La legislatura avanza, ha pasado más de un año desde la toma de posesión del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pero no ha habido avances en la regulación del cannabis sobre la que se habían creado bastantes expectativas a raíz de la constitución de un ejecutivo de izquierdas. Y el malestar ha empezado a surgir entre algunas de las mismas formaciones que hicieron posible con sus votos ese gobierno, como es el caso de Esquerra Republicana, que ya se plantea pasar a la acción.

La formación independentista catalana, con el quinto grupo más numeroso del Congreso y decisivo actualmente en la composición de mayorías parlamentarias progresistas, está estudiando ya la presentación en la Cámara de un proyecto de regulación del cannabis, según ha manifestado a Público su diputada Marta Rosique, adscrita de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, quien prefiere no precisar el contenido de esa propuesta legislativa, todavía en fase de debate interno.

De esta forma, el grupo republicano amenaza a sus aliados de investidura con pasar a la acción si no toman antes ellos alguna medida para avanzar en el proceso de una regulación del cannabis en España que todavía no ha echado a andar y que sigue rigiéndose por leyes del régimen de Francisco Franco para la autorización de cultivos de esta planta con fines de investigación y de producción medicinal. Según Rosique, aún no han decidido tampoco si la propuesta la presentará sólo su grupo o junto con alguna otra formación de la Cámara. "Lo que vemos de momento es que el Gobierno español no hace nada, que en el PSOE parecen evitar hablar del tema y que en Unidas Podemos hablan, pero no hacen nada", dice la diputada de ERC.

En Esquerra se jactan, además, de que están a punto de contar con una baza más a su favor, la que supondría tener al frente de la Generalitat al que sería el primer presidente favorable a la regulación del cannabis, Pere Aragonés. Eso, a juicio de ERC, supondría un refuerzo de su política en esta materia y un acicate para promover cambios legislativos en el Estado sobre la marihuana.

Marta Rosique intervino esta semana en el Primer Congreso Científico Internacional organizado por el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), en una mesa en la que participaron representantes de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País y Compromís, y donde la diputada calificó como "preso político" al activista cannábico Albert Tió, que cumple una condena de cinco años de cárcel a causa de una intervención policial de la marihuana con la que se abastecía la asociación de usuarios Airam de Barcelona de la que él era secretario.

La diputada de Esquerra sostiene que el encarcelamiento de Albert Tió, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac), se debe a una "voluntad de criminalizar desde hace tiempo a este movimiento" a través del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, también conocida como Ley Mordaza. Tió fue, además, uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento catalán en 2017, declarada posteriormente inconstitucional por invasión de competencias estatales tras un recurso del PP. Y ERC, según ha manifestado su diputada a este periódico, considera esencial establecer un nuevo marco normativo que otorgue a las comunidades autónomas el marco competencial necesario para poder regular el funcionamiento de esas asociaciones, más de la mitad de ellas con sede en Catalunya.

A ello se suma que el Tribunal Supremo también ha rechazado la regulación de los clubes de usuarios de cannabis en Barcelona, la ciudad de España con el mayor número de asociaciones de este tipo. El pasado mes de noviembre, el Alto Tribunal dictó dos sentencias en las que declaró que el Ayuntamiento de la capital catalana carece de competencias para regular el funcionamiento de esas entidades mediante un plan municipal urbanístico aprobado en 2016 y que ha registrado la apertura de 218 clubes cannábicos.

Otras iniciativas en el Congreso

Aparte de la advertencia de Esquerra a sus socios de izquierda, que de momento es sólo eso, la única iniciativa que se encuentra en marcha en este ámbito en el Congreso de los Diputados es la petición del grupo del PNV para crear una subcomisión dentro de la Comisión de Sanidad que estudie los programas de regulación del cannabis medicinal que se han acometido en otros países con vistas a una posible legalización del uso terapéutico en España de la marihuana. Con esta propuesta, que ha sido admitida en la Comisión y está aún pendiente de ser debatida, el Grupo Vasco quiere poner sobre la mesa los derechos de los enfermos del Estado español a disfrutar de los mismos tratamientos con cannabis que reciben "miles de pacientes" de la UE y de otros países, como Alemania, Italia, República Checa, Gran Bretaña, Canadá, EEUU, Australia, Israel, Uruguay o Colombia.

La petición de la creación de una subcomisión surgió a raíz de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del PNV sobre las intenciones de acometer la regulación del cannabis para uso médico en el Estado español. En su contestación, el Ejecutivo alegó que necesitaba obtener evidencias científicas a través de ensayos clínicos antes de emprender cualquier variación legislativa, porque considera que el uso terapéutico de la marihuana entraña muchos riesgos.

El grupo de Unidas Podemos tomó esa respuesta del Gobierno como un "punto de partida", pero el pasado septiembre anunció que estaba preparando una propuesta de ley integral, para uso terapéutico y recreativo, que actualizaba la que ya había presentado en la anterior legislatura y que esperaba poder consensuar con el PSOE, su socio de coalición. La intención de la formación morada era "acercar posiciones" para llegar a presentar una iniciativa conjunta, sin fijar un plazo para ello, pero en el marco de esta legislatura.

La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), tras recoger 1.500 firmas de apoyo con la plataforma OsOigo, ha remitido recientemente a los grupos parlamentarios del Congreso una pregunta sobre sus intenciones y propuestas en relación a la regulación del cannabis en España. De momento, les ha respondido Guillermo Díaz, de Ciudadanos, quien subraya que su formación siempre ha defendido la necesidad de regular el cannabis para un uso terapéutico, "en línea con la evidencia científica".

"Además, como liberales que somos, apostamos por explorar la posibilidad de asemejar su consumo al del tabaco o el alcohol, sin frivolizar, debido al riesgo de adicciones, pero con puntos de venta controlados y con delimitación de redes logísticas para garantizar la seguridad. De este modo, se desincentivarían usos fraudulentos o ilegales de esta sustancia", añade el representante de Ciudadanos en su respuesta.