El pasado miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, dotado con 100 millones de euros. Las acciones en este ámbito se hacen necesarias, pues el diagnóstico de trastornos mentales ha aumentado considerablemente desde el inicio de la emergencia sanitaria del coronavirus. Durante el confinamiento, el 46% de la población española manifestó un aumento del malestar psicológico, y un 44% señalaba que había disminuido su optimismo y confianza, según un informe de la Confederación de Salud Mental. Sumado a esto, en 2020 el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, alcanzando un máximo histórico.

Sin embargo, resulta aún más complejo aproximarse a la realidad del tratamiento de los trastornos mentales, especialmente en lo que respecta a los ingresos psiquiátricos. Apenas existen publicaciones institucionales al respecto y la mayoría están desactualizadas. Los últimos datos registrados relativos a las hospitalizaciones en las unidades de salud mental de la Comunidad de Madrid muestran que al 57% de los pacientes se les atribuye un trastorno mental grave (TMG), siendo los trastornos psicóticos y los trastornos del estado de ánimo los que representan el mayor porcentaje de ingresos.

Escuchar las historias de los propios pacientes de estas unidades de hospitalización psiquiátrica se ha convertido en una de las pocas formas de conocer más sobre ellas. El caso de Andreas Fernández, una joven que falleció en 2017 tras una negligencia médica en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, conmocionó a la sociedad española. Fernández murió por una meningitis que no fue diagnosticada, y, en su lugar, estuvo atada durante 75 horas durante su ingreso. "En ningún momento se le hizo ninguna prueba para tratar esa infección orgánica; se consideró que era una patología psiquiátrica producto de la ansiedad", denunció su hermana Aitana posteriormente. "El caso de mi hermana es muy triste porque los psiquiatras la estigmatizaron por tener una madre con esquizofrenia". En esta línea, el colectivo de activistas por la salud mental Orgullo Loco Madrid, ha conseguido recabar más de 70 testimonios de personas que denuncian haber sufrido violencia psiquiátrica. A pesar de tratarse de pacientes de diferentes puntos del Estado, todos comparten historias similares y denuncian las prácticas llevadas a cabo por profesionales de salud mental en estos centros.

Ingresos involuntarios, vigilancia constante y malos tratos en las unidades psiquiátricas

A Sandro (57 años) aún le cuesta verbalizar que fue atado durante 10 horas a una cama de la unidad psiquiátrica en el Hospital Universitario de Navarra. "Me agarraron por cinco puntos: tobillos, muñecas y abdomen. Yo pensé que me quedaba allí. Gritaba pero nadie venía. Nadie entró en ese tiempo y hasta me hice mis necesidades encima. Eso no es nada terapéutico", recuerda. Sandro ingresó en la unidad de agudos de forma voluntaria y por recomendación de su psiquiatra, en el marco de una depresión. El día que le contuvieron, cuenta que se debió a que quiso sentarse en el suelo a leer bajo un pequeño rayo de sol, ya que todas las sillas de la sala estaban ocupadas. "La auxiliar vino corriendo y me dijo que levantara mi puto culo del suelo, que para eso estaban las sillas. Yo respondí que mi puto culo no iba a romper la baldosa. Después me ataron". Han pasado doce años desde entonces, pero cuenta que el dolor de la experiencia perdurará toda su vida.

"Mi ingreso fue traumático desde el primer momento. Era más una cárcel que un hospital. Desde que entré sabía que no me iba a poner mejor, había un trato inhumano a todos los ingresados. Todo estaba cerrado con llave, todos estaban como ausentes, no puedes recibir visitas...", recuerda. "El mismo día que entré empezaron a medicarme. El primer impacto físico que recibí fue el de una enfermera metiéndome un dedo en la boca para ver si me había tragado la pastilla que me habían dado".

Amaike (29 años) permaneció hasta 42 días ingresada en psiquiatría del Centre Fòrum en el Parc de Salut Mar (Barcelona) en abril de 2020. Acudió a urgencias tras un intento de suicidio y después de una evaluación que apenas duró 15 minutos, decidieron ingresarla en contra de su voluntad. "Me pusieron la tablet delante con un juez y un médico forense, en ningún momento se me dijo que tenía derecho a un abogado y el único comentario que escuché fue el del médico diciéndome que era muy jovencita para hacer esas tonterías y que dejara de hacerlas. Después dijeron: Pasa la tablet al siguiente paciente. No podía ser en serio".

