La imputación de cuatro directivos de Repsol Perú por el vertido de petróleo sobre las costas de la capital evoca antiguos contenciosos de las filiales de la multinacional española en Latinoamérica.

Disputas más o menos airadas que encuentran en Bolivia, país vecino, un claro antecedente. En concreto habría que remontarse a los estertores del verano de 2006 para toparnos con un litigio de similar envergadura.

Entonces fue una supuesta estafa en un contrato de venta de gas a la brasileña Petrobras lo que desencadenó la decisión de la Fiscalía boliviana de proceder al registro y confiscación de documentación en las oficinas de Andina, filial de la española Repsol.

La estafa, que habría supuesto pérdidas al Estado boliviano de 150 millones de euros, tal y como cuantificó en su día El País, derivó en la detención por orden judicial a Saúl Encinas Miranda, el síndico de la petrolera, de nacionalidad boliviana y que ejerce de auditor de cuentas y secretario del consejo de la empresa.

Antes, en marzo del mismo año, en el marco de la misma investigación, la Fiscalía detuvo al entonces presidente de Repsol en el país, Julio Gavito, y al gerente en jefe de operaciones, Pedro Sánchez, por presunto contrabando de crudo entre 2004 y 2005.

La denuncia y posterior investigación se explican en el contexto de la nacionalización de la filial de Repsol YPF decretada por el gobierno de Evo Morales en mayo de 2006. Hernán Camacho, directivo de Andina designado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como Andrés Soliz Rada, ministro de Hidrocarburos por aquel entonces, fueron los encargados de cursar sendas denuncias.