratos contra este colectivo de personas.

Quizás, la muestra más reciente y sangrante sea la tragedia vivida en la valla de Melilla el pasado junio, cuando murieron 27 migrantes subsaharianos, según datos de Marruecos, y de la que trascendieron imágenes y testimonios que daban cuenta de una extrema violencia y crueldad por parte de las fuerzas marroquíes.

Caminando Fronteras trata en estos momentos de retomar contacto con el joven marfileño, conocer su situación tras la deportación y averiguar si había intentado solicitar asilo.