La Policía Nacional ha desarticulado una red que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad. El modus operandi de la estafa consistía en poner a disposición de personas que querían gestionar su baja en la lista de morosos de un número de teléfono de tarifación adicional. Una vez pagadas sus deudas, los interesados intentaban tramitar la gestión a través de este número que tenía un coste de 1,57 euros por minuto. 

La investigación se inició a finales de octubre de 2019, cuando se identificaron en España una serie de entramados empresariales dedicados a publicitar servicios fraudulentos de gestión de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los consumidores en los distintos ficheros de solvencia patrimonial y crédito, conocidos como ficheros de morosidad.

La organización se presentaba como intermediaria entre las personas declaradas morosas y ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros), entidad estatal oficial que ofrece estos servicios de manera gratuita. 

Para ello invertían alrededor de un millón y medio de euros en un su posicionamiento online, de tal forma que aparecían como primer resultado en un famoso buscador web, antes incluso que la página oficial de ASNEF.

La operación ha finalizado con 17 detenidos en Madrid, 12 cuentas bancarias bloqueadas y el cierre de seis páginas web. Se han identificado, además, un total de 140 víctimas en todo el territorio nacional. La organización contaba con un alto grado de tecnificación, lo que permitía contar con dos centros de operación: uno en España y otro en Colombia. 

La estructura de la organización criminal era claramente piramidal, los líderes formaban de manera exhaustiva a los integrantes, en un complejo entramado financiero-empresarial que imposibilitaba la mínima transparencia económica de la red. Para poder blanquear el dinero se utilizaban paraísos fiscales a los que llegaban numerosas transferencias internacionales. 

Cómo funcionaba la estafa

Para empezar, la víctima se ponía en contacto con el teléfono que ofrecía la organización criminal para gestionar su baja en los ficheros de morosidad. Más tarde era derivada otros números de teléfono de tarificación adicional para que continuara la tramitación de las gestiones que nunca terminaban con éxito. 

El sobrecoste por minuto se veía agravado por las estrategias del operador para alargar la llamada lo máximo posible. A pesar de que en España el tiempo máximo legal de duración de las llamadas de tarificación adicional no puede superar los 30 minutos, cortándose la llamada automáticamente transcurrido ese tiempo, la Policía Nacional ha identificado hasta cinco llamadas de tiempo máximo con un coste de 200 euros cada una.