No era su primer ingreso, ni sería el último. Ya había entrado en octubre de 2019 y, por última vez, en abril de 2022, hasta el presente. En este período de tiempo describe y denuncia todo tipo de lo que señala como malas praxis y vulneraciones de derechos en la unidad: negligencias y desatención médica -Amaike asegura que permaneció horas con una urticaria causada por los efectos de la medicación hasta que se le extendió a la garganta-, amenazas a los pacientes, abuso de contenciones mecánicas, sobremedicación y, en su caso, una sucesión de diagnósticos erróneos y contradictorios. A esto se le suma, señala además, una presunta falsificación de los registros sanitarios. "Una noche me hicieron dormir en el suelo de la sala de estar porque habían atado a mi compañera a la cama y en el registro pusieron que yo había dormido aquí porque había querido", cuenta.

Según dice, en su último ingreso, antes de entrar a planta, estuvo una semana en urgencias psiquiátricas, encerrada en una habitación sin poder ducharse, lavarse los dientes ni cambiarse de ropa. Cuenta que, a pesar de estar encerrada y vigilada, una noche se despertó cubierta de sangre. No lo recordaba, pero creía haberse autolesionado y el personal no lo había impedido. "La idea de que aquí nos ayudan es una de las grandes mentiras de la salud mental. Esta idea ayuda a tapar atrocidades", denuncia. "La gente no puede vivir sin saber lo que se vive aquí dentro, aquí se cometen barbaridades bajo la excusa de que es lo mejor para nosotros. Pero como está ese estigma y tú siempre vas a ser la loca, nadie te cree".

Beatriz Pérez (apellido pseudónimo para preservar el anonimato), de 22 años, cumplió los 18 ingresada en la unidad de psiquiatría general del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en la Comunidad de Madrid. La primera vez que entró allí fue a los 14, por un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria (TCA) en el que mostraba también conductas autolesivas y depresión. Ahora reconoce que aún no ha podido procesar todo lo vivido. Entre 2015 y 2018, Pérez tuvo hasta cinco ingresos en la misma unidad de hospitalización en el Hospital Niño Jesús y desde 2019, tras cumplir la mayoría de edad, estuvo dos años en la clínica ITA (Institut de Trastorns Alimentaris) de Alcalá de Henares. "Nunca me decían cuándo me iban a ingresar, lo hacían en contra de mi voluntad, tenían que llevarme a rastras. Nunca me informaban de lo que me pasaba ni de lo que me iban a hacer, solo lo hablaban con mis padres", explica a Público.

Las personas entrevistadas a lo largo de este reportaje coinciden en señalar como patrón común los ingresos involuntarios en las plantas de psiquiatría. Una pauta que también denuncia la periodista Azahara Pérez (de 30 años), que vivió hasta tres ingresos involuntarios (de un total de cinco) en el año 2018 por ideación autolítica en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Móstoles. "Fui a que me mandaran algo y acabé ingresada allí, para mí fue traumático. Los ingresos son la peor experiencia que he tenido en mi vida, sales peor de lo que entras. Son un castigo", cuenta.

El ingreso en una unidad psiquiátrica sigue siempre un proceso similar. Tras la llegada del paciente, este es separado de su familia o acompañantes, atraviesa una puerta blindada de seguridad y posteriormente se le retiran la ropa y todas las pertenencias personales -incluyendo cordones, piercings, collares y otros accesorios-, y se le realiza un reconocimiento médico. "Te dejan en ropa interior, e igual puedes pasar algún libro, pero tiene que ser de un contenido que el personal médico apruebe. Después te ponen un pijama diferente al resto de pacientes del hospital, o sea que ya de entrada te están marcando", asegura Azahara. Una vez dentro, las pacientes cuentan que son vigiladas 24 horas al día, tanto en el baño como en la ducha y con una cámara enfrente de cada cama. "Podían entrar a verme cuando quisieran y a veces me hacían bajarme hasta las bragas", denuncia Pérez.

Una situación que también resalta Alicia (de 30 años), ingresada dos veces en el Hospital Universitario de Getafe (entre 2013 y 2014) y cuatro veces en el Universitario de Móstoles (entre 2015 y 2017), también por un TCA. "Tenía que ir al baño siempre delante de una enfermera y cuando no había ninguna tenía que ir delante de un celador", declara. "Cuando sales de la habitación para que te tomen las constantes, registran las habitaciones, tocando objetos personales tuyos, tu ropa interior, tus cosas...", manifiesta.

