Concha Mateos es profesora interina de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 1 de octubre de 2006. Desde 2008 está acreditada para poder tener otro tipo de contrato, indefinido, pero no se han convocado plazas por lo que le renuevan el contrato cada junio. A pesar de esta situación, Mateos es una de las pocas voces que ha sido crítica con la Universidad Rey Juan Carlos tras la polémica con el máster de Cristina Cifuentes.

Pero no sólo pone el foco de atención en el caso de corrupción que se ha destapado: también pone en cuestión la gestión de la universidad en manos privadas, la falta de transparencia y toda la cultura académica.

Siempre se ha señalado la vinculación de la URJC con el PP, ¿era cuestión de tiempo que saliera a la luz un caso como el de Cifuentes?

Si se acumulan irregularidades es lógico que salgan a la luz porque un proceso irregular de obtención de un máster no puede ocurrir sin la participación y la implicación de una cadena de personas. Si hay más casos parecidos, inevitablemente con el tiempo creo que irán saliendo a la luz.

¿Esto demuestra que la URJC, una universidad pública, está dirigida por políticos?

Si se confirma todo lo que estamos viendo, que hay indicios más que sólidos para creer que muchas de las cosas se van a confirmar, y otras ya se han confirmado, no es tanto que la universidad esté dirigida por políticos, pero sí que hay una injerencia muy grande de grupos políticos y un atentado contra la autonomía.

¿Y también demostraría que la universidad está gestionada de manera privada?

La autonomía universitaria es una garantía constitucional, un derecho y un principio básico, lo que quiere decir que nuestra sociedad considera que es muy importante que la investigación y la docencia se puedan hacer al margen de las injerencias del poder ejecutivo y del Gobierno. Cuando hablamos de espacios privados, como el Instituto de Derecho Público (IDP), el instituto que ha impartido el máster al que parece que accedió Cristina Cifuentes, es un instituto que tiene un CID, una identidad jurídico-administrativa diferente al de la URJC. Es como si fuera otro sujeto institucional diferente y tiene capacidad para la autonomía económica, para gestionarse como quiera. La persona que lo lleva no tiene que rendir cuentas a la universidad. De hecho, tiene títulos que no están firmados por la URJC, porque hay títulos que otorgan que no han pasado el filtro y la acreditación de la ANECA, la oficina oficial del Ministerio que garantiza los títulos de las universidades.

Funciona de la siguiente manera: ¿es un instituto público? sí, ¿puede ingresar dinero privado y pagárselo a personas que quiera? sí, ¿puede contratar a los profesores que quiera? sí, ¿y estos profesores tienen que ser contratados para dar un curso a través de una oferta pública y que haya un tribunal público? no. Y tienen que rendir cuentas directamente a la Consejería, al consejero de educación, que es un cargo político. ¿Cómo es que un instituto público de una universidad que es autónoma tiene que rendir cuentas al gobierno?

¿Qué se puede hacer para que esto deje de ser así?

Hay dos elementos básicos. Uno es este tipo de concesiones legales que permiten que institutos como este puedan eludir el escrutinio público. Todo lo que es público, financiado por dinero público debería tener las cuentas públicas y estar controlado por órganos colectivos donde estén representados todos los miembros de la comunidad académica: estudiantes, profesores y cargos públicos. Y tiene que estar auditado públicamente, por tanto, no debería haber institutos semiprivados.

Por otro lado, la financiación no puede depender de concesiones en las que según lo que se haga se dé más o menos dinero porque entonces no se garantiza la autonomía económica. La universidad tiene que tener una financiación que no esté supeditada a que el gobierno de turno tenga ganas o no de darle dinero. 

Y, como elemento ya no de marco legal sino como elemento de democracia y transparencia, los miembros de la Universidad, profesores, estudiantes y personal administrativo, tendremos que estar alerta, ser críticos y ejercer nuestro derecho a preguntar y reclamar la transparencia. Tener una actitud política más activa.

¿Qué le parece la gestión hasta ahora del caso por parte de la Universidad y del actual rector?

