El jefe de Policía de Cantabria, Héctor Moreno García, fue condenado por torturas en 1994 e indultado por el PP de José María Aznar. La sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Madrid nunca fue un lastre para la carrera de Moreno García, que continuó ascendiendo en la jerarquía policial hasta llegar a su actual destino. El caso de este comisario no es una excepción. Es más, la impunidad para los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad denunciados y/o condenados por torturas es una práctica habitual en este país llamado España.

Así lo atestigua, por ejemplo, José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía, del que ya no forma parte. "Esto es lo habitual en la Policía desde al menos 1980, que es cuando yo entré. Los ascensos a agentes que han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos forman parte de la cotidianidad. El problema es que prácticamente nadie les ha prestado atención hasta ahora", denuncia Sánchez Fornet, que pone como ejemplo el también reciente nombramiento como jefe superior de Policía en Castilla‑La Mancha de Félix Antolín, investigado por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por un presunto caso de acoso a un subordinado. 

Son dos casos recientes. Entre todos los policías disponibles, el ministro del Interior ha elegido estos dos para ser ascendidos. Sus razones tendrá, aunque de momento permanecen ocultas. Este periódico solicitó información al Ministerio del Interior por primera vez el pasado miércoles 12 de abril, pero todavía no ha obtenido respuesta. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también se ha dirigido por escrito a Interior, igualmente sin éxito. Ahora se ha sumado el PSOE, que ha solicitado la comparecencia del ministro Zoido. 

Sánchez Fornet, en conversación telefónica con Público,  justifica sus palabras anteriores echando la vista atrás. Pone como ejemplo, entre otros, el caso del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. Sería indultado en 1999. A pesar de esta condena, Sánchez Corbi continuó su imparable ascenso hasta coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Hace apenas un año, Sánchez Corbi señaló que "es injusto" que una persona como el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, "condenado por terrorismo" de ETA ahora "quiera ser lehendakari y pasar página". Sin embargo, él sí que pudo pasar página y no cumplir la condena que le impusieron los tribunales. "La democracia y la dictadura han sido lo mismo en este sentido. Ser un torturador y estar condenado no afecta a la carrera de un policía. Ojalá cambie y se comience a medir si un policía merece el ascenso según su expediente profesional y no otras consideraciones de amiguismo político", prosigue Sánchez Fornet. 

Así las cosas, este histórico sindicalista considera que no se debe pedir la dimisión del nuevo jefe de policía de Cantabria porque sería "hacer pagar" a Moreno García "los errores del modelo". En su opinión, los esfuerzos deben ir encaminados a intentar cambiar de raíz el "plano operativo de actuación de Policía y Guardia Civil".  "Es un problema de fondo. ¿La Policía para qué está? ¿Se pueden pedir 40 identificaciones por cada 8 horas de servicios? Recuerdo noches en las que los policías competían en Benidorm a ver quién identificaba a más ciudadanos", sentencia este policía.

El portavoz del SUP, Ramón Cossío, no ve inconveniente en el nombramiento del policía condenado por torturas como jefe de la Policía Nacional de Cantabria. "Se ha magnificado todo mucho. Moreno García viene de puestos de relevancia como la Interpol o la Udef. La condena por torturas es de 1994, era joven y se vería involucrado en algún altercado. En este tiempo ha hecho su trabajo con normalidad y con éxito", destaca Cossío.

El coordinador de la Agrupación Reformista de Policías, Luis Miguel L. Moreno, no comparte el criterio de Cossío. Moreno considera que este tipo de decisiones suponen una lacra para el prestigio de la Policía y señala que se debería haber elegido para el puesto a un miembro del Cuerpo que tenga un expediente limpio. "Que los hay y son mayoría", dice este policía, que considera que el actual modelo de nombramientos en la Policía está en muchas ocasiones marcado por "amiguismo político" y no por el "expediente y trayectoria de los agentes".

Asimismo, Moreno reivindica un cambio total en el modelo policial en el que la protección de los derechos de los ciudadanos se muestre en el centro de su actividad.

Los datos, desde luego, son preocupantes. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, plataforma integrada por 46 organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, ha contabilizado hasta 7.500 casos de personas que han denunciado ser objeto de torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

Amnistía Internacional también ha denunciado reiteradamente que la práctica de la tortura policial no es "sistemática", pero que tampoco se trata de casos aislados. Así, el informe Sal en la herida, de Amnistía Internacional, denunció un buen número de casos en los que ciudadanos habían sufrido abusos policiales, malos tratos y/o torturas sin ningún tipo de consecuencia para las carreras profesionales de sus abusadores.

