La central de Almaraz está cada vez más cerca de conseguir ampliar su vida hasta 2028. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha pronunciado favorablemente tras un análisis técnico, y salvo que el Ministerio de Transición Ecológica diga lo contrario, la planta energética podrá seguir funcionando casi una década más, solventando así la expiración de la autorización para la explotación, la cual caducaba en junio de este mismo año. 

De esta forma, la central nuclear más vieja de España, Almaraz, traspasará la barrera de los 40 años de vida útil aconsejados para este tipo de plantas, ya que sus dos unidades fueron construidas a principio de los años setenta del siglo pasado y comenzaron a funcionar en 1981 y 1983, respectivamente. Ante esta decisión –esperable, según el Movimiento Ibérico Antinuclear–, los colectivos medioambientalistas cuestionan la necesidad de alargar el apagón y reclaman tener voz en un proceso tan complejo e importante como este. 

"Hace falta un debate social profundo. Entendemos que hay cuestiones que tienen que ver con asumir los criterios técnicos de riesgo, que es lo que puede hacer el CSN, pero es necesario que se la decisión se tome también en base a un debate político y social sobre el coste que ambiental y económico que tienen las nucleares", valora el Javier Andaluz, experto en Energía de Ecologistas en Acción, que reclama que se hagan publicas las condiciones de seguridad que el Consejo de Seguridad ha puesto a las empresas operadoras –Endesa, Iberdrola y Naturgy– para mantener la actividad.

En 2019, estas empresas acordaron con el Gobierno realizar una inversión de hasta 600 millones de euros para garantizar que la prórroga de la actividad se haga acorde a estándares de seguridad adecuados. Este dinero iría invertido, principalmente, a modificaciones técnicas que permitan alargar la vida de las plantas energéticas a más de 40 años con cierta seguridad, tal y como recoge el reciente informe técnico del CSN. 

Raquel Montón, responsable de Nucleares en Greenpeace, recalca que la situación es más compleja de lo que puede parecer, ya que el CSN no ha hecho otra cosa que emitir su informe técnico, con lo que todavía quedan dos elementos cruciales para que el anuncio de la prorroga de Almaraz se haga efectivo. Por un lado, explica la experta, falta el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica, que no se espera que ponga trabas. Y, por otro, se requiere que las tres empresas den el paso final y acepten realizar esa inversión millonaria para adecuar las instalaciones.

Si hace un año la respuesta de las gigantes del sector energético se esperaba afirmativa, la coyuntura actual no deja evidencias tan firmes, en tanto que los intereses económicos de los operadores de Almaraz pueden truncarse debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.  "El precio de la electricidad está cayendo en picado y las nucleares precisamente hacen negocios vendiendo electricidad, con lo que tendrán que pararse a echar cuentas y ver si les sale rentable. Es verdad que tienen un pacto previo, pero ahora mismo tenemos una situación muy diferente a 2019, el consumo de los hogares y el consumo industrial ha bajado y va a continuar bajando en los próximos meses", expone Montón. 

Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear, por su parte, cuestionan la viabilidad económica del plan, puesto que el informe del CSN cierra la puerta de manera definitiva a una futura prórroga más allá de 2028, de modo que se trata de una apuesta millonaria con una fecha de caducidad muy cercana en el tiempo. "Incluso la agencia Goldman Sachs aconsejó vender la acciones de Endesa y Naturgy al prever el aumento en los incumplimientos de pago por parte de los clientes, así como el desempleo, lo que podría traducirse en pérdidas de unos 8.000 millones de euros anuales tanto en 2020 como en 2021", indican desde la plataforma.

No es energía limpia

Más allá de las cuestiones económicas, la vejez de este centro energético es el principal argumento utilizado por políticos y medioambientalistas para reclamar su clausura definitiva. "Con el tiempo es normal que se dé una degradación de los elementos principales del reactor y nadie sabe cómo va a actuar la central ante este tipo de corrosiones. No nos podemos creer los mensajes de que se dan garantías de seguridad, porque ya tenemos antecedentes y sabemos que una reacción nuclear se da por un fallo catastrófico muy breve en el tiempo que deja poco margen de maniobra", explica Andaluz.

Para Juan López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el funcionamiento de esta central "supone un gran riesgo" tiene que ver también con la generación de residuos radiactivos de difícil almacenamiento. "Son elementos muy peligrosos que se tienen que gestionar durante miles de años; son un lastre para la sociedad", manifiesta el político de Unidas Podemos, que se opone a la prórroga de Almaraz y de cualquier otra central nuclear del Estado español. "Hay una campaña de imagen de las nucleares como si fueran las salvadoras del cambio climático, cuando a este sector no le importa nada la coyuntura climática. Buena prueba de ello es que las mismas empresas que están detrás de la planta extremeña son tres de las principales compañías de combustibles fósiles".

Además de los residuos, la generación de energía nuclear está estrechamente ligada a la producción minera uranio, una de las prácticas más agresivas y con mayores impacto ambientales, ya que conlleva procesos de deforestación masiva, movimiento de tierras y lavados tóxicos que puede terminar contaminando acuíferos, tal y como denunció el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en un recurso a la Comisión Europea contra el proyecto minero de Berkeley Energía en Salamanca.

Los riesgos ambientales de la prórroga, no en vano, tienen más que ver con el daño directo que una catástrofe nuclear podría provocar en la ciudadanía. En ese sentido, Montón señala que la ampliación de la vida útil "debe contar con un estudio de calidad ambiental y realizarse tras una consulta pública, porque así lo recogen las normativas internacionales y el convenio de Espoo". Este tratado internacional, grosso modo, concluye que cualquier proyecto industrial que pueda tener efectos transfronterizos debe ir acompañado por un estudio de calidad ambiental, lo cual se cumple en el caso de Almaraz si se tienen en cuenta los precedentes de catástrofes nucleares y la cercanía de la central con la frontera portuguesa.