El acuerdo definitivo sobre la polémica directiva del 'copyright' ha sido aprobado por el Parlamento Europeo a pesar de las presiones de activistas y grupos de internautas y, sin opción a discusión enmiendas. Las disposiciones que incluye esta norma marcarán de forma exhaustiva qué se puede y qué no se puede compartir en público en función de quién sea el dueño de contenidos. El próximo paso será su trasposición en cada uno de los países miembros de la UE. 

Tras más de dos años de tensas negociaciones por el gran rechazo que el texto ha despertado tanto entre algunas plataformas de internet como entre los pequeños creadores, la reforma salió adelante por 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, informa Efe.

Con el nombre de "Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital", este texto viene a actualizar las normas europeas vigentes sobre este tema desde 2001, cuando internet estaba en su primera infancia y la web móvil, las redes sociales y plataformas como YouTube no existían ni sobre el papel.

Manifestantes a favor de la directiva del 'copyright' fuera del Parlamento Europeo. EFE/ Patrick Seeger

Esta directiva busca una "armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre los derechos de autor" debido a la rapidez con la que se desarrollan las tecnologías.

De esta forma, pretende reforzar los derechos de los titulares de los mismos —la industria, no los autores— en un escenario en el que todos compartimos casi de forma instantánea información, obras, textos, fotos y vídeos, propios y ajenos. No obstante, dos de sus artículos pueden llegar a cambiar la relación de los ciudadanos con internet en Europa.

Futuras restricciones

Por un lado, el artículo 15 (durante su tramitación era el artículo 11) pretende obligar a todo sitio web o aplicación comercial —tanto grandes buscadores y agregadores de contenidos como cualquier sitio que contenga publicidad— a pagar una licencia a los editores de prensa por recoger citas a noticias que sean algo más que palabras sueltas o fragmentos muy cortos.

De este modo, se podrá obligar a Google, Facebook o Microsoft, y agregadores como Menéame,  a pagar a los editores por mostrar fragmentos de obras protegidas, una especie de ‘Canon AEDE’ paneuropeo.

El artículo 17 (durante su tramitación era el artículo 13), por su parte, pretende evitar que los usuarios cualquier plataformas sociales de publicación de contenidos, como Twitter, Facebook, Instagram y aplicaciones comerciales, publiquen material infractor, con una serie de excepciones como la cita y la parodia.

Así, plataformas de publicación online como Facebook, Twitter o eBay se verán obligadas a la instalación de filtros para evitar que los usuarios suban materiales con derechos de autor, algo que ya hace YouTube con ID Content, por ejemplo, o Instagram, mediante sus propios algoritmos.

Y por ello, el principal riesgo es que se termine produciendo es la llamada 'censura algorítmica': esas empresas tirarán de robots —el volumen de lo que se publica allí es tan grande que es imposible hacerlo a mano— para identificar (y evitar) posibles violaciones de derechos de autor de lo que usted o yo subamos a las redes antes de que se publique, por si acaso. Unos filtros que, como se ha demostrado, fallan.

Desde del colectivo Xnet, uno de los que ha abanderado la postura en contra de estas disposiciones, aseguran que hoy es un "día negro para los derechos civiles en la era digital". "Seguiremos luchando", comenta a este diario su portavoz, Simona Levi, que reconoce sentir "vergüenza porque los eurodiputados no han querido discutir las enmiendas para corregir los dos errores graves de esta directiva, sólo por cinco votos, algo que hubiese valido la pena para mejorar el debate democrático".

Por su parte, fuentes de Google comentaron en una nota escueta que "la directiva sobre Copyright ha mejorado pero seguirá provocando inseguridades jurídicas y perjudicará a las economías creativas y digitales en Europa". "Esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas", anuncian dichas fuentes.

¿A quién beneficia todo esto?

Para el abogado especializado en derechos de autor en la red David Bravo está bastante claro: "Los titulares de los derechos de explotación de las obras no son generalmente los autores, sino las empresas a las que los autores se ven obligados a ceder en bloque sus derechos para conseguir que sus obras puedan ser explotadas en el mercado", de modo que "esas mismas empresas ahora ponen a los autores como coartada para sacar las leyes que sólo les benefician a ellas".

En declaraciones a Público desde Estrasburgo,  a donde ha acudido con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Bravo recuerda que "el sistema de remuneración a los autores, artistas e intérpretes [también a los periodistas] obliga a que éstos cedan sus derechos económicos a cambio de unas migajas que es lo que llamamos "royalties", y hasta tal punto son migajas que la gran mayoría de autores o artistas no puede vivir de su trabajo precisamente por este sistema de distribución de los beneficios de las verdaderas titulares de los derechos (económicos), que son las cesionarias de los mismos. Eso es así desde siempre, desde antes de internet y con la llegada de internet".

A juicio de este letrado, estas compañías (editoras y distribuidoras) "han estado vampirizando a los propios autores, que después ponen como coartada para estas leyes; señalan con el dedo las consecuencias de sus propios actos y exclaman: 'Miren cómo están los autores, necesitamos leyes nuevas'". "Pero quienes dicen esto son las mismas empresas responsables de que los autores estén así", añade.

"Lo que habría que preguntarse", apunta Bravo, "es si este nuevo ataque a internet no es más que un movimiento organizado precisamente para evitar que ocurra lo que está ocurriendo: que muchos autores y artistas prescindan de estos 'vampiros' y decidan ellos mismos lanzar sus obras desde plataformas alternativas, de organizarse ellos mismos el negocio".

Para el letrado, si se estrangulan esas plataformas —como puede llegar a lograr la nueva normativa en Europa—, "lo que se consigue es que nuevamente los intermediarios habituales y tradicionales sean, por narices, la única vía que tengan los autores e interpretes para explotar sus obras en el mercado".