MADRID
Los docentes no universitarios y el personal de administración y servicios, así como algunos trabajadores de entornos cerrados, se vacunarán en la segunda fase de la campaña de la covid-19, que arrancará previsiblemente en marzo, cuando se haya inmunizado a los grupos prioritarios de la primera etapa.
Así lo establece la "Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España", que cataloga los grupos de población que irán recibiendo progresivamente las inyecciones, en función de los fármacos que se vayan aprobando y su disponibilidad, divididos en tres etapas.
El documento detalla cada uno de los 15 grupos de población y aclara para algunos de ellos en qué etapa recibirán el fármaco, de forma que residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias y de atención a grandes dependientes serán los primeros, y niños, jóvenes y adolescentes y adultos sin riesgo no son prioritarios.
Entre medias, docentes no universitarios y personal de administración y servicios (PAS) y trabajadores de entornos cerrados como prisiones o centros de inmigrantes, para lo que la estrategia sí sitúa en la segunda etapa de la campaña.
No lo especifica en todos los casos, porque se trata de una "evaluación abierta, sujeta a continua actualización y que puede ampliar los grupos a valorar y los colectivos incluidos en cada uno de los grupos a medida que se cuente con más información". Así recoge los otros 11 grupos de población que irán vacunándose después de los cuatro colectivos prioritarios:
Personas en condiciones de riesgo
Un 16 % de personas entre 0-64 años tienen condiciones de riesgo (8 millones), y aumentan al 60 % en edades entre 65-74 años (2,8 millones) y 80 % en personas mayores de 75 años (3,7 millones). Las personas con enfermedades crónicas y con otras condiciones "deben tenerse en cuenta de forma especial para la vacunación por su especial vulnerabilidad".
Personas que viven o trabajan en entornos cerrados
Incluye diferentes subgrupos que "merecen atención por separado por sus particularidades y que pueden ser ampliados en función de la información disponible"; algunos de estos entornos a tener en cuenta son instituciones penitenciarias; internados; centros de menores; de internamiento; casas de acogida; residencias de estudiantes o comunidades religiosas.
Su heterogeneidad y la dificultad para identificar todos los subgrupos "hacen que la priorización como colectivo se considere en una segunda etapa", a excepción de aquellos ya priorizados o trabajadores esenciales de estos entornos (funcionarios de prisiones, personal sociosanitario, etc.)".
Vulnerables por situación económica
Son situaciones que se dan más en las mujeres, en personas con menor nivel socioeconómico, migrantes, pertenecientes a minorías étnicas, personas con barreras idiomáticas, en situación administrativa irregular, mayores, dependientes, personas con adicciones a sustancias y con diagnóstico de trastorno mental grave.
Su acceso prioritario se plantea como "una medida de salud pública adicional" a otras medidas estructurales y sociales; la principal dificultad es la heterogeneidad y su captación, pero anima a "realizar un esfuerzo" para aumentarla "en el escenario de priorización en el que se incorporen".
Unos 10 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza; 23.000 están sin hogar; 1,6 millones de personas en situación de dependencia; el 46 % de la población inmigrante en situación de vulnerabilidad socioeconómica y 750.000 personas son de etnia gitana.
Trabajadores esenciales
"La priorización de este grupo de población requiere de una desagregación", por lo que se priorizarán en función del impacto en la función social, la vida y el sustento de otras personas y la capacidad para desempeñar estas funciones a distancia.
Su mayor exposición y transmisión, entre otras cuestiones, "hace que las personas con trabajos esenciales -excluidas las que prestan servicios en Sanidad, Servicios Sociales y Educación, son 4,2 millones-, deban ser priorizadas en las primeras fases".
Personal docente
Se prima al personal docente de educación infantil (65.719 docentes), primaria (373.794), secundaria (414.550) y bachillerato (215.664) "en una segunda etapa, debido al alto riesgo de exposición y de transmisión". Y "por la exigencia ética y legal de proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes y su libre desarrollo de la personalidad".
"Protegiéndoles no solo se protege la salud de los niños y adolescentes, sino también y fundamentalmente su derecho a la educación", sostiene el texto, que añade además que la vacunación de los profesores y PAS "puede resultar un estímulo para que actúen como agentes que faciliten una visión positiva de las vacunas entre el alumnado y sus familias".
En el ámbito de la formación universitaria y profesional, "la priorización puede no ser tan relevante", debido a que la protección puede obtenerse mediante la formación "online", digital o bimodal síncrona (salvo talleres o prácticas).
Población infantil
"Con la evidencia actual, la población infantil -en España hay 7 millones de menores de 14 años- no puede considerarse un grupo prioritario de vacunación en este momento" y, además, las vacunas que se autoricen posiblemente no dispondrán de resultados de utilización en ella.
Sin embargo, hay que tener en cuenta "algunas incertidumbres pendientes de aclararse", como su papel en la transmisión y los aspectos relativos a la seguridad y eficacia de la vacuna.
Adolescentes y jóvenes
Igualmente, los 7 millones de personas entre 15 y 29 años "no pueden considerarse un grupo prioritario de vacunación, aunque queda pendiente la disponibilidad de mayor conocimiento acerca de su papel en la transmisión y la seguridad y eficacia de la vacuna".
Adultos
Casi todas las recomendaciones concluyen que, en una situación de escasez de vacunas, sería uno de los últimos grupos a vacunar. En España hay 24 millones de personas entre 30 y 64 años.
Población de áreas de alta incidencia
En situaciones de transmisión comunitaria, la priorización de estas áreas "es dudosa y, posiblemente, el beneficio de la vacuna es mayor en otras indicaciones".
Podría valorarse, en circunstancias de transmisión muy baja y de escasez de vacunas, aplicarla en primer lugar en zonas focalizadas que tengan una transmisión elevada y problemas para su control o para el control de brotes complejos.
Embarazadas y lactantes
Su inclusión estará sujeta a la existencia de una vacuna autorizada para su uso en embarazadas.
Población con antecedentes de infección
Ante la poca información sobre aspectos como la posibilidad de reinfecciones o de respuesta inmune de memoria tras la infección, es "necesario reevaluar periódicamente la decisión de excluir o no de la vacunación a personas con antecedente de infección, que hayan tenido una prueba antigénica, PCR positiva o prueba de serología positiva, sobre todo en las personas priorizadas para vacunación por su condición de vulnerables".
En todo caso, según la evidencia disponible, la vacunación, además de ser segura, inducirá respuesta inmune en estas personas, pero este aspecto tiene que ser valorado por la Agencia Europea de Medicamentos.
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