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Nervios, tensión y miedo. Las cárceles de España viven estos días una situación complicada: si en los hogares de todo el país se respira preocupación por la emergencia del coronavirus, en el interior de las prisiones existe una mezcla de preocupación y desolación aún mayor. Así lo advierten los presos y así lo ha reconocido en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide medidas especiales para un momento excepcional.
El miedo de miles de presos se hizo real este martes: una presa de 78 años de la cárcel de Estremera ha fallecido por coronavirus. Su muerte se conoció poco después del mediodía. "Era una interna de Madrid VII (Estremera) que estaba en Enfermería porque tenía patologías previas. El día 20 tuvo una crisis respiratoria y se le trasladó al Hospital de Arganda, donde falleció. Le hicieron el test de coronavirus y lo hemos recibido hoy. Ha dado positivo", indicaron fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Según datos oficiales, existen actualmente otros tres presos contagiados por coronavirus. Uno de ellos se encuentra en la cárcel de Zaballa (Araba) tras recibir el alta hospitalaria, mientras que hay dos reclusos de la cárcel de Estremera –la misma donde se encontraba la presa fallecida– ingresados en centros de salud de Madrid. En el recuento oficial figuran también 38 funcionarios de Prisiones con coronavirus. Fuentes sindicales señalan además que hay cerca de 350 presos en aislamiento.
En ese contexto, la Asamblea Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha cursado una queja urgente al Defensor del Pueblo para pedirle que "tenga plenamente en cuenta tanto el importante riesgo para la salud asociado a la difusión de COVID-19 en las prisiones y, por consiguiente, tenga un papel activo en el seguimiento de los Centros Penitenciarios".
La APDHA también llama a "reforzar de inmediato las plantilla de personal sanitario dentro de prisión" y que los aislamientos de los casos positivos se realicen en instalaciones médicas. También pide la "excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo", así como de la población carcelaria preventiva, "estableciendo otro tipo de controles si fueran necesarios".
Además, la asociación de derechos humanos plantea la excarcelación de quienes se encuentran en los Centros de Inserción Social así como de aquellas "personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos con las posibilidades que la normativa penitenciaria prevea".
Estos reclamos ya fueron trasladados la pasada semana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mediante una nota firmada por cerca de 50 asociaciones, entre las que se encontraba la APDHA. Sin embargo, esta petición no ha tenido, de momento, respuesta.
"Hay que evitar que la gente entre y, al mismo tiempo, potenciar que salga de prisión con terceros grados y adoptando medidas de carácter humanitario", afirma a Público Fran Fernández, integrante del área de Cárceles de APDHA. No en vano, alerta sobre "los riesgos que puede suponer la propagación del coronavirus dentro de las cárceles".
Sugerencias de la OMS
Los reclamos llegan también desde ámbitos internacionales. En una guía publicada en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que "el esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a las medidas de control de la infección dentro de las prisiones".
Por tales motivos, el organismo internacional indica que "se debería considerar con mayor detenimiento el recurso a medidas no privativas de la libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal".
En tal sentido, subraya que "se debe dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para los presuntos delincuentes y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes".
Por su parte, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) ha instado a los Estados miembros a realizar un "mayor uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional". También plantea "reevaluar las necesidades de continuar en internamiento involuntario de pacientes psiquiátricos, alta o liberación de los residentes de hogares de atención social, cuando sea apropiado, y abstenerse de detener en la mayor medida posible a las personas migrantes".
Mientras tanto, en las cárceles se suceden las protestas. Según consta en un resumen efectuado por grupos de solidaridad y apoyo con las personas presas, en los últimos días ha habido acciones en al menos siete cárceles, entre las que se encuentran Fontcalent (Alicante), Zuera (Zaragoza), Quatre Camins (Barcelona), o Brians 1, también en Catalunya.
Por su parte, fuentes de Instituciones Penitenciarias –que tiene a su cargo la gestión de todas las prisiones exceptuando las de Catalunya, donde están transferidas las competencias– asegura que se han tratado de "incidentes aislados" y de carácter "leve".
Controles telemáticos
La pasada semana, Instituciones Penitenciarias hizo público un comunicado en el que indicaba que algunos centros "han incrementado los controles telemáticos a raíz de la crisis del corononavirus", al tiempo que señalaba que "a aquellos centros que no dispongan de pulseras telemáticas" les había señalado que podían hacer el control "vía telefónica". En cualquier caso, aclaraba que "el cumplimiento telemático de las penas es competencia exclusiva de las juntas de tratamiento".
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