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El director del Imserso niega los recortes de Rajoy en Dependencia

Un informe del Observatorio de la Dependencia denuncia que una de cada cinco personas murió sin haber recibido la ayuda y que el 40% de los afectados no recibe ninguna prestación. Pero el Instituto de Mayores defiende que la gran parte de beneficiarios llegó con el Gobierno del PP. 

Un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia.

PÚBLICO/AGENCIAS

MADRID.- Mariano Rajoy no ve pobres en España y el Imserso no ve los recortes en Dependencia. El director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, César Antón, ha negado hoy los datos del último informe del Observatorio de la Dependencia en el que se denunciaba, entre otras cuestiones, que una de cada cinco personas murió sin haber llegado a recibir la ayuda correspondiente.   

Para Antón, las cifras ofrecidas por el citado organismo —encarnado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales—, se basan en "previsiones, dibujos, estimaciones y curvas que ellos hacen sin que se puedan acreditar o contrastar".

En declaraciones a Europa Press, se expresaba así en relación a este informe que la mencionada organización publica anualmente desde que se aprobó la Ley de Dependencia y que muestra un sistema "colapsado" en el que un 40% de quienes no pueden valerse por sí mismos no reciben ninguna ayuda y más de 100.000 (una de cada cinco) han fallecido en la lista de espera para la prestación.

El dictamen del Observatorio señala que en España hay 1.216.341 personas en situación de dependencia reconocida, el 2,6 % de la población, y que el 40% de estas personas (500.000) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, informa Efe. Según ha denunciado el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, desde 2011 el número de personas reconocidas como dependientes no ha parado de disminuir debido a cambios en el baremo y a la disminución de las solicitudes, de manera que las bajas no se reponen con nuevas altas.

Según el Observatorio, el número de reconocidos como dependientes no ha dejado de disminuir desde 2011. El Imserso lo niega

"Esto supone la demolición controlada de un sistema de atención a la dependencia que está colapsado", ha denunciado Ramírez, presidente también del Observatorio Estatal para la Dependencia, que ha denunciado que, desde 2012, el Estado ha dejado de aportar a las CCAA 285 millones de euros para mantener el sistema de atención a la dependencia.

Antón ofrece un balance muy distinto. Asegura que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) "atiende al 83%" de las personas con derecho reconocido a recibir ayuda, tasa que se ha incrementado un 12% desde 2011. Afirma que se han incorporado 283.000 nuevos usuarios al sistema en los tres últimos años y que el 40% de los beneficiarios actuales han llegado durante la legislatura del PP.

"Es un sistema vivo. Hemos reducido las personas pendientes de recibir prestación prácticamente a la mitad, con un 48% menos pendientes de recibir prestación, aunque nos preocupan quienes todavía están esperando", ha destacado, para incidir en que en 2011 el volumen de dependientes en lista de espera era el 30% del total y en la actualidad, son el 18%.

Defiende además que el 78% de las personas que causaron baja en el SAAD estaban ya recibiendo una prestación y, aunque recuerda que el 77% de los beneficiarios rebasan los 65 años de edad y más de la mitad han cumplido ya los 85, asegura que "es imposible sacar la conclusión de que el único motivo de reducción de la lista de espera" sea por las defunciones, como expone el Observatorio.

Es cierto que la lista de espera para recibir ayudas se ha reducido, como expone Antón, pero ello se debe a la disminución de personas con derecho a ellas, según el Observatorio

Sin embargo, según el Observatorio, en el último año el número de personas con derecho a prestación ha descendido un 5,3 % al pasar de 947.483 en diciembre de 2013 a 897.182 a finales de noviembre de 2014, mientras que la cifra de dependientes atendidos ha disminuido un 3,3 % en ese mismo periodo, de 754.244 a 729.313. Ramírez ha lamentado, además, que el SAAD ha perdido una media de 2.230 beneficiarios al mes durante 2014 y que 167.869 personas con derecho reconocido a atención aún no han recibido la ayuda, el 18,7 % del total de personas con este derecho.

