La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Tarragona a 12 personas de una organización criminal que traficaba con personas colombianas a las que explotaban laboralmente en el sector hostelero. Así lo han indicado este viernes ambos cuerpos.

Las víctimas, que ascienden a 46 personas, emigraban desde Colombia con la promesa de un contrato de prácticas en locales de restauración. Se supone que cobrarían unos 500 euros por media jornada, pero en muchas ocasiones no percibían más de 20 euros por hasta 15 horas de trabajo diario.

La operación conjunta liberó a 18 personas durante la fase de investigación y a otras 28 tras la explotación del caso. Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, detención ilegal y falsedad documental.

La investigación, que comenzó en octubre, practicó una decena de entradas y registros en los que intervinieron más de 22.000 euros en efectivo, dos armas detonadoras, documentación de interés y material informático.

Los agentes de la Policía fueron informados de la existencia de personas colombianas que trabajaban en condiciones deplorables, con un horario laboral abusivo, sin contrato y sin documentación de estancia legal. La organización controlaba los alojamientos de las víctimas, que vivían hacinadas, con cámaras de vigilancia.

Los presuntos criminales facilitaban a las víctimas la documentación para viajar a España, desde visados, seguros médicos y tasas de abogados hasta trámites con el consulado o las administraciones colombianas. De este modo, contraían una deuda que dejaba a los trabajadores a merced de los líderes de la organización.

Antes de llegar a España, se les había asegurado un contrato de prácticas de un año a media jornada, con dos días semanales de descanso y vacaciones, además del sueldo de 500 euros al mes. Sin embargo, la realidad no se ajustaba a estas condiciones.

En numerosas ocasiones no contaban con descanso semanal, trabajaban jornadas de 12 a 15 horas y no tenían vacaciones. Además, las deducciones sobre el sueldo dejaban a las víctimas una mensualidad de apenas 20 euros.

La operación ha contado con más de 180 agentes de ambos cuerpos. El juzgado de instrucción encargado de la causa ha decretado prisión para tres de los 12 detenidos y el cierre de cuatro locales en los que explotaban a los trabajadores.