MADRID.- Menores educados en un ambiente carcelario. La noticia de que la Junta de Andalucía ha decidido investigar los supuestos maltratos producidos en el centro de menores de Tierras de Oria, en Almería, ha puesto el foco en estos centros y en su labor de reinserción y educación. Un ex interno en el centro almeriense incluso ha relatado a Público cómo aquel centro es “peor que una cárcel”. Esta realidad supone la excepción en lo que ocurre en los centros de menores, que realizan en su mayoría una labor de educación con los chavales que se encuentran en ellos.

La mayoría de menores condenados no entran en centros de menores, y los que lo hacen son integrados, en gran parte, en régimen semiabierto. Con ellos se hace una labor de educación y de inserción en la sociedad con los medios que los educadores tienen al alcance. Sin embargo, esta labor se ve interrumpida cuando los menores cumplen los 18 años: la ley les deja desamparados.

Ese salto en el vacío de los menores con problemas que, de un día para otro, se convierten en adultos sin serlo es una situación que trata de ser corregida por fundaciones y organizaciones ciudadanas, que se ven desbordadas por peticiones de estos jóvenes que buscan un futuro y el asesoramiento que no encuentran en su familia.

Estas actitudes de formación y educación chocan con las investigadas en el centro de menores de Almería, un relato de violencia de menores, la mayoría de ellos inmigrantes que no tienen un entorno familiar al que acogerse o pedir ayuda.

Esta concepción del menor al que someter con violencia con el paso del tiempo se ha ido superando en los centros de menores, que, lejos de ser “cárceles para niños”, son centros educativos para ayudar a jóvenes a encontrar su camino.

Los delitos cometidos por menores bajan cada año

En España, y según la memoria de la Fiscalía publicada en el año 2014, los delitos cometidos por menores bajan año tras año, y sólo suben las faltas más leves. Los casos más graves, como homicidios y asesinatos, suponen un porcentaje ínfimo de las sentencias. Los delitos más habituales son de lesiones, por los cuales se abrieron 9.965 procedimientos el año pasado, casi dos mil menos que el año anterior. Otros delitos comunes son contra el patrimonio o los hurtos, y en todos ellos los procedimientos son inferiores respecto a años anteriores. Únicamente suben los delitos cometidos por menores de 14 años, que lo hacen ligeramente, dato sobre el que la Fiscalía llama la atención en su memoria.

La mayoría de las penas impuestas son no privativas de libertad

La mayoría de las penas impuestas a los menores condenados son no privativas de libertad, es decir, la no van a centros de menores. Las penas más habituales consisten en libertad vigilada (10.085 casos) y servicios a la comunidad (4.697).

Las soluciones que la Fiscalía propone para los delitos cometidos por los menores se basan en la “integración, prevención, educación y disminución de la marginalidad”.

En el año 2013, se condenó a 754 menores con internamiento en un centro dentro de un régimen cerrado. Lo más habitual de estos internamientos es el régimen semiabierto, en el que se incluyó a 3.079 menores. En el régimen semiabierto, donde pueden estar de manera cautelar o ya condenados, aproximadamente después de su primer mes, pueden conseguir sus primeras salidas del centro, siempre acompañados: primero por alguien del centro y más adelante por su familia, hasta que consiguen permiso para salir los fines de semana.

“Les falta la atención que muchos no tienen en casa”

En estos centros, el trabajo que se hace es educativo, tal y como cuenta a Público una trabajadora de un centro que prefiere no dar su nombre. “El trabajo que hacemos es educativo, se les da la opción de llevar otro camino, de coger otra oportunidad”, relata. A los chavales, cuenta, se les hace un proyecto educativo, se les orienta y se les traza un camino de formación contando con su opinión, siempre bajo la premisa de que están obligados a cumplirlo, ya que la mayoría se encuentran en edad de enseñanza obligatoria.

En el centro a cada menor se le asigna un tutor cuando llegan. Una vez tienen aprobado del juzgado el proyecto educativo, cuenta la trabajadora, van diariamente al centro educativo que se les haya buscado. Además, tienen tutorías todas las semanas para comprobar su evolución. “Si hay alguna ausencia es comunicada inmediatamente”, cuenta, y, “por supuesto, no pueden consumir sustancias ni introducir elementos extraños en los centros”.

“Muchos chavales vienen después, nos dan las gracias y  nos cuentan lo que están haciendo porque les gusta compartirlo”, confiesa la trabajadora. “Les falta la atención que a lo mejor en casa no pueden darles”.

"En mi centro los educadores se parten los cuernos"

Ella valora el trabajo con los menores como “muy positivo”. “Necesitan ayuda, la educación es la base de la sociedad y es lo que hacemos aquí. Desde mi centro los educadores se parten los cuernos: les buscamos actividades, les acompañamos a sus aficiones… creemos en lo que hacemos y también en ellos”, concluye.

Pese a que hay muchos datos positivos, el sistema también falla. Según fuentes de otros centros de menores, la decisión sobre las medidas de contención recae sobre la dirección de cada centro, en manos de profesionales educativos. Sin embargo, casos como el de Almería hacen pensar que aún hay casos en los que se escapa a este elemento de control.

“El sistema funciona, pero está cojo”, cuentan desde dentro de un centro. “Cuando acaban, no se trabaja en el entorno del menor. Hay padres que o son incapaces, o no llegan, o por el motivo que sea no atienden a sus hijos. Es un tema de educación en todo lo amplio del sentido de la palabra”.

