Alrededor de doscientos colectivos vecinales, ambientalistas y sindicales de Galicia han convocado concentraciones y actos de protesta para este sábado en veinte municipios de la comunidad para exigir a la Xunta la paralización de los cerca de trescientos proyectos de parques eólicos que tramita actualmente el Ejecutivo gallego.

Agrupados en torno a la coordinadora Eólica Así Non y bajo el lema "En defensa de nuestras montañas" -Naciones Unidas declaró en 1992 el 11 de diciembre como día internacional de las montañas-, los convocantes alertan de lo que esta proliferación de parques de grandes aerogeneradores supone para la salud y los ecosistemas en las proximidades de zonas rurales habitadas.

"Las montañas gallegas son las principales víctimas de esta alocada y caótica oleada, ya que constituyen los lugares preferidos de las promotoras para colocar sus megaproyectos, despojándolas prácticamente de todos sus valores y funciones de carácter ambiental, paisajístico, cultural y socioeconómico", aseguran.

De la montaña de Ourense a la costa norte de A Coruña, pasando por el sur de Pontevedra y Os Ancares lucenses, los megaparques eólicos se han convertido en un negocio imponente para las industrias eléctricas, que gracias al sistema español de subastas pueden producir energía al coste más bajo para venderla luego al precio marcado por la fuente más cara, como las centrales de gas, fuel y carbón. Y sin el sobrecoste añadido de los derechos de emisión de CO2 que representan estas.

"Puede parecer contradictorio, ¿verdad? Personas que se autodenominan ambientalistas gritando contra el avance de las energías renovables", advierte el Observatorio Eólico de Galicia, un proyecto liderado por el Grupo de Investigación en Economía Ecológica, Agroecología e Historia de la Universidade de Vigo, entre cuyos objetivos figura ayudar a "cambiar el modelo de desarrollo energético dando una mayor participación a las comunidades rurale".

"El impacto de los nuevos parques es brutal", sostiene David Pérez, arqueólogo y portavoz de la plataforma Stop Eólicos de Xurés-Celanova, que pelea para evitar que Iberdrola levante molinos de 180 metros en el entorno del parque natural de la Baixa Limia-Serra do Xurés. "Hoy es un monte en perfecto equilibrio natural y paisajístico, pero la alteración será enorme, y también sobre el patrimonio cultural, porque aquí hay mámoas [sepulcros megalíticos], fochas de lobo [trampas milenarias de caza], petroglifos, caminos medievales...". "Es un modelo de explotación colonial", subraya.

Los molinos, que a finales del siglo pasado no se levantaban a más de treinta metros de altura, hoy pueden llegar a los doscientos. Obligan a efectuar enormes y dañinos desmontes, y su impacto y las molestias y problemas de salud que provocan donde se instalan se multiplican en proporción a la envergardura de los aerogeneradores.

En Galicia está permitido situarlos a un mínimo de 500 metros de una aldea, pero si las viviendas no están registradas como núcleo habitado, como sucede con frecuencia, las industrias aprovechan para recortar las distancias. Y no es lo mismo tener un molino de veinte metros de altura a medio kilómetro que uno de doscientos a poco más de cien.

Esa imagen verde de los megaparques, que no de la energía eólica, ha empezado a desmoronarse en Europa. A finales del pasado octubre un tribunal de Toulouse, en la región de Occitania, al sur de Francia, condenó a las empresas propietarias de dos parques a indemnizar con más de 110.000 euros a Christel y Luc Fockaert, una pareja belga que habitaba en una vivienda en el parque natural del Alto Languedoc, donde se levantaron aerogeneradores ubicados a entre setecientos metros y 1,3 kilómetros de su vivienda.

Los Fockaert tuvieron que malvender su propiedad tras constatar los problemas de salud que les causaba vivir junto a esas moles. Según la sentencia, los daños no fueron sólo físicos, como los dolores de cabeza y los trastornos auditivos y visuales derivados de los sonidos, infrasonidos y vibraciones provocados por los molinos y las redes de alta tensión que los conectan. También psicológicos.

El tribunal reconoció que los Fockaert padecían el "síndrome del viento". "Las molestias acústicas y visuales que constituyen una degradación de sus condiciones de vida son constitutivas de una perturbación de tal naturaleza que se traducen en una molestia vecinal excesiva", decretó el juez.

La sentencia corrió estas semanas como la pólvora por las redes de las asociaciones ambientalistas y vecinales de Galicia, que el pasado junio ya habían reunido en Santiago a miles de personas en protesta contra los proyectos eólicos que promueve la Xunta.

El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo hizo oídos sordos. Su vicepresidente segundo y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, alega que a partir del mes que viene el Ejecutivo autonómico iniciará una moratoria de año y medio para la admisión de nuevos parques. Pero la estrategia tiene truco, porque no impedirá que se tramiten y aprueben los que se registraron en avalancha cuando la Xunta anunció a las eléctricas que habrá una moratoria.

Conde dice que la energía eólica debe ser "compatible con el medio ambiente y el sector primario" y que los megaparques significan vida y desarrollo para las zonas rurales. Pero quienes se oponen a ellos advierten de que el empleo que crean a nivel local es residual, por no decir nulo, y recuerdan que el Gobierno de Feijóo anuló el anterior plan eólico, aprobado por PSOE y BNG, que obligaba a las eléctricas a destinar el 15% de los beneficios de los aerogeneradores a proyectos industriales en las comarcas afectadas.

Según el secretario xeral de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Paulo Carril, los más de trescientos proyectos que tramita ahora la Xunta sumarán 10.000 megavatios de potencia instalada, es decir el 43% del objetivo en potencia eólica previsto en todo el Estado español para el año 2030. "Ni la Administración gallega ni la estatal han hecho nada para frenar esta invasión eólica", dice Carril, quien opina que la Xunta y el Estado la han facilitado "con normas y con financiación".

La oposición también se ha hartado de explicar que aunque Galicia es una de las comunidades españolas con más parques eólicos, está entre las que más cara pagan la electricidad. De hecho, resulta paradójico el caso de la fábrica de aluminio que la multinacional Alcoa tenía en San Cibrao, en Lugo, inmersa en un complejo proceso de cierre porque sus dueños aseguran que el precio que pagan por la energía les resulta demasiado caro y les impide ser competitivos. En cincuenta kilómetros a la redonda de la planta de San Cibrao hay más de 1.600 molinos.