De acuerdo con las entrevistadas, las habitaciones donde ingresaban se asignaban de forma arbitraria, y a menudo coincidían con personas con casos totalmente diferentes. "A mí me afectó mucho ver a gente con brotes heavies o dormir con gente que se autolesionase en mi habitación", expresa Pérez. En el día a día de las pacientes en la unidad de psiquiatría recuerdan no poder moverse apenas de su habitación ni hacer nada más aparte de "dar vueltas por los pasillos", como expresa Pérez. No había televisión, no tenían acceso a sus teléfonos móviles y no disponían de más entretenimiento que alguna revista o pasatiempo. "Me lo quitaron todo, incluso mis cuadernos para dibujar, solo podía escribir en el cuaderno del psiquiatra, que luego leía todo dios y cada vez me contestaba uno distinto. No me dejaban estar con mi cabeza a solas", declara Pérez. "No podía moverme de la cama y dormía por aburrimiento. Era mirar al techo 24 horas. Por las noches intentaba pedir alguna pastilla porque no podía dormir de no hacer nada y me ignoraban", comenta Alicia.

Además, aseguran que no podían recibir visitas de sus familiares y cuentan que el personal del hospital les impedía relacionarse con otros ingresados. "Intentaban que no nos juntásemos entre nosotros y evitaban que guardásemos cualquier contacto después del ingreso. Allí todo el mundo estaba sobremedicado, como dormidos. No podías mantener una conversación con nadie", declara Azahara.

Aunque les hicieran pruebas de reconocimiento y control sanitario, algunas de las entrevistadas cuentan que no recibían un seguimiento efectivo por parte de los profesionales de salud mental. "No teníamos contacto con ningún psicólogo dentro. Yo hablaba con el psiquiatra por escrito, e igual le escribía tres hojas y me respondía con una frase que no tenía nada que ver. No es que estuvieras allí y te hicieran terapia, era: Te dejamos ahí y ya te pasamos a tomar la tensión cada dos horas'', explica. Por su parte, Alicia explica que temía hablar con su especialista en el Hospital de Getafe. "La forma de tratarme del psiquiatra era muy dura; cada vez que me decían que tenía consulta o simplemente verle pasar, para mí era terror. Sabía que iba a salir hecha polvo, cuando ellos están para ayudarte", reconoce la joven. "A mí me han llegado a decir que no me quiero curar, que supongo un gasto para la seguridad social, o que estoy arruinándole la vida a mi madre".

Las amenazas y las contenciones mecánicas, de acuerdo con las pacientes entrevistadas, también resultaban habituales. "A mí nunca me han atado, pero me amenazaban continuamente con atarme si no hacía lo que me pedían. Por ejemplo, después de comer tenías que guardar un reposo de dos horas sin moverte y me regañaban si movía el pie porque no podía quemar ni una caloría", explica Pérez, sobre su experiencia en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. "Luego, en otros sitios comunes, como el comedor o la sala de estar, veías que a otras personas también las retenían a la mínima y se las llevaban a otra habitación, la habitación de las contenciones, donde era imposible saber qué pasaba".

Algo que Azahara asegura también haber vivido en las unidades del Hospital Universitario de Móstoles: "El protocolo es cállate; y, si te portas mal, te atan, te contienen y así igual puedes estar meses sin ver la luz", denuncia. La Sociedad Española de Psiquiatría afirma sobre las buenas prácticas relacionadas a la contención para personas con trastorno mental en estado de agitación, que, a pesar de que éstas "tratan de evitarse por el sufrimiento que implican tanto para las personas con enfermedad mental como para los familiares y profesionales", también "las manifestaciones clínicas de algunos trastornos mentales ocasionalmente requieren de estas medidas".

Sandro, que forma parte de la Asociación Mejorana por la salud mental, denuncia que estas vulneraciones de derechos en las plantas de psiquiatría son generalizadas en todo el Estado. "Por eso somos unas 23 asociaciones en todo el territorio, formadas por personas con diversidad mental, que estamos en contacto, nos unimos y organizamos encuentros", explica. "En Mejorana hemos logrado algunas cosas, nos gustaría lograr más. Nuestra lucha más grande es contra las contenciones mecánicas. La Organización Mundial de la Salud las considera violencia. Nosotros hemos logrado que en Navarra exista un registro de contenciones público y sabemos que, por ejemplo, durante la crisis sanitaria estas aumentaron un 6%".

