Una providencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha enviado esta semana al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha vuelto a poner de relieve el retraso de años en el cumplimiento de las sentencias sobre el Algarrobico y los problemas que eso ha generado, entre ellos, la dilatación del proceso de derribo del hotel, levantado en zona protegida, según la interpretación que hacen las organizaciones ecologistas de todo el proceso.

El esqueleto del hotel, un símbolo del urbanismo salvaje y de la destrucción del litoral, sigue aún en pie a pie de playa —tal y como estaba en 2005, cuando la Justicia paralizó la obra—. Ahí está la mole, a pesar del amplio consenso que existe para su derribo —la Junta de Andalucía, por ejemplo, incluye desde hace varios años, este también, una partida en sus presupuestos para financiar la demolición— y de que los tribunales han declarado que se levantó en terrenos protegidos, allí donde nunca podría haberse hecho.

La licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras dio hace 21 años, es la clave del asunto. Esta aún sigue en pie, según asegura Greenpeace a Público, y si esta no se revoca, no se puede proceder a la demolición del hotel, según declaró el Supremo a finales de 2022.

En la interpretación que hace Greenpeace, el ayuntamiento, que hasta ahora se ha hecho el sueco con maniobras y excusas de todos los colores, debe liquidar ya la licencia y, como no lo hace, los tribunales deben aplicar sus propias sentencias, que declaran que el hotel se construyó saltándose la ley de costas y la protección de la que gozaba la zona en los planes de protección autonómicos. 

Así, esta misma semana, el TSJA, que lleva algún tiempo ya tratando de que el consistorio cumpla, requirió una vez más al Ayuntamiento de Carboneras y a su alcalde para que terminen de ejecutar una sentencia, la 2000/2016, que declaró que el sector donde se ubica el hotel debe "figurar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable".

En la providencia del pasado 25 de octubre, el TSJA expone que todavía hay errores en la documentación que remitió el ayuntamiento y le instan a una "pronta cumplimentación" de todas las "aclaraciones" que se le han exigido desde el mes de julio pasado en otras dos comunicaciones. 

El TSJA ha amenazado ya varias veces con abrir diligencias por un delito de desobediencia, que conlleva penas de prisión de tres meses a un año o de multa de seis a dieciocho meses, contra los gestores municipales —ahora del PP— si no se ejecutan sus decisiones. 

"Es increíble que una sentencia de 2016 no esté ejecutada todavía. El Ayuntamiento no ha cumplido ni una sola sentencia", expone a Público José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace. No solo ahora con Cs, sino antes con el PP y con el PSOE y con independientes ¿Por qué?

La clave del asunto, tanto para los ecologistas, como para otros juristas consultados por Público, está en que, si se revoca la licencia y se produce el derribo, el ayuntamiento debería asumir, con un alto grado de probabilidad, el pago de una indemnización millonaria a la empresa promotora del hotel, Azata, que obtuvo la licencia aún hoy en vigor. 

Estrasburgo

La otra pregunta que surge en este asunto es: ¿Por qué los tribunales no obligan a cumplir con sus propias sentencias, por qué no hacen que se cumplan de manera inmediata? La incomprensión y la falta de explicación ante esta situación explican, en cierto modo, la decisión de Greenpeace de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Hartos ya de los retrasos en el cumplimiento y del embrollo y amontonamiento de fallos judiciales que no han acabado por ordenar la demolición, los ecologistas decidieron, después de llevar el derribo al Tribunal Constitucional, en una demanda que no fue admitida a trámite, elevar el caso a la justicia europea, que ya estudia el asunto, según Greenpeace.

El tribunal de la Unión Europea, calcula la ONG, tardará años en resolver. Además, su recurso a Estrasburgo no cierra en absoluto la vía española, por decirlo así, porque las sentencias deben cumplirse y Greenpeace continúa con la tramitación, pero sí abre una puerta a dirimir un asunto que se ha alargado en España dos décadas ya. 

La demanda que ha presentado la ONG conservacionista en Europa va en dos direcciones. Por un lado, contra una sentencia del Tribunal Supremo, la que declaró a finales del año 2022 que la licencia continúa vigente y en la que, a pesar de exponer que, en efecto, la solución pasa por la "reposición" de los terrenos a su "estado originario", que "debió mantenerse inalterable", rechazó ordenar el derribo.

En su lugar, el Supremo ordenó que las "complicaciones jurídicas" deben resolverse a través de la "revisión de oficio" de la licencia. La sentencia del TSJA de 2016, con la que arrancaba esta crónica, tiene su relevancia en este contexto, según la tesis de Greenpeace, porque de aplicarse, el Plan Urbano de Carboneras recogería de una vez que el terreno donde se ubica el hotel es no urbanizable y por tanto, eso llevaría necesariamente a la revisión de la licencia. 

Este es el argumento completo que Greenpeace ha llevado a Estrasburgo. "El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas", expone la ONG.

"Con esta decisión, —continúa Greenpeace— el Supremo le otorga las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho que se considera muy grave y que supone una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos. Es un principio fundamental en todo Estado de Derecho que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras tienen efecto desde el día en que se publica el fallo".

"La primera sentencia firme —remacha la ONG— que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el PGOU fue publicada en el BOJA en noviembre de 2012. Supeditar los efectos de la sentencia a que el Ayuntamiento de Carboneras decida cumplirla y tramite el expediente administrativo de modificación del PGOU, supone trasladar a los consistorios la competencia de dar efectividad a las sentencias, privando así a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva".

Por otro lado, Greenpeace considera que una de las magistradas que lleva el caso en el TSJA, María del Mar Jiménez Morera, no es "imparcial" y pide su recusación. El argumento de la ONG ecologista es que esta participó en una sentencia de 2014 que declaró urbanizable el hotel, junto al exmagistrado Jorge Muñoz Cortés, uno de los abogados que hoy asesoran al Ayuntamiento de Carboneras. Esta sentencia de 2014 quedó sin efectos, porque luego fue anulada por el Supremo.