Un ejemplo de estos casos es el que sufrió el ciudadano Driss Zraidi, que estuvo detenido y fue torturado en la comisaría de los Mossos de Roses. Los agentes le fracturaron varias costillas durante el interrogatorio. Tras presentar una denuncia, diez de los agentes fueron encausados y acusados de tortura y lesiones, y otros cuatro por torturas por omisión. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Girona absolvió a los agentes ya que era imposible determinar quiénes eran los autores de las torturas. Un testigo clave para determinar qué agentes eran responsables de las torturas cambió su versión a última hora. Casualidad. 

"En España hay un problema de falta de investigación efectiva de las denuncias de ciudadanos contra agentes de la autoridad por torturas y/o malos tratos. Y cuando se investiga y se logra que se juzgue a los agentes, las condenas previstas por el Código Penal son muy bajas. Y el colmo es que, en estos casos, los diferentes gobiernos han otorgado indultos a los condenados. Esta actitud del Gobierno supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado: prevenir y condenar los casos de tortura", explica a Público Patricia Goicoechea, abogada que ejerce de Vicepresidenta de Rights International Spain. 

La denuncia de Goicoechea se sustenta en datos. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar suficientemente denuncias de torturas en las que había indicios más que suficientes para iniciar una investigación. Asimismo, el Constitucional ha amparado hasta once casos de ciudadanos entre 2007 y 2016 que han evidenciado que los juzgados ignoraron sus denuncias a agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por malos tratos y/o torturas.

El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada también ha afirmado que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Estas declaraciones de Prada provocaron que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachara sus palabras de "infames" y pidiera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomara "algún tipo de medida".

Es más, la Asociación de Víctimas del Terrorismo pidió su recusación en dos de las causas de lucha antiterrorista porque, al parecer, era incompatible esa afirmación con la lucha antiterrorista. La Audiencia Nacional rechazó ambas. La actitud del Gobierno español en la lucha contra las torturas es, como se desprende de la anterior declaración, negacionista. El Ejecutivo niega la mayor y asegura que "tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil actúan con escrupuloso respeto a la legalidad en el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales".

Para apoyar esta frase, señalan que entre 2008 y 2013 un total de 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil se han visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas, y que de ellos las condenas firmes a los agentes sólo ascienden a 47. En opinión del Gobierno la baja ratio acredita que solo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo "denuncias de verdad".

La replica al Gobierno llega de la mano de la experta Patricia Goicoechea: "Que una denuncia sea archivada no significa que sea falsa. Significa que el denunciante no ha podido probar su versión, por lo que en esa afirmación el Gobierno se equivoca. Más todavía con el elevado número de casos en los que se ha demostrado que los juzgados españoles no investigan suficientemente este tipo de denuncias. Por lo tanto, lo que sí se puede decir es que en España se ha torturado porque ahí están las sentencias judiciales".

La experta de RIS también denuncia que los sucesivos gobiernos españoles han obviado prácticamente todos los consejos llegados desde instituciones internacionales dependientes de Europa o la ONU y que le recomiendan aumentar la prevención para evitar posibles casos de tortura. "Hay una evidente y clara falta de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos para acabar con esta práctica o con esta sospecha", dice Goicoechea, que pone de ejemplo la existencia de lugares sin cámaras en comisarías. "Eso sería bien fácil de aplicar y no se hace", señala. 

No obstante, sería un error pensar que las denuncias de torturas se producen única o mayoritariamente en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, el psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón y asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Pau Pérez, señala que la inmensa mayoría de las denuncias de torturas se producen en el ámbito de la represión de los movimientos sociales y de la inmigración, y que sólo un 10% de las denuncias tiene su origen en la lucha contra el terrorismo de ETA.

Mensaje de impunidad para torturadores

Ante tales circunstancias, una lectura evidente es que estas actitudes de los gobernantes lanzan el mensaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de que el maltrato a un detenido y/o la tortura no es algo grave que pueda acabar con su carrera de policía. Ahí están los datos de los 39 indultos concedidos por PP y PSOE a agentes condenados por torturas y el pasado no tan oculto de altos cargos de la Policía como los nombrados en este reportaje. O el del Sebastián Trapote Gutiérrez, jefe de Policía en Catalunya. 

Y por otro lado, también están los datos de la impunidad que acompaña a los policías que golpean a jóvenes en la cabeza después de sacarlos de un bar tras una manifestación o de aquellos en los que hay indicios más que suficientes para creer que han podido faltar a la verdad en sus atestados policiales. "El respeto del policía al ciudadano en España brilla por su ausencia", sentencia Sánchez Fornet. 

En estas circunstancias, no es baladí que un reconocido torturador como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sea protegido por el Estado español impidiendo su extradición a Argentina para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.