MADRID.- La Fiscalía ha mantenido este viernes la pena de 77 años de prisión para el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, como también han hecho las acusaciones que elevan las penas hasta los 126 años, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución del acusado por no quedar acreditada su autoría.

El Ministerio Público le considera responsable de tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones, por lo que ha elevado a definitivas las conclusiones en la vista oral que se celebra desde el pasado 18 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ha solicitado también cuarenta años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, que según recuerda sería de un máximo de 25 años, y ha reclamado una indemnización de 426.300 para las cuatro jóvenes por los daños morales causados y por las lesiones sufridas.

Ninguna de las dos acusaciones particulares, que representan a las familias de TP3 y TP4, han modificado sus conclusiones.

De esta forma, la acusación que representa a la familia de la segunda víctima, que fue agredida el 10 de abril de 2014, ha mantenido su petición de 126 años de prisión al imputarle al supuesto pederasta varios delitos más, entre ellos, dos homicidios en grado de tentativa.

Ha reclamado una indemnización de hasta 690.900 euros para las cuatro jóvenes y, al igual que el Ministerio Público, ha solicitado 40 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión.

La otra acusación particular que representa a la familia de la tercera niña, que fue agredida el 17 de junio de 2014, no ha modificado los 26 años de prisión que pide para el procesado, ya que solo le acusa por la menor que representa.

Sin modificaciones tampoco en ninguna de las dos acusaciones populares. La Asociación Clara Campoamor pide 78 años y seis meses de cárcel, mientras que la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, se va hasta los 115 años y tres meses.

La defensa también ha mantenido la libre absolución del acusado y ha solicitado la nulidad del registro realizado en el piso de la calle Santa Virgilia, al asegurar que no estuvieron presentes ni el detenido ni el letrado de la Administración de Justicia.

Del mismo modo, ha pedido la nulidad de las ruedas de reconocimiento ya que "fue publico y notorio" que se convocó una rueda de prensa una hora después de su detención en la que difundieron sus fotografías.

Una víctima, en riesgo de morir

Previamente a las conclusiones, han comparecido dos peritos judiciales que han cerrado la fase pericial de la vista oral, una de las cuales ha destacado que la niña de nueve años a la que supuestamente suministró tres pastillas tuvo un "riesgo vital", ya que debido a la elevada cantidad ingerida y a la edad de la menor, "las consecuencias eran imprevisibles".

En su declaración, ha manifestado que teniendo en cuenta el peso y la droga suministrada a la segunda víctima, denominada TP3, hubo "riesgo vital" que, según ha explicado, "podría haberla causado una alteración del sistema nervioso que hubiera puesto en peligro su vida".

Con su declaración, una de las acusaciones particulares trata de probar la tentativa de homicidio que le imputa al acusado, ya que sostiene que sí que hubo un riesgo de muerte para esta menor.

La niña de nueve años presentaba un cuadro de intoxicación considerable al haber ingerido tres pastillas de benzodiacepinas, que la produjo "debilidad muscular, aturdamiento y somnolencia", de forma que se durmió en menos de una hora.

Esta niña llegó a vomitar dos veces en la casa y una en el hospital, algo que en caso de no haber ocurrido la hubiera provocado una intoxicación mayor cuyas "consecuencias eran imprevisibles".

Con todo, ha querido dejar claro que debido a su estado la menor estaba expuesta a cualquier tipo de peligro, como ser atropellada por un coche o caerse por las escaleras.

Otros dos peritos que realizaron un informe sobre las zonas donde aparecieron las niñas tras ser agredidas han subrayado que esos escenarios "no fueron escogidos para dar seguridad a las víctimas", sino todo lo contrario.

"Son vías de acceso rápido para la huida, con el fin de preservar el anonimato o la huida del agresor", han agregado.

El juicio se reanudará el próximo 13 de diciembre con la exposición de los informes de cada una de las partes.