En 2013, la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, vendió al fondo de inversión Azora Goldman-Sachs 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública a cambio de 200 millones de euros. Una operación que cuatro años la Fiscalía de Madrid define como un proceso "trufado de irregularidades" y de la que deduce un delito de prevaricación y otro de malversación de  caudales públicos, según informa la cadena Ser. 

La Fiscalía está convencida de que los dos máximos responsables de la operación, los entonces directores generales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Ana Gomendio y Juan Van-Halen, cometieron delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En un informe que no deja títere con cabeza, el fiscal cree que esta operación de venta de vivienda "hace aguas desde la decisión de vender vivienda pública hasta el precio y el proceso de adjudicación elegido, pasando por el asesoramiento y el propio adjudicatario que se quedó con las casi 3.000 viviendas protegidas". 

De hecho, Ana Gomendio y Juan Van-Halen están siendo investigados desde hace más de dos años tras la apertura del caso en el juzgado de instrucción número 48 de Madrid.  Ambos han declarado ante el juez que no sabían nada de la operación, que ellos se limitaron a seguir instrucciones de la Consejería de Vivienda. Además, comparecieron en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, allá por noviembre de 2015 y Van-Halen presentó su renuncia en febrero de 2016 después de ser citado a declarar como investigado.

Según cuenta la Ser, el fiscal del caso ve "indicios de uso de artificio para la venta infraprecio" y considera que las pruebas "ofrecerían la imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".

El hecho de vender las 2.935 viviendas de golpe y no de forma individualizada a un fondo buitre, sin esperar a los preceptivos estudios "sobre cuál de las formas de enajenación hubiera sido más ventajosa para el sector público" es una prueba más que evidente para el fiscal. El máximo órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid ya criticó en su momento que las 32 promociones de vivienda fueran vendidas en un mismo lote y señaló que de haber programado la venta en lotes "podría haber incrementado sustancialmente los ingresos de la Administración". Al menos se podrían haber recaudadao 100 millones de euros más. 

La rapidez con la que se llevo a cabo la operación resulta sospechosa. La Ser asegura en su información que "para cuando Gomendio pidió la autorización al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se estaba reuniendo con los representantes de los fondos de inversión".

El fiscal considera que la operación fue un traje a medida para el fondo buitre: se hizo a espaldas de la administración, con rapidez, eludiendo los filtros de control de la mesa de contratación encargada de la adjudicación. El fiscal lamenta la existencia de "un vacío de explicaciones evidente". 

"Resulta raro y extraño que los bienes se declararan innecesarios"

En cuanto a la declaración de innecesariedad de los bienes, requisito para poder vender cualquier propiedad pública, el representante del Ministerio Fiscal sostiene que su "pobre" argumentación parecía "ordenada a cumplir formalmente con un requisito administrativo, no a atender al fin último de dicho trámite que no es otro que vedar la arbitrariedad en la venta de bienes públicos". 

De esta forma estima que esto "no puede ser más raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original", ya que "no deja de ser asombroso" que se declaren innecesarios unos bienes destinados a los fines propios del IVIMA: "la promoción y acceso a la vivienda pública". "Evidentemente, la declaración de innecesariedad tuvo una función exclusivamente financiera de obtener ingresos para la Administración", concluye.

"Entrada oculta y artificiosa" de Goldman Sachs

Por último, el fiscal analiza la "entrada oculta y artificiosa" de Goldman Sachs en la enajenación de los bienes a través de la sociedad Encasa Cibeles. Las promociones fueron adjudicadas al fondo de inversión Azora, que según el fiscal está participada íntegramente por ELQ Holdings, radicada en el paraíso fiscal de Delaware y controlada por Goldman Sachs.

Otro dato que resalta el fiscal es que el auditor independiente de ELQ es Price Waterhouse Coopers (PWC), "la misma quien a través de su filial española realizó labores de asesoramiento en el proceso de enajenación de las viviendas". El informe de asesoramiento, sin embargo, "se entregó después de la memoria justificativa de Gomendio" para la enajenación de viviendas, y por un precio de 71.390 euros. 

En definitiva, reitera que esta "entrada oculta refuerza la idea de la existencia de un artificio, "lo que viene a aumentar el secretismo y escasa transparencia y abona el camino a la más absoluta arbitrariedad" de la operación.