Todos los centros de la Comunidad de Madrid que aparecen en este reportaje han sido consultados por este medio sobre las prácticas llevadas a cabo en sus unidades de psiquiatría, recibiendo en su lugar únicamente una respuesta unitaria: las declaraciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dice que "la atención que se proporciona a los pacientes, tanto pediátricos como adultos, en las unidades de hospitalización psiquiátrica se ajusta en todo momento a los protocolos clínicos y a la evidencia científica disponible en el ámbito de la Psiquiatría y Salud Mental, siempre con el objetivo de lograr la mejor recuperación posible de cada uno de ellos".

Consultado por este diario, el Centre Fòrum en Catalunya ha destacado diversas cuestiones relativas al papel del personal médico, resaltando que, en todo caso, lo importante es la experiencia del paciente. "Nuestra prioridad es cumplir al máximo los derechos humanos de los enfermos. Tenemos una gran responsabilidad sobre todo cuando se trata de casos como personas con ideas suicidas o con abuso de tóxicos, que pueden hacerse daño a sí mismos o a su entorno. Nuestra obligación es proteger la vida", ha explicado el doctor Víctor Pérez, psiquiatra y uno de los directivos del centro. El doctor confirma que medidas como los ingresos involuntarios -aprobados previamente por un juez bajo el criterio de un médico forense-, la restricción de visitas e incluso las contenciones mecánicas son consideradas necesarias por el personal médico en los casos de mayor gravedad. "Nuestra prioridad desde hace ocho años es reducir las contenciones, que son prácticas que van contra la voluntad del paciente e implican muchas complicaciones. Ningún profesional lo pasa bien teniendo que contener o ingresar a nadie". En este sentido, asegura que únicamente se informa de la medicación suministrada a aquellos pacientes "con conciencia de enfermedad". En la actualidad, el centro integra varios registros de actuaciones y control donde se supervisan las prácticas llevadas a cabo. Como acciones de mejora, proponen una mayor promoción de las unidades de hospitalización abiertas y potenciar alternativas como el ingreso domiciliario.

Mientras, en respuesta a Público, el ministerio de Sanidad destaca en qué casos la ley establece que una persona puede ser tratada en contra su voluntad en el marco de la atención en salud mental, recogida en el capítulo segundo, artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina: "La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para la salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan los procedimientos de supervisión y control", citando también el art. 8 relativo a las situaciones de urgencia como aquellas en las que "debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el consentimiento adecuado, podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico en favor de la salud de la persona afectada".

Sanidad también recuerda que cada comunidad o ciudad autónoma desarrolla sus propios protocolos de funcionamiento para las unidades de hospitalización psiquiátrica, donde también se desarrollan las prácticas llevadas a cabo y cómo se realizará el registro de las mismas. "Así, si se pauta un aislamiento, contención mecánica, quedará registrado al igual que el resto de actividades desarrolladas dentro de la unidad", explican fuentes ministeriales a este diario. Las comunidades autónomas tienen establecidos sus propios registros donde se pueden consultar datos de funcionamiento de las unidades de hospitalización psiquiátrica, pero los datos registrados son variables y no uniformes entre las mismas. Respecto a los protocolos y guías previstos a nivel estatal señalados, cabe destacar que estos se remontan a hace casi 20 años: 2003 en el caso del Proyecto GuíaSalud del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; y a 2006, con relación al Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud.

Público también ha intentado recabar las declaraciones del Hospital Universitario de Navarra sin éxito. Este medio también se ha puesto en contacto con las consejerías autonómicas de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Catalunya y Navarra sin recibir respuesta en el momento de publicar este reportaje.

Sobremedicación, medicación forzada y riesgo de exclusión social

Recientemente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas certificó por segundo año consecutivo que España es el mayor consumidor de tranquilizantes del mundo. Según el estudio más reciente publicado por el Ministerio de Sanidad, en España el 34,3% de las mujeres y el 17,8% de los hombres de 40 años o más ha adquirido al menos un envase de antidepresivo, ansiolítico o hipnótico y sedante en un año. Los fármacos más utilizados son los antidepresivos (98,8 DHD -dosis diarias definidas por mil personas y día- en ambos sexos; 40,3 en mujeres y 52,8 en hombres); los ansiolíticos (64,5 en ambos sexos, 83,5 en mujeres y 43,4 en hombres), y los hipnóticos y sedantes (40,2 en ambos sexos, 52,2 en mujeres y 26,9 en hombres).

