Que el río Queiles sufre un intenso deterioro conforme fluye desde la falda del Moncayo en Vozmediano (Soria), en el segundo nacimiento más caudaloso de Europa tras el del Rin, hasta su desembocadura en el Ebro en Tudela solo 45 kilómetros más al noreste es, más que un secreto a voces, una verdad oficial que sigue ahí, como si tal cosa, años y años después de haber sido certificada en papeles oficiales.

La Fiscalía General del Estado acaba de generar la expectativa de que por fin vaya a ser analizada en profundidad la batería de presiones contaminantes y extractivas que lleva décadas degradando el río. Y con ella depuradas las eventuales responsabilidades que puedan deducirse, al haber enviado a la de Zaragoza para que abra una investigación la denuncia presentada hace unas semanas en ese sentido por Ecologistas en Acción.

Esta se centra en el episodio de contaminación por un protozoo que desde hace más de un mes ha provocado más de medio millar de gastroenteritis en Tarazona, ha dejado sin agua del grifo a más de 11.000 vecinos de cuatro pueblos zaragozanos, ha obligado a alterar el suministro de otros tres navarros que suman 10.000 más y ha dejado en el aire el de otros cinco con 11.600 vecinos.

No obstante, lo que pone sobre la mesa la denuncia de los conservacionistas es algo más amplio que los vecinos de la zona llevan décadas sufriendo.

Se trata de la progresiva degradación de un río que soporta una intensa carga de actividades industriales, ganaderas y de abastecimiento cuya supervisión se disuelve en una maraña administrativa en la que intervienen tres comunidades autónomas (Castilla y León, Aragón y Navarra) y varios organismos estatales y a la que, quizás por derivar la abundancia en dispersión, se le siguen escapando episodios de contaminación.

"Una forma de actuar que parece reiterarse"

De hecho, la investigación abierta en Zaragoza se suma a otra iniciada el año pasado por la Fiscalía de Soria. En este caso, a instancias de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) y tras otra denuncia de Ecologistas en Acción, sobre la superación de la carga contaminante autorizada, y asumible por el río, por parte del Ayuntamiento de Ágreda (Soria).

Tanto este como el cercano de Olvega han sido sancionados en varias ocasiones por la CHE por los vertidos procedentes de sus respectivos polígonos. Algo que también le ha acarreado ya una condena de cinco meses de cárcel a D. C. A., responsable de la empresa Distiller, de esta última localidad, por verter residuos industriales en un colector de aguas pluviales, una práctica que esa investigación reveló como frecuente para varias factorías del recinto.

"Si bien la zona geográfica afectada por los hechos que se narran en esta ocasión no es la misma" que la que recibe los vertidos industriales, matiza la denuncia de Ecologistas en Acción, el episodio de los protozoos "no deja de resultar significativo por cuanto refleja una forma de actuar que parece reiterarse en el tiempo".

Esa operativa, resume, consiste en que "la contaminación se produce en unas localidades y provincias que no actúan con gran diligencia, y sus efectos la sufren otras situadas abajo que no tienen capacidad para intervenir en su resolución".

Esos hechos, anota, son susceptibles de generar "efectos graves sobre la salud pública y el medioambiente" y de "tener la consideración de ilícito penal contra la salud pública y el medioambiente en un ámbito supra-autonómico", ya que, como ocurre en el episodio del protozoo "afecta al ámbito territorial" de más de una comunidad "y en su control ambiental, sanitario, ganadero e hidrológico intervienen diversas administraciones".

Las presiones contaminantes y extractivas de la cuenca

A la espera de conocer la evolución de las pesquisas de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el listado de las principales presiones que soporta la cuenca del Queiles incluye ,además de los vertidos industriales (legales e ilegales) y urbanos (autorizados y no), los ganaderos de una de las principales piscifactorías de todo el Ebro prácticamente en su nacimiento y de 70.000 reses ovinas y bovinas a lo largo de su curso.

A eso se le añade un trasvase ejecutado en los años 40 bajo los auspicios del ministro falangista José Luis Arrese y que ahora, tras varias ampliaciones, se lleva hacia la Ribera navarra un caudal de casi cien litros por segundo (3,1 Hm3 en 2022) que deja de circular por el Queiles y reduce su capacidad de diluir las cargas contaminantes.

Completa el escenario el pantano del Val, que vierte al cauce principal desde el afluente del mismo nombre y que supone en sí mismo una impugnación de las políticas hidráulicas de las últimas décadas: sus aguas presentan tal grado de eutrofización por la acumulación de vertidos químicos y orgánicos que no resultan aptas para el riego, un uso descartado también en la práctica al resultar inasumibles para los agricultores los costes que deberían soportar.

Ese cuadro lleva varias décadas cronificándose en un río que, por sus reducidas magnitudes y las peculiaridades de su trazado, ha permanecido fuera de foco hasta que el tratamiento cuantitativo de los ríos, en el que primaban los kilowatios/hora de electricidad y los metros cúbicos de agua para riego que podían aportar, ha ido saliendo, aunque quizás no tanto como debiera, del primer plano de las administraciones.

El Queiles, cuya lámina de agua no suele superar el palmo de grosor, aportó el año pasado al Ebro en Tudela apenas 22 hectómetros cúbicos, el caudal que consume Madrid en seis semanas, tras recorrer 45 kilómetros por tres provincias y comunidades.

La documentada degradación del río Queiles

Esa escasa entidad es uno de los motivos que, por ejemplo, lo dejan fuera de los chequeos fluviales que realizan los técnicos de la CHE sobre sustancias peligrosas, aunque otros como el de seguimiento del estado de las masas de agua de la cuenca sí llaman la atención sobre su degradación.

La última edición de este, de 2020, indica cómo su estado ecológico se considera bueno desde su cabecera hasta que recibe la aportación de El Val, el cual, como el Queiles a partir de allí, presenta una calificación de moderado que cae a deficiente a partir de Novallas, aguas abajo de Tarazona.

Esa degradación de las calificaciones, prácticamente idéntica a la que arrojan los indicadores biológicos, no es nueva: el Informe Cemas ya advertía cinco años antes de que el riesgo de que el estado del río no cumpliera los parámetros de la Directiva Marco del Agua (DMA) era medio desde que recibía la aportación de El Val y alto a partir de Tarazona.

Otro informe del organismo de cuenca, como el último sobre la detección de plaguicidas, reseña la presencia de este tipo de residuos en seis ocasiones a lo largo del año pasado aunque en bajas concentraciones.

En ese escenario, el Gobierno de Aragón va informando de que la presencia del protozoo, del tipo Cryptosporidium y del que se han hallado rastros de origen tanto ganadero como humano en la red de agua de Tarazona, se está reduciendo aunque no acaba de desaparecer. Por ello mantiene el suministro de agua potable mediante depósitos tanto en la cabecera de la comarca como en el resto de poblaciones afectadas.