España ha entrado al mercado armamentístico pisando fuerte en la última década. Desde 2004, las empresas españolas han multiplicado por 1.128% las exportaciones de material de defensa, tendencia que se reforzó en 2013, cuando ingresaron 3.907 millones de euros, doblando las cifras del 2012 (1.953 millones).

Estos números han convertido a España en el séptimo exportador internacional de armas, según los datos del Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, acaparando el 3% del mercado global. Estas cifras estarán lejos de reducirse en los próximos años, puesto que en 2012 el Gobierno otorgó licencias a la industria para exportar otros 7.694 millones de euros, tal y como recoge el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en un informe sobre las exportaciones de armas españolas durante la última década. Estas autorizaciones se harán efectivas en los próximos años, cuando las empresas vayan entregando el material comprometido.

En su reporte (¿Promueve el Gobierno exportaciones ilícitas de armamento?), el Delàs recalca que "más de un tercio de las exportaciones de armas en 2013 se realizaron a países de Oriente Próximo y, especialmente, a países del Golfo Pérsico". Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y coautora del informe, denuncia que estas exportaciones "son ilegales si nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de armas, debido a la situación de inestabilidad existente en la región". 

Vendiendo muerte y represión

A pesar de que la Ley 53/2007 obliga a rechazar las autorizaciones para exportar armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, el Gobierno no impidió la llegada de material de doble uso a diversos países sobre los que las organizaciones proderechos humanos mantienen encendidas las alertas.

De esta forma, en 2013 España exportó 406 millones de euros en armas y material policial a Arabia Saudí, acusada por Amnistía Internacional de "reprimir a quienes piden reformas políticas" así como a "activistas y defensores de los derechos humanos", restringir "con severidad la libertad de expresión, asociación y reunión" o aplicar "condenas de flagelación", además de ejecutar a 79 personas en ese mismo año.

La industria española ha vendido material de doble uso a Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Egipto, cuyas fuerzas de seguridad reprimen a manifestantes

Otro de los destinos del material español, Emiratos Árabes Unidos, donde se exportaron 717 millones de euros, mantuvo recluidos a "90 detractores del Gobierno, sin cargos ni juicio" y condenó a muerte "a 21 personas como mínimo", según la ONG. En Egipto, otro de los principales compradores con 126 millones, 28 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, que "usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después denunciaron tortura u otros malos tratos bajo custodia", acusa Amnistía Internacional.

El pasado verano, el Gobierno se vio obligado a paralizar "cautelarmente" la venta de armas a Israel por la presión social surgida a raíz del conflicto en la franja de Gaza. Otro caso que saltó a las portadas internacionales fue la vinculación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la empresa que vendió bombas de racimo a Libia en plena Primavera árabe. 

Exportaciones a cualquier precio

"El Gobierno, a mi juicio, está promoviendo una clara política de fomentar las exportaciones a cualquier precio. Les da igual que se exporte a países que no respetan los derechos humanos, a países autoritarios, a países donde haya riesgo de desvío…", asevera Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

"El Gobierno está interpretando la ley de una forma muy poco exigente, muy laxa, para favorecer las exportaciones. El truco está en decir que lo que venden no es armamento letal. Aparatos como gafas de versión nocturna y material de ese estilo, que aunque no matan directamente, sirven para matar mejor", explica el profesor. 

Las actas del organismo que autoriza la venta de material bélico son secretas

Melero denuncia que la fiscalización de la actuación del Gobierno en la venta de armas es muy complicada. "Hay una opacidad increíble en esta materia", revela Melero, puesto que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza la venta de material bélico, son secretas. Además, explica el profesor a este medio, la venta de armas a países que violan los derechos humanos no es la única pista que señala que el Gobierno ha adoptado la política del "vale todo" en las exportaciones de material de Defensa.

Bronca del juez Ruz con la Abogacía por Defex

El juez Pablo Ruz, así como el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, han estado desde 2013 sobre los pasos de Defex, la empresa pública dedicada a la intermediación de la venta de armas. El motivo es una venta de material policial a Angola, por la cual los tres directivos de Defex, designados por el Gobierno, han sido imputados por corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. 

La Audiencia Nacional ha imputado a Defex por corrupción en transacciones internacionales, fraude fiscal y blanqueo

Según la investigación, los tres directivos participaban, junto a un general angoleño, en una trama para desviar unos 41 millones de euros de la venta a Luxemburgo —de un montante total de 153 millones—. A pesar de las protestas de la Abogacía del Estado, la Audiencia Nacional ha avalado la tesis de Ruz y Saiz y ha imputado a Defex por corrupción en transacciones internacionales, fraude fiscal y blanqueo, convirtiéndola en la primera empresa pública que ha sido imputada. 

Defex se ha convertido en un campo de batalla entre la Abogacía, Ruz y el fiscal. Saiz ha cargado duramente contra Hacienda por su papel en la investigación (el caso fue denunciado por las autoridades luxemburguesas), mientras que la Abogacía ha amenazado al fiscal con posibles actuaciones contra él por sus críticas "sin fundamento" a la Agencia Tributaria. 

Para Melero, más allá de la disputa judicial, el caso Defex "es significativo" ya que supone "un caso claro de corrupción en materia de comercio de armamento". "A mi me plantea la pregunta de si España está utilizando comisiones ilegales para favorecer la exportación y venta de armas", confiesa el profesor, preguntándose qué mordida se llevaría el general angoleño involucrado en el caso.