La reducción en las listas de espera, una trampa

En cuanto a la lista de espera para recibir la ayuda reconocida, los datos evidencian que ésta se ha reducido de 306.000 en diciembre de 2011 a 168.000 a finales de 2014, pero, según Ramírez, este descenso se debe a la disminución de personas con derecho a esta atención. Así, ha afirmado que 101.070 personas han fallecido desde 2012 antes de poder recibir los servicios o prestaciones a los que tenían derecho.

El director general del Imserso niega la mayor. "Si se han incorporado 240.000 nuevos usuarios, hay 180.000 menos en la lista de espera y el 78% de las bajas eran de personas que ya tenían prestación, es imposible afirmar eso. Me gustaría que fueran tan rigurosos como para decir de dónde sacan ese dato porque no hay un solo dato oficial público ni publicado que lo recoja. Aquí no valen previsiones, no valen estimaciones, hay que tener rigor y sensibilidad", ha reivindicado Antón.

Rebaja del grado de dependencia y menos prestaciones por cuidado familiar 

Además, han descendido las personas catalogadas con un grado de dependencia III (gran dependencia), de 438.682 en 2011 a 355.747 en 2014, así como los dependientes con grado II (dependencia severa), mientras que han aumentado en 22.000 personas las evaluadas en grado I, de manera que la gran dependencia ocupa el 29% del total.

Sobre las ayudas que reciben las personas en situación de dependencia reconocida, el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas menos por cuidados familiares. Mientras, se ha incrementado la entrega de servicios en 1.903 atenciones de centro de día más, 334 residencias y 582 prestaciones de asistente personal.

Por primera vez, la aportación de los propios usuarios de la Dependencia supera a la financiación del Ministerio de Sanidad

Ramírez ha denunciado que, por primera vez, la aportación de los propios usuarios de la dependencia supera a los que aporta el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar el Sistema. Así, de cada 100 euros gastados en atenciones, 63 euros lo aportaron las CCAA, los usuarios aportaron 19 euros, y la Administración central 18 euros.

"El Gobierno se ha ido retirando progresivamente de la financiación del sistema de atención a la dependencia dejando sin ningún tipo de consideración a las CCAA y a los otros grandes damnificados que son los usuarios a través del copago", ha criticado. De esta manera, el 78% de la financiación pública del sistema lo aportan las CCAA y el 22% el Estado, cuando debería estar repartido a partes iguales.

Antón, una vez más, lo niega todo. "Un informe del Tribunal de Cuentas dice de forma muy clara que no se puede saber cuál es la aportación del beneficiario a partir de los datos de las comunidades autónomas. Si no lo sabe el Tribunal de Cuentas, ¿Cómo lo van a saber estos señores?", plantea. Añade que ese mismo informe "dijo que los Presupuestos Generales del Estado financian correctamente lo que les corresponde financiar y que el Estado destinó en 2013 un total de 3.689 millones, 69 más, garantizando la dependencia".

Según explica, el Imserso tampoco tiene datos fehacientes sobre el peso del sistema que soporta el usuario pero sí estimaciones que "nada tienen que ver" con las de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes. Estos cálculos establecen que el beneficiario estaría asumiendo "entre el 25 y el 26%" del coste "como mucho", lejos las previsiones del Libro Blanco de la Dependencia, que, conforme ha dicho, esperaban que su aportación superase el 30%.

Sí da la razón al Observatorio cuando dice que los datos de Dependencia de 2014 aún no han sido publicados y explica que se debe a un cambio de sistema por el que el Imserso lleva un año trabajando con las comunidades autónomas para migrar los datos. También se ha demorado por la necesidad impuesta por Sanidad de que las cifras de financiación y usuarios del sistema lleguen certificadas por un alto cargo de las comunidades autónomas para "mayor control y transparencia".

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