Europa ha puesto un palo más en las ruedas de su transición energética. Este miércoles el Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas y la nuclear dentro de la taxonomía verde, una decisión que, grosso modo, supone equiparar estas dos fuentes de energía a las renovables y permitir que compitan por recibir subvenciones y finanzas dirigidas a descarbonizar el viejo continente. 

A la espera de que el Consejo Europeo ratifique en los próximos días esta decisión, el cambio en el reglamento supone un desbarajuste en la hoja de ruta europea de la lucha climática, el denominado Pacto Verde Europeo, y en la estrategia Fit For 55 que establecía las emisiones netas para 2050 y una reducción del 55% de los gases de efecto invernadero para 2030. "Básicamente lo que ha hecho la Unión Europea es incluir el gas y las nucleares dentro de una taxonomía que regula qué tecnologías son aptas para la transición. Esto implica que el gas fósil y las centrales nucleares tengan acceso a financiación destinada a impulsar la transición energética", explica Eloy Sanz, investigador y profesor de ingeniería energética de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que considera que la reforma restará espacio de mercado a las eólicas y fotovoltaicas en Europa en favor de tecnologías poco rentables en términos climáticos.

Tanto es así que los ecologistas y expertos llevan meses denunciando que el nuevo reglamento incentivará la instalación de nuevas plantas de gas, un combustible que es el responsable del 25% del calentamiento del planeta por sus emisiones de metano y del que apenas hay yacimientos en Europa. Lo cual supone incentivar la dependencia energética del exterior que hoy lastra los mercados energéticos europeos.

Se trata, además, de una estrategia que asienta el uso de gas y de energía nuclear a largo plazo, pues podrán acceder a los mecanismos de financiación verde aquellas plantas de gas que se construyan de aquí a 2030 y que emitan menos de 270 kg de CO2 por KW/h. Esto quiere decir que el gas seguirá operando mucho más allá de la próxima década, pues las infraestructuras que se levanten tendrán que ser amortizadas, en parte introduciendo gases renovables como el polémico y cuestionado biogás o el hidrógeno verde. En el caso de las nucleares, se beneficiarán de la taxonomía aquellas que dispongan de un permiso de edificación de antes de 2045, lo que supone que las nuevas instalaciones seguirán compitiendo con las renovables más allá del ecuador del siglo XXI. "Estamos hablando mucho de la nuclear, pero el tema del gas también clama al cielo. Hablamos de infraestructuras en las que hay muchísimos intereses económicos. Se van a construir plantas de gas que no se van a amortizar en decenas de años y eso de transición ecológica va a tener bien poco", advierte el experto de la URJC.

"El gas no es verde en ningún momento de su vida"

Con el impulso de la nueva taxonomía verde, Europa no sólo pone obstáculos a sus planes de transición energética, también desoye a los científicos. Los expertos independientes que asesoran a la Comisión Europea enviaron a principios de año un informe donde cuestionaban el plan. "El gas no es verde en ningún momento de su vida", decían, para alegar que la reforma implicaría que las emisiones de estas plantas podría generar "un daño significativo incluso hasta después de 2036".

Por lo que respecta a la energía nuclear, los expertos defendían que la construcción de nuevas plantas "no asegura una contribución sustancial" para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, señalaban que este tipo de energía, debido a los riesgos que lleva asociados, incumple algunos de los requisitos básicos para poder entrar dentro de la taxonomía verde. Se trata de la imposibilidad de garantizar que no haya riesgos sobre el "uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular o la protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas". En otras palabras, los reactores llevan riesgos asociados, como los vistos en Fukushima hace una década, que podrían generar más daños que beneficios en caso de accidente o de un tratamiento inadecuado de los residuos.

En el caso de las plantas nucleares, además, hay dudas que van más allá del impacto ambiental y que tienen que ver con los propios tiempos de la transición energética pues, según el IPCC, desde que se planifica una nueva planta hasta que se conecta a la red pasan entre 10 y 20 años. De esta forma, las plantas que se comenzarán a levantar ahora, podrían llegar a estar listas en 2040, por lo que las garantías de producir energía sin emisiones se aplazaría unas décadas de las que el planeta, según la ciencia, no dispone. Además, son obras de alto coste que casi siempre salen adelante con el impulso de la financiación pública y con retrasos. Hinkley Point, en Reino Unido, es un ejemplo revelador, pues se convirtió en 2017 en la obra de ingeniería energética más cara de la historia con un coste de más de 24.000 millones de euros. A esta planta se suman otros proyectos marcados por los retrasos y los sobrecostes como Olkiluoto-3, en Finlandia, o Flamanville-3, en Francia.

Insistir en un "modelo fallido"

Para Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, el resultado de la votación supone "insistir en un modelo que ya se sabe que es fallido". "Esta decisión está a favor de los intereses de los lobbies energéticos", comenta la política. "Estamos viendo lo que genera la dependencia del gas: inflación y crisis climática, en definitiva, pobreza", valora. 

La decisión contrasta precisamente con los problemas energéticos que Europa tiene por su dependencia gasista de Moscú. "Putin se debe estar frotando las manos", valora Eloy Sánchez, que considera que esta nueva taxonomía contribuye a que se mantenga la dependencia del viejo continente respecto a Rusia y el resto de potencias fósiles.

Svitlana Krakovska, científica ucraniana del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ha apuntado también en esa dirección tras la votación de la Eurocámara: "La guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra pagada por los combustibles fósiles que calientan el clima y el Parlamento Europeo acaba de votar a favor de impulsar miles de millones de financiación para el gas fósil de Rusia. ¿Cómo es posible que eso esté en consonancia con la postura de Europa de proteger nuestro planeta y estar al lado de Ucrania? Los eurodiputados tuvieron la oportunidad de tomar medidas significativas contra la guerra y la crisis climática al mismo tiempo, pero decidieron no hacerlo".

No obstante, la decisión no sólo se vincula a esa supeditación energética respecto a Rusia, sino a las políticas de seguridad de suministro que Europa está tratando de impulsar en los últimos meses. Así, el reglamento permitirá que las los países puedan subvencionar con partidas del Green New Deal la construcción de infraestructuras de gas, como el caso de las regasificadoras que Alemania pretende erigir para traer combustible de EEUU o el gasoducto que Bruselas quiere relanzar en el sur de Europa para unir España con Francia y traer hidrocarburos de Argelia. La nueva taxonomía también permitirá que potencias como Francia sigan apoyando su economía en las centrales nucleares. De hecho, la primera ministra gala, Élisabeth Borne, ha anunciado la nacionalización de una compañía energética con la intención de potenciar la generación nuclear y distanciarse de Moscú.

Más volatilidad 

La apuesta en firme por el gas podría aumentar la volatilidad del mercado energético actual y la dependencia del exterior, pues no es un combustible abundante en Europa, en tanto que los Estados dependen en buena medida de los suministros que vienen del Argelia o de Rusia.

Según un informe publicado en noviembre por la consultora Aurora Energy Research –por encargo de la Fundación Europea para el Clima– apostar por el gas e incrementar la generación con este combustible podría conllevar, en algunos países de Europa, una subida notable en la factura de la luz de hasta el 44% para finales de esta década. Este informe vinculaba los datos al alza de los precios del CO2, vinculados a las energías fósiles, que podrían elevarse más de un 80% en los próximos años y condicionar la factura de la luz. Es decir, se trata de una proyección amable si se tiene en cuenta que no se atisbaba el escenario de guerra y su consecuencia sobre los precios.