El rey Felipe VI ha recibido en su despacho del Palacio de la Zarzuela al heredero saudí Mohamed bin Salmán, que ha firmado esta tarde un acuerdo de colaboración con España para la compra de material de Defensa y con quien ha tenido ocasión de tratar diversas cuestiones bilaterales e internacionales.

El príncipe Mohamed, que llegó ayer a Madrid y se aloja en el Palacio de El Pardo, se ha desplazado desde la Zarzuela al cuartel general del Ejército de Tierra para reunirse con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, donde ha firmado con el heredero saudí un acuerdo bilateral de intenciones sobre dichas adquisiciones, informa EFE.

Este acuerdo de colaboración servirá para allanar el camino a la firma de un contrato con la empresa Navantia para la construcción y venta de cinco corbetas de tipo Avante 2200 por valor de unos 2.000 millones de euros, así como para la construcción de una base naval en Arabia Saudí, donde atracarán los barcos, y la instrucción de militares saudíes para el manejo de los buques.

Arabia Saudí, reino guardián de los lugares santos del Islam, es también uno de los países menos transparentes del planeta, en donde los derechos humanos más básicos son ignorados sistemáticamente. Además, en los últimos tiempos lidera una intervención militar en el conflicto de Yemen, en donde 10.000 personas han muerto.

Desde 2015, el gobierno de Arabia Saudí se sitúa al frente de una coalición contra los rebeldes hutíes en Yemen, mediante una fuerza militar que aporta 150.000 efectivos y un centenar de aviones, y que ha provocado más de 10.000 muertos y 50.000 heridos. El país se desangra ante la indiferencia mundial. La ONU estima que, hasta finales de enero de 2018, más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, una crisis agravada precisamente por el bloqueo de Yemen por parte de la coalición saudí.

¿Derechos humanos?

Arabia Saudí no es precisamente un paraíso en cuanto al respecto de los derechos humanos más básicos en el interior de sus fronteras. Más bien al contrario, son numerosos los informes, muchos de ellos recogidos por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en los que se acusa de torturas, discriminación contra las mujeres y contra minorías, entre otros atropellos, todo ello rodeado de una notable falta de transparencia.

En el país rige la pena de muerte: sólo el pasado año Arabia Saudí ejecutó a 147 personas, lo que supone el 17% del total de la región, según datos proporcionados por Amnistía Internacional. La principal forma de ejecución en el país es la decapitación, a la que se somete a los asesinos, blasfemos y homosexuales (miembros del colectivo LGTBI en general), o sea, a quienes cometen las faltas más graves contra los dictados del Islam. También se recurre al castigo físico como la flagelación o la amputación de miembros para penar algunos delitos, como el robo.

El príncipe heredero saudí Bin Salman en Madrid, recibido por la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. EFE

Existe una manifiesta discriminación hacia las mujeres amparada por su legislación inspirada en una interpretación casi literal y restrictiva de los códigos islámicos, de manera que se supedita prácticamente toda la actividad de las féminas a los derechos del varón que las custodia (padre o marido): Arabia Saudí es uno de los países más machistas del mundo.

Asimismo, no existe libertad de culto y la apostasía es delito. Tampoco existe la libertad de expresión –en algunos casos, la disidencia es causa de pena de muerte - ni de prensa, como pone de manifiesto uno de los últimos informes de Naciones Unidas sobre la observancia de los derechos humanos en el país. Y todo ello a pesar de los gestos para “modernizar” el país, capitaneados desde hace poco más de dos años precisamente por Mohamed Bin Salmán.

Venta de armas

La sed de armas de Arabia Saudí es inmensa, alimentada además por una renovada relación con EEUU, quien ve en este reino y sus aliados en Oriente Medio un ariete contra el Daesh y un contrapeso a la creciente influencia de Irán en ese teatro, tradicionalmente inestable.

En ese contexto, el negocio de la venta de armas de España a Arabia Saudí ha repuntado en los últimos años, según datos oficiales. De hecho, según reveló el pasado año Infolibre y recogió este diario, nuestro país ha llegado a ser el tercer exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU y Reino Unido.

El Gobierno mantiene un convenio con el país árabe en virtud del cual existe una protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa, tal y como informó la Fundación Civio en su blog El BOE Nuestro de Cada Día el pasado mes de septiembre, una información que recogió este diario.

Según datos oficiales proporcionados por Amnistía Internacional, entre 2015 y junio de 2017 el Gobierno español autorizó 43 licencias de armas por valor de más de 1.060 millones de euros y exportó armas a Arabia Saudí por valor de 728,5 millones de euros, incluidos 79 millones en munición, 83 millones en bombas, torpedos, cohetes y misiles y 532,9 millones en aeronaves.

En ese mismo período fueron autorizadas 202 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar, miembros de la coalición saudí que opera militarmente en el conflicto de Yemen. En total, el valor de las autorizaciones de exportación de armas en este período ascendió a 1.569 millones de euros y el importe de las exportaciones realizadas fue de 1.229 millones de euros.

Conviene recordar que la Unión Europea prohíbe la venta de material militar a cualquier país que participe en un conflicto armado y que “puedan utilizarse para cometer violaciones graves del Derecho internacional humanitario”. España no ha dejado de vender armas al régimen de los Saúd, a pesar de que este país lidera la campaña bélica que está desangrando Yemen.

Venta de corbetas y empleo 

Ahora, durante la visita a España del príncipe Mohamed bin Salmán se aborda el espinoso tema de la venta de cinco corbetas de tipo Avante 2200, buques de guerra que serían fabricados por los astilleros de Navantia en Cádiz y Ferrol (A Coruña), por un valor estimado de cerca de 2.000 millones de euros. Varias ONG que integran la campaña 'Armas Bajo Control' han pedido que se frene tanto la firma de dicho contrato como la venta de armas al régimen monárquico de los Saúd.

No obstante, el Partido Popular y Ciudadanos defienden el contrato de Navantia por la generación de empleo que supondrá, informa EFE. En los pasillos del Congreso, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha dicho suponer que estas ONG querrán que se contrate a las personas que trabajan en los astilleros españoles y que, por tanto, desean que se cree empleo en el país. De manera similar se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara Baja el secretario general del grupo de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, quien ha subrayado que hay que "potenciar" la industria española, recalcando que en Navantia hay "muchísimos" puestos de trabajo.