Durante el primer semestre de 2014 España autorizó la venta de armamento a países que podrían haber utilizado ese material para cometer graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Es el caso, sobre todo, de Arabia Saudí, el segundo importador de armas de nuestro país y a quien se vendió material de defensa por valor de 240 millones de euros y se le autorizaron exportaciones por 45 millones, según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso y publicados por la Secretaría de Estado de Comercio.

Pero también de otros países como Bahréin, donde se han exportado armas por una cuantía total de 38,3 millones de euros, Egipto (24,5 millones), Israel (1,09 millones), Pakistán (348.637 euros), Venezuela (10.760.175 euros), Colombia (1,4 millones) y Ucrania (donde se concedieron licencias de 11.000 euros para exportar material de defensa, otra de 160.050 euros para armas de caza y tiro deportivo y una última de 429.220 para escopetas, cartuchos de caza y pólvora).

Todos estos casos han sido catalogados como “especialmente preocupantes” por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en un informe que analiza la situación en cada uno de los países, ofrece recomendaciones y pide al Gobierno que los investigue. “El nivel de transparencia actual impide al Parlamento disponer de datos esenciales de las operaciones autorizadas y realizadas, lo que dificulta sobremanera su tarea de control del Ejecutivo”, dice el documento, firmado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermon. 

La ley de 2007 que regula las exportaciones de material de defensa y doble uso fabricado en España contempla que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales” de violación de derechos humanos. Además, España ha sido el primer país del mundo en incorporar a su legislación la ‘Regla de Oro’ del reciente Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que prohíbe autorizar transferencias de armamento para cometer atrocidades y que obliga a los países, a través de una comisión “objetiva”, a evaluar las operaciones para considerarlas adecuadas o no.

SOLICITUDES DENEGADAS

En los datos del primer semestre de 2014 sobre exportación de armas sí se reflejan varios casos en los que el Gobierno ha denegado la exportación de armas por motivos que tienen que ver con las excepciones contempladas en la ley. Por ejemplo, el Ejecutivo denegó la venta de cuatro aviones de transporte militar a Sudán del Sur, material antidisturbios (botes de gas lacrimógeno) para la policía de Egipto y cartuchos de caza a Guinea Bissau. También suspendió las licencias para material antidisturbios y cartuchos de caza a Venezuela y la suspensión temporal de licencias de armas de caza y tiro deportivo a Ucrania.

En la mayoría de los casos, el Gobierno argumenta la “situación de inestabilidad interna”, el “uso indebido del producto”, el “riesgo de desvío existente en el país de destino” o el “respeto a los derechos humanos” (en el caso de Sudán del Sur) como motivos suficientes para la denegación de estas exportaciones, criterios que no usa para la inmensa mayoría del resto de autorizaciones que sí fueron aprobadas.

Arabia Saudí, que lleva décadas en la diana de las críticas por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, es un caso paradigmático.

“Es un mercado muy deseado. Recordemos la gira que hicieron el año pasado el rey y el ministro de Exteriores. Esa es la agenda descarada y declarada del Gobierno y parece claro que el Gobierno tiene la intención de aumentar el mercado. En esto no ha habido muchas diferencias entre el PSOE y el PP”, dice a este periódico Alberto Estévez, experto en comercio de armas y consultor sobre estos asuntos de las cuatro ONG.

En cualquier caso, las denegaciones son todavía absolutamente excepcionales. En material de defensa representaron el 0,17% sobre el total y en la categoría de material antidisturbios, armas de caza, tiro y deportivo sólo el 1,2%. 

FALTA DE TRANSPARENCIA
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Aunque la legislación tiene en cuenta el factor humanitario, en la práctica son las razones comerciales las que siguen teniendo la última palabra. En el caso español, la comisión encargada de evaluar si el destino final de las armas que se van a exportar es sospechoso es una Junta Interministerial adscrita al Ministerio de Economía y presidida por el secretario de Estado de Comercio. 

“Una de nuestras recomendaciones es que en esa comisión haya más peso de expertos del Ministerio de Exteriores en derechos humanos”, dice Estévez.

Además, las actas que redacta esta Junta son secretas y la información oficial y pública que existe sobre las exportaciones no permite saber el uso final ni el destinatario.

“El Gobierno lo sabe y si quiere puede informar de quién es el destinatario, porque no es lo mismo mandar armas a la gendarmería francesa que a la argelina. Llevamos años pidiendo que nos digan a quién van las armas que exportan a Colombia. Pero hay un interés enorme en que esto siga siendo un negocio opaco. Desde luego la falta de interés del Gobierno en esto es realmente alucinante.”