La ONG Women's Link Worldwide ha denunciado a España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por el caso Gladys John, una mujer nigeriana embarazada que fue internada en el CIE de Aluche en 2010 y expulsada del país, pese a que varias organizaciones la identificaron como presunta víctima de trata, una condición que da derecho a recibir asilo en nuestro país.

La denuncia supone la primera vez que un caso de trata llega al Comité contra la Tortura. Según argumenta la organización, Gladys fue expulsada “sin garantías” y “sin analizar el riesgo que corría su vida”.

Según explica la abogada de la ONG, Teresa Fernández Paredes, a Público, Gladys llevaba tres años siendo explotada en España y aún no había terminado de pagar su “deuda” a los tratantes (el dinero que deben pagar para comprar su libertad). Fue detenida por las autoridades al solicitar un permiso de arraigo para poder permanecer en nuestro país y enviada al Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche pese a estar embarazada y denunciar, con nombres y apellidos, a los integrantes de la red que la explotaba.

Gladys pidió asilo y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) detectó indicios de que había sido víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Otra organización especializada en apoyo a mujeres víctimas de trata también visitó a Gladys en el CIE y consideró fundado el temor a volver a su país. La organización mandó un informe a la Oficina de Asilo y Refugio de España para que tuviera en cuenta estas consideraciones a la hora de decidir sobre la solicitud de asilo, que finalmente fue denegada.

“Los funcionarios públicos españoles no cumplieron con su deber de investigar las denuncias que presentó la víctima, lo que les convierte en cómplices de la tortura que sufrió Gladys. A día de hoy no sabemos si Gladys está viva o muerta. Ella confió en el Estado, y el Estado le falló”, señala Fernández, que advierte de que no es un caso aislado.

“Hay muchas deficiencias en la identificación de las víctimas de trata porque aquí existe un enfoque de control migratorio que pone los derechos de las víctimas en segundo plano”, afirma. “Además hay muchos estereotipos de género. Se piensa que las mujeres se inventan estas historias para poder quedarse en el país”, prosigue.

El Comité contra la Tortura de la ONU es el organismo encargado de velar que se cumple la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, que España ratificó en 1987.

“Hay una serie de delitos, como la tortura, que son tan graves que tienen un nivel de exigencia mayor. Si se acepta supondría una condena a España reconociendo que viola los derechos humanos y un precedente importante para el resto de países firmantes”, señala Fernández. “El Comité tiene ahora una oportunidad histórica de vincular la trata como casos de tortura”.

El año pasado la Policía desarticuló 42 redes de trata en España y detuvo a unas 471 personas por este delito. Cerca de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata en nuestro país, 14.000 de ellas con fines de explotación sexual. La mayor parte de Rumanía, Nigeria y Bulgaria, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2015.