De manera similar que en otras autonomías, el coronavirus golpeó con fuerza las residencias de mayores gallegas donde fallecieron más de 470 personas, que constituyen alrededor del 40% del total de muertes por la covid-19. En los últimos días, una denuncia interpuesta por la Asociación de Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) ha situado a Salvaterra de Miño (Pontevedra) como el centro de todas las polémicas por el "total abandono" de sus instalaciones, recursos y también personal, que retratan en fotografías. Las deficiencias de Salvaterra, al igual que las de una veintena de centros de DomusVi, ya fueron denunciadas en 2017.

El 27 de octubre el Gobierno gallego intervino la residencia de Salvaterra de Miño que llegó a acumular 110 contagios (84 residentes y 26 trabajadores). A día de hoy, el número de positivos en la residencia ronda los 90 casos activos y han fallecido más de 20 usuarios. La Consellería de Sanidade expuso los objetivos de la intervención: "Garantizar la calidad asistencial y la correcta protección de la salud tanto de las personas usuarias, como de las trabajadoras y trabajadores del centro". Sin embargo, 14 días después esto seguía sin hacerse realidad.

La denuncia que partió de Trega se elevó a la Consellería de Política Social, el departamento que gobierna Fabiola García. Las fotografías desmontan sus argumentos. Dos semanas después de que la Xunta tomase el mando del centro, la acusación revelaba el estado insalubre de las instalaciones con ancianos "encerrados bajo llave en habitaciones sin timbre", residentes que presentaban úlceras en un "90% de los casos" provocados por la inmovilidad y por llevar los mismos pañales durante horas (ya que no hay personal suficiente para cambiarles de posición y la ratio se vio disminuida por el contagio entre las trabajadoras). Ni las camas ni los aseos están adaptados a sus necesidades como así lo reflejan las fotografías, y el escrito también denuncia falta de sábanas y ropa para cambiar a los mayores.

La Fiscalía abre diligencias sobre la situación de Salvaterra

Por todo ello, la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias sobre la situación de Salvaterra, la misma que defendió Alberto Núñez Feijóo asegurando que la atención "sigue siendo adecuada". También en rueda de prensa aseguró que le sorprendió "mucho" que fuese "un anónimo" quien puso la denuncia. De hecho, la propietaria del centro, empleados y familias han firmado un documento en donde critican las "calumnias" sobre el servicio de Salvaterra y el trato a sus mayores tras la denuncia de Trega. "Las familias de la residencia de mayores de Salvaterra de Miño queremos expresar nuestra indignación y nuestro profundo pesar ante la información que se ha vertido sobre la atención y el cuidado de nuestras familias".

La Conferencia Intersindical Galega (CIG) denunció en 2017 la falta de personal y las carencias del centro y de la atención. Explican que el inicio de los problemas se remonta a 2016, cuando se recibieron las primeras 24 plazas que pagaría la Xunta y que derivaron en una "situación de acoso, de excesiva carga de trabajo y de absoluta falta de medios", así como una campaña de "despidos por parte de la dirección como represalias a las trabajadoras afiliadas de la CIG". Todo esto, según asegura la organización, se puso en conocimiento de Inspección de Trabajo, pero la Xunta miró para otro lado, al igual que ocurrió con varias residencias de DomusVi.

También el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo encontró trabas para contratar personal para Salvaterra. Algunas trabajadoras se negaron a ir o renunciaron una vez vieron en persona las condiciones del centro. "Entendemos que hay que dar asistencia a las personas mayores, todo el mundo tiene derecho y el personal del Sergas tiene que cubrir las plazas, pero no pueden encargarse de todo y tienen que ir en las mismas condiciones que las personas que van a trabajar a otros sitios", explica la secretaria general de CIG-Saúde, María Abuín. Incluso, a algunas trabajadoras no se le exigieron PCR para ingresar en el centro.

La situación de Salvaterra recuerda las residencias de la Fundación San Rosendo y DomusVi, las principales empresas que gestionan los centros de mayores privados en Galicia. Un informe del Consello de Contas de 2017 recogió la falta de trabajadoras en relación con el número de personal ofertado para la contratación, hasta 26 actas registraron que la ratio de personal era baja.

DomusVi se convirtió en un foco de coronavirus en Galicia y en julio un juzgado de Cangas (Pontevedra) abrió diligencias contra la consejera delegada de DomusVi España, Josefina Fernández, y con otros dos altos cargos de la Xunta, la jefa de los Servicios de Inspección de Mayores, María Berta Besada y el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Idelfonso de la Campa, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional. Fernández amparó la semana pasada en el Parlamento gallego la colaboración público-privada en el sistema de residencias en una tensa jornada de la comisión para reactivación económica y social tras la pandemia, que le costó duras críticas por parte de los grupos de oposición, BNG Y PSdeG-PSOE. La Consellería de Política Social también defiende su gestión de los centros de mayores y anunció que el Gobierno de la Xunta está elaborando un "nuevo modelo" de residencias, mientras que la situación en Salvaterra no hace más que empeorar.

Los grupos de la cámara continúan pidiendo explicaciones. La portavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, criticó en la comisión de reactivación dirigiéndose a la consejera delegada de DomusVi que "sus residencias se convirtieron en la cara más dramática de la pandemia con cientos de contagios y cientos de fallecimientos", y también señaló al PP como responsable al permitir y "promover" este modelo, que recibe grandes cantidades de dinero público. También el viceportavoz del PSdeG-PSOE, Pablo Arangüena, cuestionó el crecimiento de DomusVi en Galicia "a la sombra del PP" y pidió que sacasen a la luz las subvenciones que recibe de la Xunta de Galicia. La fortuna de DomusVi puede ascender a 1.000 millones de euros según señaló Arangüena, la misma que se favoreció "a partir de la privatización del negocio geriátrico público de las cajas de ahorro de Galicia".

Así las cosas, el presidente de la Federación Galega de Usuarios de Familias da Dependencia e Residencias (REDE), Paulino Campos, explica que el modelo actual de residencias "no estaba preparado para un segundo golpe" y que todo apunta a que sigan sucediendo "casos Salvaterra y casos DomusVI". "Los servicios de inspección de Política Social en Galicia son pueriles, hasta desvergonzados y crueles en sus resoluciones, es un departamento a fumigar", sostiene Campos.

A miércoles, el número de fallecimientos por coronavirus en Galicia se eleva a 1.092, uno de los últimos vinculado a la residencia de Salvaterra. "Las familias de las víctimas y de los supervivientes en este incendio pavoroso están desoladas, primero porque nadie les ha dado las explicaciones oportunas sobre lo ocurrido, y a veces con muy desagradables señales", apostilla Campos. En cuanto a las restricciones por coronavirus en la comunidad autónoma, 60 municipios permanecen cerrados y con la hostelería inactiva según las últimas medidas anunciadas por la Xunta de Galicia, que se extenderán hasta principios del mes que viene, ya que Feijóo tiene intención de abrir la mano en diciembre y salvar la Navidad.