Este martes dos mujeres, familiares de personas mayores fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, sin posibilidad de recibir atención sanitaria, denunciaban públicamente que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso les había reclamado el dinero de la residencia en la que estuvieron encerrados sus allegados antes de morir.

A apenas un mes de que prescribiera el cobro de esta "deuda", María y Ángela recibían una carta que les revolvió el estómago y les trasladó a los peores momentos de su duelo. Ambas se niegan a pagar por la "tortura" que vivieron sus seres queridos.

Al ver que sus testimonios habían sido recogidos por La Ser, y su indignación y tristeza había tenido tanta trascendencia, la Consejería de Asuntos Sociales envió un comunicado en el que explicaba que estaban "obligados" a exigir las "deudas pendientes" y que, además, la pandemia "no supuso una excepción" que eximiera de esta legislación estatal. En otras palabras, su justificación es que no tienen otra opción.

Dos expertos consultados por Público, que llevan estos cuatro años −desde que ocurrió todo en aquellos meses de marzo y abril de 2020−, siguiendo, acompañando y asesorando a las familias en este tipo de casos, sin embargo, consideran que no es así. De hecho, califican esta decisión de "incongruente" y hasta la observan como una "provocación" de la Administración de Ayuso. 

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

"La Comunidad de Madrid no puede reclamar cantidad alguna porque ella misma ha sido la que ha prohibido a los ancianos salir de las residencias hacia los hospitales. Es decir, ninguno de los residentes enfermos de gravedad quería permanecer en la residencia y tampoco los familiares de la residencia", argumenta Sardinero. Por lo tanto, "no pueden exigir el cobro si estaban encerrados y obligados a utilizar ese servicio", asevera.

Es más −continúa− "cuando los familiares pretendían acudir a los centros de mayores y se dirigían a las residencias con la pretensión de llevar a sus allegados enfermos a los servicios de Urgencia, se les impedía el acceso, alegando a los protocolos marcados por la Consejería. Las residencias, en vez de un lugar sociosanitario, se convirtieron en un lugar donde estaban obligados a morir", detalla. "No puedes, en definitiva, cobrarles por un servicio impuesto", razona Sardinero.

El letrado pone de relieve la "escasa" cantidad de dinero que se está reclamando, en comparación con otros cobros que "se dejan correr". A su juicio, además, no tiene sentido que se intente requerir por vía administrativa, "cuando estos asuntos están bajo la competencia ya de la Audiencia Nacional, que se ha reconocido competente para investigarlo", recuerda en conversación con este medio. 

La cuestión es que si la Comunidad de Madrid reclamara estos pagos en un juzgado, "probablemente lo ganarían", lamenta Carlos Vila. El abogado recuerda la gran cantidad de casos archivados por las muertes en las residencias durante la pandemia debido a los protocolos de exclusión, que impedían que se derivara a los residentes a los hospitales, salvo que tuvieran seguro privado.

Otra cosa es que el Gobierno de Ayuso "podría haber decidido, directamente, no reclamar el cobro, como hay muchas cosas en las que se les pasan los plazos y en los que la Administración Pública va tarde", ejemplifica Vila. Las cartas, además, suponen interrumpir la prescripción, advierte el letrado. 

En su comunicado, la Consejería relata que "dejar que prescriban estos pagos a favor de la Hacienda pública podría dar lugar a exigencias de
responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas y si, además, fuera de forma deliberada, constituir un delito de prevaricación". Con todo, Vila no cree "que la Hacienda pública les reclamara esas cantidades tan pequeñas, en términos de dinero público".

Es un acto que "parece más una provocación", sospecha. "Lo deciden en un momento en el que no paran de decir burradas sobre el tema y al límite de que prescriba, e interrumpen la prescripción para cobrar a la gente 900 euros. Parece una obviedad que lo cobran porque les interesa", expresa Vila.