La URJC ha dado un giro en su posicionamiento público. En el comienzo creo que fue lamentable la defensa no contrastada y ciega del expediente de Cifuentes que fue el primer movimiento público de universidad. Creo que fue un error, lo lamento y no lo apoyo. Después ha habido un giro. El rector ha hecho dos cosas: emprender la investigación interna y remitir a la fiscalía los indicios de delito. La vía judicial tendrá que dirimir la responsabilidad jurídica. Y es muy correcto que si hay delito lo dirima. Estoy de acuerdo con ambas iniciativas.

Pero aquí no se acaba todo. Faltan más responsabilidades académicas: anular o no el máster de Cristina Cifuentes o qué se hace con un departamento y un instituto en el que hay riesgo de que otorgue títulos sin garantías. Y el rector tiene que tomar decisiones sobre las responsabilidades académica. De momento, se ha anunciado la suspensión del director del máster, Enrique Álvarez Conde, algo muy poco usual. Pero es urgente que el rector tome más decisiones porque lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente.

Otra cosa que me parece muy importante y que no se ha hablado mucho es que en el instituto hay un consejo académico asesor. Hay una serie de personas que tienen su prestigio por estar ahí, el Ministerio les reconoce un mérito, que es parte de los méritos que hay que recolectar para tener una plaza fija. Bien, ¿y qué han hecho? ¿la gente está ahí por figurar o hace algo? ¿qué ha asesorado? Cuando pones los nombres de gente importante estás diciendo que esas personas respaldan lo que hace el instituto, ¿el rector le va a pedir responsabilidades a esas personas o estas personas no sabían nada? Porque ahora hay como una especie de enfermedad pública de las personas que están implicadas en casos de corrupción por la que nadie sabe nada. Hay que preguntar qué saben sobre esto. Son decisiones académicas y el rector se tiene que posicionar sobre ellas.

Este caso abre una perspectiva muy crítica con la Universidad en la que se está viendo que hay más prácticas irregulares. Y se están recordando muchas otras. ¿Por qué hay tantas pocas voces críticas desde dentro de la URJC?

Hay pocas voces críticas porque los profesores tardamos mucho tiempo en tener una plaza consolidada. Estamos siendo evaluados continuamente por tribunales académicos. Por ejemplo, las publicaciones que sacamos cada año tienen que ser reconocidas y presentadas a la universidad, y parte de nuestro sueldo depende de los méritos de publicaciones y congresos. También solicitamos proyectos de investigación que los concede el Ministerio y tenemos que pasar evaluaciones que nos van dando acreditaciones que las realiza la ANECA.

En todos estos espacios hay otros profesores evaluando, profesores generalmente de mayor rango. Y hay una creencia de que si le caes mal al tribunal, el tribunal no te va a evaluar bien  que esto importa más esto que tus méritos. Esto es una peste, una carcoma y una enfermedad democrática. Mientras sigamos pensando esto los profesores están esclavos: si en nuestra mente, si en la tuya como periodista, en la mía como profesora, en la de los padres, en la de los alumnos, en la de cualquiera, está la idea de que se nos puede represaliar por lo que digamos o de sufrir un castigo por lo que decimos, sólo porque en nuestra mente esté esa idea, al margen de que nos castiguen o no, esto niega la democracia. La hipótesis de que la represalia puede existir, sólo la hipótesis, es una negación de la democracia porque la democracia no existe si la gente no está libre de este temor. Y la realidad es que mucha gente de nuestra universidad no está libre de este miedo, y por eso no se habla con claridad.

Parece complicado quitarse este temor.

Indudablemente. Es muy difícil quitárselo, pero hay que tener en cuenta que si ese temor existe, estamos diciendo que no hay democracia. Y existe, por tanto estamos diciendo que no hay democracia. Es muy difícil cambiarlo porque es una cuestión de cultura. Debajo de todo estamos viendo que ya no vale es la cultura académica que tenemos: nuestros valores, la forma de vivir y organizarnos en la universidad. Hay que enterrar esta cultura académica y construir una nueva.