El Estado español aprobó en 2023 el 12% de las solicitudes de protección internacional, muy por debajo de la media europea, situada en el 42%. Así lo ha registrado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su duodécimo informe anual. La cifra tiene lugar en un año en el que ha aumentado el número de personas en busca de refugio por conflictos, persecución o violencia. En total, son 110 millones, en torno a 1,6 millones más que en 2022.

Según el informe, España registró la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de su historia en 2023 con un total de 163.220, lo que supone un incremento del 37,3% con respecto a 2022. Fue el tercer país receptor de solicitudes de protección internacional de la Unión Europea. Siete de cada diez personas que solicitaron protección en España procedían de América Latina: Venezuela y Colombia fueron los principales países de origen, seguidos de Perú, Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador.

La tasa de reconocimiento de protección internacional en España se redujo al 12% en 2023, cuatro puntos menos que el año anterior, lo que deja a España a la cola de la Unión Europea, y muy por debajo de la media europea del 42%. Cuatro de cada diez solicitudes se denegaron.

En total, se resolvieron 88.042 expedientes de distintos tipos de protección, un ligero incremento respecto a 2022, lo que consolida la tendencia creciente en el número de resoluciones desde 2019. Sin embargo, el número de solicitudes pendientes de resolución aumentó en un 56% con respecto al año anterior, con 191.095 personas a la espera de una decisión de la que dependen sus vidas.

A mediados de 2023, el 87% de las personas refugiadas procedían de diez países: Siria, Afganistán, Ucrania, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia y República Centroafricana. En comparación con 2022, hubo "un gran aumento de personas refugiadas afganas y ucranianas", destaca el informe de la CEAR.

La mayoría de las personas desplazadas siguieron la tendencia de buscar refugio en países vecinos, y el 75% se encuentran en los países más empobrecidos. Entre los cinco principales países de acogida solo hay uno europeo: Irán, Turquía, Alemania, Colombia, Pakistán y Uganda. Por primera vez, Irán se sitúa en esta lista por acoger –junto con Pakistán– al 90% de las personas que han tenido que huir del régimen talibán de Afganistán.

Rutas migratorias hacia la UE

Al menos 292.985 personas migrantes llegaron de manera irregular a la UE en 2023, un 54,5 % más que el año anterior. El 91 % lo hicieron por vía marítima, con Italia, España y Grecia como principales destinos.

Las rutas del Mediterráneo y del Atlántico volvieron a ser las más peligrosas del planeta, con más de 4.000 muertes y desapariciones, la cifra más alta desde 2017. La travesía más mortífera fue de nuevo el Mediterráneo central, que concentró un 60% de estos fallecimientos.

Un total de 1.129.800 personas solicitaron protección internacional en la Unión Europa, lo que representó un aumento del 17% con respecto a 2022. Un año más, Alemania, Francia, España e Italia fueron los principales países receptores, y concentraron dos terceras partes del total de solicitudes. Siria, Afganistán, Turquía, Venezuela y Colombia fueron principales países de origen. Además, en 2023 aumentaron las solicitudes de asilo presentadas por niños y niñas sin referentes familiares, un total de 41.495.

De acuerdo con la CEAR, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado definitivamente en 2024, "plantea grandes riesgos en materia de protección, profundiza el enfoque de externalización de fronteras y amenaza el respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas". La ONG afirma que este pacto "se centra en impedir, por todos los medios, que las personas lleguen y en expulsarlas lo más rápido posible".

Además, "no contempla de manera necesaria ampliar las vías legales y seguras para acceder a la protección", critica la CEAR. Esto "obliga a miles de personas a arriesgar sus vidas cada año", añade. La organización considera que la fase de implementación en España en los próximos dos años "es esencial para garantizar la máxima protección y bienestar a las personas que necesitan refugio".

Desplazamiento medioambiental

La crisis climática también provocó casi tantos desplazamientos internos durante el 2023 que los conflictos y la violencia: 26,4 millones de personas tuvieron que huir por motivos medioambientales. Estos factores incrementan aún más la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas y desplazadas, acogidas en un 76% de los casos en los países más expuestos a los efectos adversos del cambio climático.

Muchas personas desplazadas por conflictos, violencia o vulneraciones de derechos humanos se ven obligadas también a afrontar sequías, inundaciones, temperaturas extremas o desastres naturales en sus trayectos migratorios, como el terremoto que sacudió Marruecos en septiembre o las inundaciones de Libia ese mismo mes. En países como la República Democrática del Congo o Colombia, las actividades extractivas y la degradación ambiental recrudecieron la violencia y obligaron a miles de personas a huir, según advierte el informe.

La CEAR identifica ciertos avances en el reconocimiento internacional del desplazamiento ambiental en clave de justicia climática. No obstante, valora que todavía hay desafíos fundamentales, como "la falta de consenso en la terminología y la desprotección legal de estas personas, que requieren de una respuesta global urgente".