Si hay un caso que apuntala el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas es el de la familia Barrenechea. En realidad, las desgracias no vinieron; las trajeron un marido maltratador, un banco que les dio una hipoteca en 2009 y luego vendió el crédito tras varios impagos y el fondo buitre que lo compró sin que nadie se enterase.

El resultado final está por ver, pero se encamina lenta y farragosamente hacia el desahucio de Ana (nombre ficticio), treintañera, divorciada tras denunciar a su exmarido por violencia de género, con tres hijos menores a cargo y un contrato a tiempo parcial en un comedor escolar por el que apenas ingresa 300 euros al mes. "Yo iba pagando hasta que me quedé sin trabajo y agoté las prestaciones, en 2011. Siempre pensé que mi exmarido se hacía cargo de la hipoteca desde que volvió a trabajar", relata a Público la afectada, a la que le ha costado sacudirse de encima la culpa por este calvario. "Yo no sabía que él no estaba pagando nada. A mí no me dejaba ni mirar la cartilla; si había que ir a comprar, era él quien me daba el dinero. El maltratador te anula completamente y, cuando te das cuenta, solo piensas en cómo has podido ser tonta", añade.

Sus padres se separaron hace años y, en 2018, cuando él quiso cobrar la parte correspondiente de su vivienda, en Madrid, descubrieron una historia de engaños, ocultación y violencia machista que ha estado a punto de costarles la casa familiar, rehipotecada para conseguir el crédito de la de Ana. Siempre pensaron que actuaban como avalistas, pero en realidad, los padres de Ana también figuraban como deudores. Todo eso lo supieron casi diez años después de supuestamente avalar a su hija, cuando comprobaron en el Registro de la Propiedad que sobre el inmueble recaía la deuda de su hija y su yerno.

"Ante un impago, el resultado sería el mismo que siendo avalista, responderían con sus bienes. Pero en el banco no se les explicó esto, lo que da una idea de la mala praxis bancaria de aquellos años", explica Aitor Portillo, abogado. "Tampoco se enteraron de que su crédito había sido traspasado a un tercero, a un fondo de inversión. Es una práctica muy común, igual que su desconocimiento por los deudores. Siempre se venden deudas de difícil o dudoso cobro en pack y a precios muy bajos como vía para deshacerse de activos tóxicos. Es algo legal, aunque moralmente cuestionable y complica el proceso mucho más", añade el letrado, que pelea para logar una solución y que pudo llegar un acuerdo para evitar el embargo de la casa de los padres de Ana.

En esa casa viven su madre, de 75 años y enferma de cáncer, y tres de sus hermanos. Una de ellos es Mónica, propietaria del 33% del inmueble, que no dudó en echarse la familia a la espalda para salvar ambas viviendas. De momento, solo ha podido mantener la de su madre, aunque a un alto precio: "He tenido que pedir un crédito y un préstamo a un amigo. 96.000 euros en total para que mi madre pueda seguir viviendo en su casa, que está pagada desde hace décadas. Pero no he conseguido mantener la de mi hermana Ana", relata a Público.

Todavía no hay fecha para el desahucio de Ana y sus tres hijos y, aunque cueste creerlo, Mónica quiere pensar que eso da esperanzas, que es "tiempo para intentar negociar". El problema es con quién hacerlo, porque Prosil Acquisition S.A. —el fondo de inversión con sede el Luxemburgo que compró una cartera de créditos hipotecarios a la extinta Caixanova en 2017, entre ellos, el de Ana y su familia— ha delegado durante estos años hasta en tres gestoras de activos diferentes el caso.

Nunca ha sido fácil contactar con ellos y menos aún negociar una solución. Ahora, la cerrazón es tal que ha decidido denunciarlo públicamente y pedir apoyo al colectivo vecinal Resistiremos, que ya prepara acciones junto a otros grupos por el derecho a la vivienda de Madrid. "Está claro que solos ya no podemos, no tenemos tanta fuerza, no les importamos", reconoce Mónica.

"La primera gestora [Aktua Soluciones Financieras S.L], ni siquiera nos quiso recibir. Tuvimos que agarrarnos a las barandillas de sus oficinas para que no nos echaran los guardias de seguridad", recuerda Mónica. Ahora siguen lidiando con HipoGes, que está decida a llegar hasta el final del camino: ejecución del crédito hipotecario, salida a subasta de la casa de Ana y desahucio de la familia. "Inicialmente, acordamos liberar las dos viviendas por 120.000 euros, pero después aumentaron la cantidad a más de 170.000", afirma. "Yo no podía conseguir más dinero. Lloré a todos los bancos que pude para que mi hermana y mi madre enferma no se quedaran en la calle", explica la mujer, supervisora en un laboratorio farmacéutico. "Me llegué a plantear recurrir a prestamistas. Si no me disuade mi abogado no sé qué habría pasado ahora", asegura.

Avisos escondidos en los muebles

Había mucho asimilar. Demasiado para cualquiera, pero especialmente para la única de los cinco hermanos que no estaba en ese momento en paro, la única que podía hacer algo. El estrés se convirtió en ansiedad, la ansiedad en depresión y la depresión en baja laboral. "Más de un año estuve sin trabajar y sigo en tratamiento. No era solo el problema de las casas, también estaba el maltrato que sufrieron en silencio durante años mis sobrinos y mi hermana. Nunca sospechamos nada, nunca nos dijeron nada por miedo a que les pegara mi excuñado. Con esa culpabilidad vivo todavía, no haberme dado cuenta de nada", relata.

Su desconocimiento era tal que incluso ofreció dinero y respaldo para que su excuñado pidiera un crédito que evitara los embargos cuando los impagos salieron a la luz. "Le ofrecí todo, mi contrato, mi nómina... Pero nunca hizo nada. Ahora sé la razón", dice. Durante aquellos meses, explica Ana, la violencia fue aumentando hasta que ya no pudo aguantar más. Denunció a su marido después de la última paliza y ahora espera a que se celebre el juicio penal. Él tiene una orden de alejamiento y la obligación de pasar una pensión de 500 euros al mes para la manutención de los hijos, a los que tampoco le está permitido ver, pero el dinero no suele llegar, lamenta Ana.

"Le da igual que sus hijos se queden sin casa", resume la víctima. Lo supo cuando, tras la denuncia, empezaron a aparecer las cartas del banco que reclamaban las cuotas de la hipoteca. "Salían de detrás de los muebles y del fondo de los cajones. Me las ocultó durante años, mientras yo limpiaba casas para poder pagar la luz y el agua", lamenta. "No sé qué va a pasar, pero queremos una solución. Necesitamos vivir en esta casa y hemos demostrado que tenemos intención de pagar, que queremos hacernos cargo de la situación, pero de una forma que podamos", pide.

Portillo, su abogado, insiste en que Ana y sus hijos "están reconocidos por el organismo competente como familia en riesgo de vulnerabilidad", un extremo que incluso ha sido comunicado a HipoGes por el juzgado. "El desahucio, si se produce, tardará todavía. Y ellos insisten en que quieren liquidar la deuda de alguna forma", explica. Por eso, como opción más conveniente para todas las partes, han propuesto que la familia siga en la casa a cambio de un alquiler que se ajuste a la situación, "pero no han dado una respuesta que indique un posible acuerdo hasta la fecha", afirma el letrado. Público ha intentado contactar telefónicamente con HipoGes, pero no ha sido posible. Ni a Mónica ni a Ana les extraña. "No es nada fácil contactar con ellos", apostilla la hermana mayor.