"En torno al 81% de psicofármacos en España son recetados por médicos de cabecera, unos profesionales que no están especializados en el área de salud mental y tampoco realizan un seguimiento efectivo", explica el psicólogo y divulgador Pablo Sánchez-Crespo. El consumo de psicofármacos tiene un patrón común: es mayor en mujeres, se incrementa con la edad, se observa gradiente social -lo que quiere decir que cuanto menos favorables sean las circunstancias socioeconómicas de una persona, más probabilidad tendrá de consumirlos-, y es mayor la dispensación conforme menor es el tamaño del municipio, con independencia de la edad. "La mayor parte de las personas psiquiatrizadas somos mujeres, de la misma forma que existen estudios que demuestran que las personas negras y las personas pobres tienen más posibilidad de ser psiquiatrizadas. Cuanto más opresiones tengas, más oportunidades tendrás de sufrir violencia psiquiátrica", denuncia Fátima Masoud, activista de Orgullo Loco. "En el modelo biomédico actual se patologiza todo lo que se sale de la norma, necesitamos un cambio de paradigma sobre lo que es la locura y lo que es el sufrimiento psíquico".

En este sentido, las pacientes entrevistadas también denuncian que el abuso de psicofármacos y la medicación forzada es una de las prácticas más reiteradas en las unidades de hospitalización. Azahara Pérez dice haber recibido hasta 15 tipos de medicación distinta en un período de ocho años para tratar el trastorno de anorexia nerviosa purgativa y el trastorno bipolar. "Cuando tienes una enfermedad mental, medicarse no es una elección ni una decisión propia como la que puedes tener cuando tienes enfermedades físicas. En psiquiatría no hay ese espacio entre iguales, no tienes elección. Te hacen ver que eres un peligro", explica. "A mí me llegaron a inyectar la medicación porque no creían que me la hubiera tomado. Si tú te rebelas y no quieres tomar la medicación, te van a contener y te producen un miedo que te hace culpabilizarte si no te la tomas y empeoras", dice. "Tú no tienes poder de decisión sobre tu medicación más allá de lo que tu psiquiatra quiera. En mi ingreso involuntario la psiquiatra me daba lo que quería sin siquiera informarme de qué me estaba dando", cuenta Amaike.

El resto de pacientes entrevistadas también niegan haber sido informadas de la medicación que se les suministraba y las razones que la justificaban. "No me decían lo que me daban porque estaba drogada. Una vez me dieron un antipsicótico pero yo nunca he tenido ataques de histeria ni nada, yo nunca he tenido intentos autolíticos ni autolesiones. Me decían: Toma, para que estés tranquila. Pero yo no estaba nerviosa", cuenta Alicia. De la misma forma que no eran informadas del tipo de fármacos que consumían, aseguran que tampoco se les indicaban sus efectos secundarios: "Para mí ha sido un antes y un después. Ahora tengo una concentración nula, mantener un discurso fluido me cuesta muchísimo, el cerebro me va a otro ritmo... No rendir te genera un nivel de frustración que te hace estar peor y al final te cronifican", expone Azahara. Ninguna de las personas que ha participado contando su experiencia en este reportaje ha denunciado las situaciones que ha vivido.

De acuerdo con el psicólogo Sánchez-Crespo, mantener el tratamiento con psicofármacos a largo plazo es contraproducente para el paciente porque puede fomentar que el trastorno en cuestión se cronifique, además de los efectos secundarios que estos provocan y de los que, a menudo, no se informa. "La mayoría de antidepresivos producen, paradójicamente, un incremento de pensamiento y conductas suicidas, alteraciones del sueño de todo tipo, alteraciones de líbido, pérdida de apetito... Y, a nivel médico: taquicardias, problemas de tensión, diferentes tipos de cardiopatía...", explica. "Con los ansiolíticos, el problema de la cronificación es total, pues se ha demostrado unos niveles altos de dependencia a menos de un mes de tratamiento. Los tratamientos con ansiolíticos superiores a tres meses conllevan problemas de adicción importantes".

