La crisis del derecho a la vivienda continúa; y se está cebando de manera especial en las mujeres. Un informe publicado este martes por Amnistía Internacional advierte de que madres solteras, mujeres a cargo de otras personas, mujeres inmigrantes, mujeres con discapacidad y víctimas de la violencia de género son especialmente vulnerables a los desahucios en un país, recuerda, con “la peor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos” de toda la OCDE.

“Cientos de miles de familias se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la privación material, que afectan especialmente a las mujeres”, denuncia.

La información pública sobre desahucios en España sólo aporta datos del número de inmuebles (34.193 viviendas en alquiler y 26.397 desalojos hipotecarios sólo en 2016) y no del número de personas afectadas, ni de sus características sociales. Por tanto, no es sencillo conocer con exactitud cuántas mujeres, hombres o menores han sido desahuciados. No obstante, los datos sobre pobreza y vivienda en nuestro país arrojan algo de luz sobre la enorme situación de desigualdad en el acceso a este derecho humano.

Por ejemplo, el índice medio de exposición a la pobreza es hasta 15 puntos más alto en el caso de las familias monoparantales (37,5%) y éstas, en un 83% de los casos, están encabezadas por mujeres. Además, el porcentaje de familias monoparentales que vive en viviendas de alquiler (28,1%) es casi el doble que el de las familias medias (15,6%) y es en los arrendamientos donde se producen la mayoría de los desahucios.

A todo esto hay que sumarle que hombres y mujeres no tienen un igual acceso a los ingresos. No sólo hay menos mujeres trabajando y con salarios más bajos, sino que el paro les afecta más. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa ya dan una idea de la enorme brecha laboral: entre enero y marzo, dos tercios de los 69.800 puestos de trabajo que se perdieron fueron de mujeres.

“La falta de evaluación de la proporcionalidad en caso de desahucio tiene efectos especialmente perjudiciales para las mujeres, que constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar”, señala el informe. Amnistía denuncia que la Ley de Enjuiciamiento Civil no da a los jueces los medios para saber en qué grado de vulnerabilidad se encuentra la persona que va a ser desahuciada.

La organización ha examinado más detenidamente los casos de la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona, donde se concentran el 34% de todos los desahucios de viviendas de alquiler en España.

En el caso de Madrid, donde la ley reconoce a las víctimas de la violencia machista como un grupo prioritario para el acceso de ayudas a la vivienda, Amnistía Internacional denuncia que en la práctica "la mayoría de las víctimas no consigue el apoyo necesario”, dado que la Comunidad exige a las mujeres que aporten una sentencia condenatoria o una orden de protección como prueba.

“Además, debido a que el parque de vivienda pública es en gran medida insuficiente, incluso las víctimas de violencia de género que han conseguido una orden de protección pueden tener que esperar mucho tiempo, hasta el punto de que lo que se suponía que era una medida de protección resulta ser una promesa vacía”, denuncia.

Aunque en Catalunya no existe este requisito, la organización denuncia que allí no están funcionando adecuadamente los protocolos aprobados en 2013 para que los juzgados informar a los servicios sociales cuando reciban una demanda de desahucio que afecte, entre otras, a personas menores de edad, personas mayores, con discapacidad o con problemas de salud mental.

En el caso de la ciudad de Madrid, la organización de derechos humanos denuncia también en su informe la situación actual de los vecinos de las 4.800 viviendas sociales que la Comunidad y el Ayuntamiento vendieron a sociedades de inversión entre 2011 y 2013.

“Las nuevas empresas arrendadoras han desahuciado a personas que no podían seguir pagando sus alquileres supuestamente sociales, y lo han hecho en un contexto de desinformación, miedo y estigmatización”, señala.