Casi toda España debería estar aislada si se sigue la última recomendación de la Unión Europea (UE), lanzada este lunes: no realizar desplazamientos salvo que sean imprescindibles entre las zonas con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, solo cinco comunidades se librarían de este aislamiento: Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y Euskadi. Pero por encima de la cifra límite establecida por la UE, es decir, en riesgo extremo e incumpliendo además la recomendación europea de cierre perimetral, hay tres autonomías que todavía permiten cruzar sus lindes: Balears, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Sanidad no ha notificado si el Gobierno acatará estas sugerencias y ha declinado explicar a Público su posicionamiento al respecto, pero la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha escudado en las restricciones que aplican ya las comunidades autónomas. "En España las zonas con más incidencia ya han tomado medidas, y las más contundentes son los cierres perimetrales, que significa evitar viajes no esenciales. En algunas, incluso, entre pueblos y ciudades. No han esperado al mapa de Bruselas", ha dicho en rueda de prensa tras el consejo de ministros de Exteriores de la UE.

Sin embargo, la afirmación de la ministra González Laya no es rigurosa, porque hay zonas en riesgo extremo que no están cerradas. Son los casos de Balears, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Por tanto, para cumplir con la recomendación, los gobiernos autonómicos de esas tres comunidades —o el Gobierno central— tendrían que ordenar sus cierres perimetrales.

Como ocurre con el resto de medidas, la dureza de las restricciones depende de cada comunidad autónoma y hay Gobiernos regionales que las han adoptado más severas que otros pese a que su situación sea menos grave. Por esto hay comunidades cerradas, como Asturias, con una incidencia de 494 casos en los últimos días, y otras que no han cerrado, como la Comunidad de Madrid, con una incidencia de 946, o Extremadura, con 1.381.

En total, hay catorce regiones con una incidencia superior a los 500 casos y en seis de ellas está por encima de 1.000; la incidencia media en España se sitúa, tras los últimos datos conocidos, en 884 casos por 100.000 habitantes, muy por encima del umbral establecido por la UE.

Varias comunidades consultadas por Público ven bien que las regiones se cierren de forma obligatoria cuando se esté en riesgo extremo. De hecho, recuerdan que hay consejeros de Sanidad como los de Castilla y León, Euskadi, Asturias o Andalucía que llevan varias semanas pidiendo al Gobierno más restricciones ante el avance de la tercera ola.

El Gobierno se ha resistido hasta el momento a modificar el estado de alarma y a adoptar nuevas restricciones, aunque el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha pedido que se haga "un esfuerzo por implementar medidas de control" hasta que se baje la ocupación de las UCI. Simón ha alegado que todo apunta a que ya se ha doblegado la curva de la tercera ola, pero que aún quedan dos o tres semanas muy duras para los hospitales.

En cualquier caso, fuentes gubernamentales señalan que lo más probable es que se espere al Consejo Interterritorial de Salud del este próximo miércoles para tomar una decisión. 

La UE espera que los Estados miembros aprueben esta recomendación en las próximas horas para poder dar una respuesta "coordinada" al avance de la tercera ola, aliviar los sistemas sanitarios europeos y limitar los viajes únicamente a los esenciales entre las zonas reconocidas de riesgo extremo. Sin embargo, la propuesta de la UE no es más que una recomendación que los Estados miembros pueden aceptar y aplicar en sus países; y la decisión en España aún está en el aire.

El texto sobre la recomendación de la UE también propone que a las personas procedentes de zonas en riesgo extremo se les haga previamente un test en el país de origen y que tengan obligación de guardar cuarentena en el de destino. Regular esto, según fuentes gubernamentales, está más claro en el Ejecutivo, ya que fue lo que pidieron España y otros países cercanos en la última reunión de la UE.