La sobremedicación constituye una de las problemáticas más señaladas con respecto a los tratamientos de los trastornos mentales, especialmente en población en riesgo de exclusión social como la población reclusa. Según datos ofrecidos por el colectivo de Famílies de Presos a Catalunya, al menos un cuarto de la población en privación de libertad presenta patologías psiquiátricas, el 12% de los presos se encuentran en tratamiento psiquiátrico y al menos el 31% consume psicofármacos. En Catalunya sólo hay una unidad de hospitalización psiquiátrica -en el centro Brians 1 (Barcelona)- para más de 8.000 presos en la comunidad autónoma. En este sentido, los familiares de los presos catalanes denuncian la utilización de la medicación forzada, el régimen especial y la utilización de tásers y contenciones mecánicas para "controlar a los presos". "No reciben seguimiento, no hay ninguna cárcel que tenga unidad de psiquiatría. Les dan la medicación para que estén controlados y no molesten", manifiestan desde Families de Presos a Catalunya. "Más de la mitad de los suicidios en las cárceles son por desatención sanitaria y por la medicación que les dan, hay personas que han muerto en la cárcel por contenciones mecánicas". Todos los casos señalados por el colectivo han sido denunciados ante la plataforma Sirecovi contra la Tortura y la Violencia Institucional.

Desinformación y deshumanización: obstáculos y retos pendientes en la atención a la salud mental

El término "enfermedades mentales" estructura una imagen errónea en el imaginario colectivo en torno a los trastornos mentales, de acuerdo con el psicólogo Sánchez-Crespo. "De ninguna manera se puede considerar que un trastorno mental sea una enfermedad, por lo que no podemos hablar de curar trastornos mentales. Ni la bioquímica ni la neurobiología han conseguido aún asociar ni un solo marcador biológico a los trastornos mentales, a diferencia de las enfermedades cerebrales como el alzhéimer o el párkinson, que sí tienen marcadores biológicos", explica.

De acuerdo con Sánchez-Crespo, en los ámbitos de intervención en salud mental, el diagnóstico de trastornos mentales -que se realiza con referencia al Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5)- alberga criterios de categorización arbitrarios que son interpretados por cada psiquiatra de forma subjetiva, por lo que no se integran marcadores biológicos en esta valoración. Sin embargo, a cada diagnóstico le corresponde un código numérico que, a su vez, le corresponde una medicación determinada. "Ni siquiera este manual ni ningún otro de medicina, psiquiatría o farmacia utiliza el término enfermedad mental, por lo que decir que un trastorno no tiene cura es muy peligroso, porque construye una subjetividad condicionante que puede motivar su cronificación", explica.

La fiscalización de las actuaciones en materia de intervención en salud mental y la puesta en práctica de mecanismos destinados a preservar los derechos de los pacientes ingresados aún suponen un reto pendiente en España. En este sentido, el pasado septiembre, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presentó en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley General de Salud Mental, con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud mental a todas las personas y regular una atención sanitaria y social de calidad sin discriminación, así como establecer las actuaciones de los poderes públicos respetando los derechos humanos.

En realidad, el problema principal reside en la falta de medios que ejecuten el cumplimiento de los mismos. "Muchas cosas fallan en el sistema de salud mental, desde la prevención hasta la atención primaria. Hay una falta absoluta de organismos para garantizar que se cumplan los derechos de las personas ingresadas", explica Sánchez-Crespo. En este sentido, organizaciones y activistas en salud mental como Orgullo Loco Madrid resaltan la necesidad de visibilizar las presuntas situaciones de violencia psiquiátrica de forma colectiva a través de campañas y convocatorias, como la del próximo 28 de mayo. "Es necesario romper la barrera del silencio y la opacidad para que estas situaciones se visibilicen, lo que no se conoce es imposible cambiarlo", explica Masoud.

Para las pacientes, otro de los retos prioritarios es la humanización de la atención sanitaria y el respeto a la propia autonomía del paciente, un principio básico regulado en España. "Allí pierdes toda la humanidad, la identidad y personalidad que puedes tener y te tratan como si estuvieras loca, cuando hasta me he sacado una carrera... Yo salí de esto cuando empecé a estar en otros ambientes donde la gente no me hablaba de comida o de estar enferma", manifiesta Alicia. "Te anulan y te patologizan, a mí me han impedido buscar trabajo para estar en un centro de día, y eso no me va a dar de comer. No puedo tirarme seis meses haciendo manualidades. Te hacen ser dependiente todo el rato y no te facilitan dejar de serlo", cuenta la joven.