Las imágenes captadas estas pasadas Fallas en València retornan el debate sobre los límites de lo dionisíaco. Basura acumulada en el entorno de la Lonja de los Mercaderes —edificio declarado Patrimonio de la Humanidad—, macrofiestas celebradas al lado de Bienes de Interés Cultural y gente orinando sobre el patrimonio monumental como el Mercat Central, las Covetes de Sant Joan y la iglesia de los Santos Juanes. Todo ello en pleno centro de la ciudad.

El ambiente post-Fallas está caldeado. Las élites falleras apuntan hacia el consistorio en un comunicado en que consideran que el servicio municipal de limpieza ha fallado, que el ayuntamiento no ha contratado suficientes urinarios y que se ha gestionado mal la movilidad y la seguridad. Denuncian estar sometidos a un acoso por parte de políticos y medios, y reivindican libertad para decidir sobre la fiesta. Ya durante los días festivos se produjo un importante encontronazo entre ciertos sectores de la fiesta y ayuntamiento después que las comisiones de la sección especial eligiesen un jurado formado exclusivamente por hombres, hecho que fue criticado por representantes del consistorio.

Entre los firmantes del documento se encuentra la Interagrupación de Fallas, un colectivo que ha protagonizado una férrea oposición a la gestión de la concejalía de Cultura Festiva durante toda la legislatura. Cabe recordar que su presidente, Jesús Hernández Motes, fue fotografiado en la contramanifestación de la extrema derecha del 9 d’Octubre de hace dos años, que se saldó con graves ataques a varios jóvenes y fotoperiodistas.

Otras voces se suman estos días a las críticas. La Federación de Asociaciones de Vecinos afirma que no se han cumplido diversos aspectos del bando de Fallas en lo referente a música y terrazas de los puestos ambulantes. Lamentan falta de limpieza por parte de ayuntamiento, pero también incluyen a hosteleros y a las comisiones falleras que organizan verbenas, las cuales también han conllevado problemas de contaminación acústica. Asimismo, apuntan a la permisividad del botellón, al incumplimiento del horario para el lanzamiento de petardos y a una falta de dispositivos policiales.

Desde la concejalía de Cultura Festiva admiten confusión ante este primer balance por parte de algunas esferas falleras. Fuentes de esta área no dan crédito a que unos representantes que han pedido reiteradamente despolitizar la fiesta utilicen las Fallas como arma política. La concejalía encabezada por Pere Fuset recalca que el colectivo fallero es libre y que nadie les ha negado su autonomía. Es más, desde el ayuntamiento subrayan que, durante esta legislatura, las decisiones no se han tomado desde el despacho de un concejal y se ha avanzado en el diálogo entre los diferentes agentes implicados.

Como ejemplo, la concejalía defiende la creación de la Mesa de Diálogo Fallero, que por primera vez ha permitido que todos los actores se sentaran en una misma mesa con el objetivo de debatir y propiciar consensos que después se han traducido en acuerdos como la limitación de horarios para el lanzamiento de material pirotécnico. Según el consistorio, esta fórmula permite que los mismos representantes falleros, vecinales, comerciantes y hosteleros saquen sus propias conclusiones.

Y recuerda que existe la posibilidad de modificar el reglamento fallero a través de la convocatoria de un Congreso Fallero para plantear la autogestión de la Junta Central Fallera e independizarla por completo del ayuntamiento. Oportunidad que la Asamblea de Presidentes tuvo hace más de un año y que desaprovechó: el 86% de presidentes votó que no.

Desposesión de la fiesta popular

Pero más allá del ambiente caldeado de estos días, las imágenes de degradación patrimonial invitan a reflexionar, una vez más, sobre la orientación actual de la fiesta y el impacto de la masificación sobre la ciudad. Una discusión que enlaza con el modelo de ocio de masas contemporáneo que acaba desvirtuando el significado original de la celebración y la convierte en un producto de consumo y de ocio nocturno. Un fenómeno que, tal y como sostiene Gil-Manuel Hernández, de la Associació d’Estudis Fallers, no solo se circunscribe a las Fallas, sino que es similar en todas las grandes fiestas urbanas, como es el caso de los Sanfermines, la Mercè, las ferias andaluzas o las grandes semanas de las ciudades vascas.

Sin embargo, Hernández destaca la peculiaridad de las Fallas que la diferencia del resto de fiestas: su despliegue en toda la trama urbana de la ciudad (aquí cabría añadir, además, su prolongación en la gran mayoría del cinturón metropolitano), hecho que provoca un gran número de concentraciones humanas que pueden desembocar en mayor probabilidad de comportamientos incívicos. “Hace diez años el impacto de la masificación turística ya era evidente, incluso en barrios donde este año ha sido menor, como el Carme o Russafa”, relativiza Hernández.

Preguntado por el impacto de la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad, el profesor reconoce una consecuencia positiva y otra negativa. Hernández celebra que, cada vez más, el visitante se somete a una experiencia de las Fallas más cultural, con la dinamización de los museos falleros y las visitas a los talleres artísticos. Sin embargo, sostiene que la distinción de la UNESCO también convoca otro tipo de turismo más relacionado con la borrachera. A pesar de ello, Hernández afirma que el impacto cultural desestacionalizado supera al impacto negativo en tres días puntuales de fiesta en marzo. Una vía que el profesor cree que hay que seguir explorando en pro de la sostenibilidad social, económica, turística y medioambiental.

Porque otras Fallas son posibles. Lo vienen reivindicando decenas de colectivos durante mucho tiempo. Es el caso de las Falles Populars i Combatives (Fapoco), que desde 2002 han propuesto y llevado a cabo un modelo autogestionado y abierto de las fiestas y una crítica a la burocratización, estandarización y mercantilización de la fiesta popular. Preguntados por esta cuestión, denuncian la apropiación por parte de la industria turística de un patrimonio común, en este caso las Fallas. Argumentan que esto produce un efecto perverso de desposesión por parte de la ciudadanía que pierde el control y la "propiedad común" sobre su fiesta popular.

Según relatan los miembros de Fapoco, la explotación de las Fallas por la industria turística se ha descontrolado y se ha convertido en sobreexplotación. De esta manera, denuncian que se han perdido los puntos de pertenencia y corresponsabilidad que hace que la ciudad cuide su fiesta. “Y el disfrute de la fiesta bajo las dinámicas de consumo abandona los procesos de creación colectiva y popular que desde nuestra práctica entendemos centrales”, concluyen.

¿Impuesto turístico?

Bajo el paraguas de la discusión de estos días, ha resucitado también en el ámbito político institucional la idea de aplicar una impuesto turístico (la conocida como “tasa” turística), una herramienta habitual en muchas ciudades europeas que persigue la regulación de la llegada de visitantes, evitar efectos negativos por la llegada masiva de turistas y ayudar en el mantenimiento de las ciudades. La principal línea de fractura entre los socios de gobierno de València es la reversión. Mientras el PSPV-PSOE propone que este impuesto vaya directamente a subvencionar los monumentos falleros, Compromís especifica que la tasa debe revertir en los servicios municipales. Desde la concejalía de Cultura Festiva sostienen que si el turismo obliga a multiplicar esfuerzos y aumentar recursos para atender a toda la gente que visita la ciudad, tiene sentido que ese impuesto que se les aplicaría repercuta sobre servicios de limpieza o seguridad que van en beneficio tanto de los turistas como de los ciudadanos. La propuesta espera consenso.