No tienen sitio donde ir cuando cumplen 18 años

La mayoría de los menores que están en estos centros se encuentran en un alto riesgo de exclusión. Hay menores que cuando cumplen su condena en el centro no tienen a dónde ir, ya que en muchos casos no tienen familia en España. Para ellos, el régimen semiabierto es en realidad un régimen cerrado, y cuando salen se enfrentan a la soledad.

Desde la Fundación Tomillo se encargan, entre otras labores, de ayudar a estos jóvenes que salen de los centros sin un lugar al que acudir. Los pocos recursos que proporciona la administración para estos jóvenes hacen que la mayoría se encuentren en un estado de desamparo total. “Nosotros funcionamos con financiación pública y privada”, cuenta Miguel Tortajada, coordinador del proyecto de Autonomía dentro de la fundación. “No hay legislación que les proteja cuando cumplen los 18 años”, se lamenta; “no podemos pretender que si la edad de emancipación en nuestro país está en los 31 años, estos chicos con 18 ya sean totalmente independientes”.

“No podemos pretender que si la edad de emancipación está en los 31 años, estos chicos con 18 sean totalmente independientes”

Se dan casos en los que cuando salen del centro no tienen otro sitio al que ir que no sea la calle. Algunos de ellos, aunque han sido formados en el centro para alguna profesión, no pueden acceder al mercado laboral porque no tienen permiso de trabajo, aunque tengan el permiso de residencia. Para ellos, el último paso de la reinserción falla.
“Nosotros tampoco es que hagamos magia”, explica Miguel. “Les damos soporte de manutención, confiamos en ellos, intentamos darles lo que necesiten y que sean autónomos, sólo ellos saben lo que quieren para ser felices”. Desde la asociación marcan la importancia de la autonomía de los jóvenes y en que decidan lo que quieren hacer con su vida, ya que el camino “se lo marcan ellos, y esa es una de las bases del éxito, tienen 18 años y no son autónomos, pero les acompañamos y aconsejamos”.

La confianza

En 2014, el 81% de los jóvenes que participaron en el programa de la Fundación Tomillo, según aseguran, trabajan o han trabajado en algún momento del año. “Se hace un buen trabajo con ellos, se confía en ellos”, cuenta Miguel. Aún así, calculan que los jóvenes que acceden al programa suponen sólo un 8 o un 10 por ciento de los que podrían hacerlo.

Sobre el trabajo en los centros, Miguel Tortajada asegura que se hace un buen trabajo “dentro de las posibilidades”. Afirma que “se nota” cuando una persona viene de un centro mejor preparado, pero que la principal carencia viene de los tratamientos que requieren “un largo plazo”, o cuestiones burocráticas con la administración, como formalizar los papeles u obtener el pasaporte.

“La violencia sólo genera violencia”

Ferran Martínez trabajó en el centro de menores Tierras de Oria de Almería durante ocho meses en 2004. Por aquel entonces tenía 26 años, era diplomado en Turismo y estaba estudiando Humanidades. Un curso previo de formación impartido por el propio centro le bastó para empezar a trabajar como educador. Ahora, las cosas han cambiado y, como cuenta el responsable estatal de Protección de Menores y Reforma Juvenil de UGT, Juan Carlos Rojo, para trabajar en un centro de este tipo es necesaria una titulación universitaria.

“Los centros de menores deben ser espacios educativos y orientados a la reinserción, pero en el centro Tierras de Oria los chavales viven en un ambiente carcelario de máxima seguridad", sigue Martínez, que asegura: "De mi periodo allí, las inmovilizaciones son el peor recuerdo".

"En el centro Tierras de Oria los chavales viven en un ambiente carcelario de máxima seguridad"

Este ex trabajador cuenta que estas medidas de contención eran “habituales” y “en algunos casos desproporcionadas”. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor establece que sólo pueden utilizarse medios de contención "para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga, para impedir daños en las instalaciones del centro y ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro en el ejercicio legítimo de su cargo".

La norma refleja además que la contención "nunca supondrá una sanción encubierta y sólo se aplicará cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario".

"La cuestión es donde está el límite, y eso la ley no lo aclara", insiste Martínez. "Esas medidas se toman a diario en las prisiones y en los centros de menores y tienen amparo legal". La asociación centrosdemenores.es ha denunciado que estos métodos superan habitualmente las cuatro horas en el Tierras de Oria y Sergio Aguilera, un ex interno, reveló a Público que pasó un día entero en la habitación de aislamiento.

De hecho, el Defensor del Menor recomendó en 2012 a la dirección del centro cambiar las medidas de contención mecánica y de aislamiento además de "ajustar" su duración. Esa investigación fue propiciada por la denuncia de tres jóvenes internos, que coincidieron en denunciar que los tiempos de estas medidas eran "desproporcionados". Sin embargo, el personal directivo "vino a reconocer estos hechos, discrepando en cuanto al periodo de inmovilización y reseñando que se limitaba al tiempo indispensable", explica el informe de la institución que recoge el caso.

Rojo explica que sólo el director, o en su ausencia el subdirector del centro, pueden dar la orden de contener a un interno, según reza la Ley del Menor. Aunque son medidas pensadas para casos extremos, tanto centrosdemenores.es como Martínez aseguran que en el Tierras de Oria son prácticas "habituales". Sin embargo, Rojo insiste en señalar la excepcionalidad de este centro de Almería, donde, dice, están internos "los chavales que han cometido delitos más graves".

“Cuando aplicas violencia a una persona violenta sólo vas a generar más violencia y estos métodos, según como se apliquen, pueden llegar a ser una tortura al amparo de la ley”, concluye el ex trabajador del Tierras de Oria, el centro de menores de ambiente carcelario.